Ley de amnistía o jaque mate al régimen monárquico

Desde hace varias semanas vengo repitiendo en twitter este mensaje: se puede vislumbrar el interés del Gobierno en la promulgación de una ley de amnistía para los actos y decisiones políticas que tomaron durante el Estado de Alarma con motivo del Covid 19.

Y añado que podría adoptarse con el visto bueno del monarca a cambio de que la oligarquía política (PP y PSOE, fundamentalmente) le garantice la continuidad en la Jefatura del Estado.

Creo que el "ruido" generado tanto por el Gobierno (bulos sobre un imaginario golpe de Estado de la derecha) como por el PP a raíz de la gestión de la pandemia tiene mucho de ópera bufa, de farsa porque tanto derecha como izquierda fueron protagonistas de malas decisiones.

La más flagrante, pero no la única, fue la orden de no trasladar a los ancianos infectados por el Covid 19 de las residencias a los hospitales.

¿Responsables? Comunidades Autónomas (CC.AA.) de todo color político, y principalmente el propio Gobierno que concentró todas las competencias sanitarias con ocasión del Estado de Alarma.

La calificación de los presuntos delitos (homicidio imprudente, denegación de auxilio...) aún no está definida, pero apuesto a que la Fiscalía ni lo intentará.

Todo queda a merced de los incontrolables jueces de primera línea, esto es, los de Instrucción.  

Esto lo conoce el Gobierno, y aunque parece más que probable que actúen contra dirigentes no aforados de ambos lados del espectro político, lo natural es que el "premio gordo" lo reciban los burócratas designados por Moncloa.  

Es obvio que las instancias judiciales superiores serán quienes tengan la última palabra, pero aun así ¿ustedes creen que se puede tener en las instituciones a políticos imputados por supuestos delitos de homicidio de decenas de miles de personas?

¿Qué Estado puede soportar el bochorno de que su vicepresidente y algún ministro gobierne de día mientras prepara su defensa judicial de noche?

La cuestión es que está en manos de la clase política librarse de la ya inminente tormenta judicial, aunque el camino no esté exento de dificultades.  

Así, la única solución que permitiría terminar, antes de empezar, con las posibles consecuencias penales derivadas de la gestión gubernamental del Covid 19 es una ley de amnistía, pues es el único expediente que garantiza el perdón de los presuntos delitos, evitando así la multiplicación de procedimientos en las distintas instancias penales del país.  

Los indultos no serían suficientes dado que éstos suponen el perdón de la pena (no ingresarían en prisión) pero no del delito, por lo que los políticos seguirían siendo culpables de la condena que eventualmente se les imponga, y por tanto tendrían que buscarse otra profesión.

¿Les parece aventurada mi hipótesis?

Analicemos los hechos porque nos enseñan que el Gobierno, como principal responsable, se está trabajando la extinción de su responsabilidad criminal.  

El lunes 8 de junio concurrieron dos decisiones simultáneas de la Fiscalía.  

La primera fue solicitar el archivo de las diligencias abiertas por la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, entre otros, contra el Delegado del Gobierno en ésta Comunidad Autónoma por su actuación los días previos al estallido de la pandemia; y la segunda fue la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigar a Juan Carlos I por unas comisiones a raíz de su intervención para que se concediesen las obras del AVE a La Meca a un consorcio empresarial español.

Si creen que las dos actuaciones fruto del órgano dirigido por la ex-ministra de Justicia de Sánchez son casualidad está en su derecho.

Yo considero que están vinculadas con una intención manifiesta: enviar el mensaje de que no habrá paz para nadie si no la hay para el Gobierno y sus aliados. 

Así, la petición de la Fiscalía del archivo de las actuaciones del Juzgado de Madrid cuando ya hay un informe pericial que señala claros indicios de criminalidad, supone una provocación no al Poder Judicial (la juez simplemente ha denegado el archivo y seguirá con el proceso) sino a la oposición, pues el Gobierno con uno de los índices más altos de mortalidad por Covid 19 de todo el mundo en relación al número de habitantes, presume de utilizar a su favor todos los órganos del Estado para garantizarse la inmunidad, mientras acusa a la Presidenta del PP de la Comunidad de Madrid de delincuente por el trato a los ancianos.

Pero la provocación se extiende a la Corona.

Que la Fiscalía se reserve la investigación abierta en Suiza a Juan Carlos I por no declarar a Hacienda una presunta comisión por prestar servicios de "lobby", que reportó un gran negocio a las industrias nacionales que competían con Francia por el contrato del AVE a La Meca; supone una burla cuando la misma Fiscalía ha removido Roma con Santiago para impedir que el Delegado del Gobierno en Madrid deponga ante una Juez que dispone de datos que acreditan la posibilidad de que haya sido responsable de innumerables delitos de homicidio por imprudencia.   

Por si lo anterior no fuera suficiente, el mismo 9 de junio se produjo otro aldabonazo a la Casa Real.

Concretamente, la amenaza, la sola amenaza de una iniciativa parlamentaria del partido minoritario del "Gobierno pandemial" de abrir una comisión de investigación sobre Juan Carlos I por los mismos hechos que va a investigar la Fiscalía.

Supongo que esto habrá sido entendido por el Rey como un chantaje del Gobierno con el objetivo ya descrito más arriba: o se garantiza la inmunidad judicial al Gobierno o será el fin de la Monarquía.

Por casualidad, el mismo día 9 se supo que la Fiscalía de París va a investigar a la Administración del país vecino a resultas de las decisiones tomadas con ocasión de la epidemia, con especial atención a la gestión de las residencias de ancianos, foco de la mitad del número de fallecidos.

Pues bien, en España la Fiscalía (y el Parlamento controlado por el Gobierno) pone todo su celo en averiguar si el ex-rey defraudó al fisco en 2014 con motivo de un contrato internacional que logró para las empresas españolas, y miembros del Gobierno señalan públicamente a los Presidentes autonómicos de la oposición por haber cometido supuestos delitos derivados de la gestión del Covid 19.

Sin embargo, el mismo Gobierno intenta neutralizar las causas judiciales a sus cargos de confianza por supuesta negligencia en la propagación de una enfermedad que ha ocasionado la muerte a más de cuarenta mil personas, precisamente cuando el Gobierno asumió todas las competencias de gestión gracias al Estado de Alarma; al tiempo que bloquea cualquier investigación parlamentaria y/o científica sobre los mismos hechos solicitada por el PP.

¿Por qué entonces el Gobierno que intenta zafarse de la persecución muestra aquélla voracidad perseguidora?

En realidad, el Gobierno sabe que sólo una ley de amnistía puede salvarlo de un peligroso control que no puede domeñar: una miríada de jueces por todos los rincones de España escudriñando cada decisión tomada antes y durante la emergencia sanitaria del Covid 19 (incluidas las oscuras compras de material)

Y para lograrlo necesita que tanto la oposición como la Corona tengan responsabilidades penales y/o políticas que expiar con el objeto de que la tentación de evitarlas mediante una ley de amnistía les sea irresistible, aunque el máximo beneficiario sea el Gobierno liberticida.  

¿Aceptará el trato el PP a cambio de salvar a Díaz Ayuso en Madrid?

A la luz de las declaraciones de la figura emergente en el partido, el alcalde de Madrid Martínez-Almedia, en las que distribuye culpas a derecha e izquierda, parece que estaría por la labor. 

¿Aceptará el Rey el cambalache si le asegura el Presidente que ya ha engañado a todos la continuidad en la Jefatura del Estado?

twitter: @elunicparaiso