"Covid 19, Operación Acordeón" VII

Para Celia, que tiene el secreto de la felicidad: "sin Estado, sin Partido, sin marido"

La política monetaria del BCE choca con el TC alemán

Dejamos la serie anunciando que la segunda traba que impedía la continuación de la política monetaria expansiva era la institucional, concretamente una reciente sentencia (la de 5 de mayo de 2020) del Tribunal Constitucional Federal Alemán (TCFA) sobre el programa de compra de deuda pública y privada por valor de 60.000 millones de euros al mes, que ha venido desarrollando el Banco Central Europeo (BCE) desde marzo de 2015 conocido con las siglas PSPP, y que se resume en la famosa frase de su Gobernador por aquel entonces, Mario Draghi: "dentro de nuestro mandato, el BCE está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme: será suficiente" (26 de julio de 2012).

En la referida sentencia de mayo el Tribunal Constitucional teutón exigía a su Banco Central (Bundesbank) que reclamase al BCE que en tres meses (agosto de 2020) éste le concrete por qué considera que el programa PSPP no ha supuesto desde que se implantó una extralimitación de sus competencias en política monetaria por invadir esferas propias de la política presupuestaria de los Estados miembros, pues si fuera así, el Bundesbank no podrá seguir participando en la ejecución del programa de deuda del BCE.

Los análisis posteriores a la sentencia del TCFA se centraron en valorar si los Tribunales Constitucionales de los Estados de la UE tienen jurisdicción sobre una entidad como el BCE.

¿Puede controlar el TC alemán al BCE?

El dilema residía en conocer qué instancia judicial (las nacionales o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) podía juzgar si alguno de los órganos comunitarios actuaba de conformidad con sus competencias. 

La duda sobre la competencia jurisdiccional estaba motivada porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya se pronunció sobre si el PSPP se ajustaba a la legalidad (sentencia de 11 de diciembre de 2018, a requerimiento precisamente del Tribunal Constitucional alemán) y estimó que sí lo hacía.

El catedrático Carlos Ruiz Miguel dejó claro en un artículo publicado el 13 de mayo, que si hay una delegación de competencias no puede ser el beneficiario de la delegación quien decida los límites de la misma. Quien decide al respecto es el delegante, no el delegado. Y puesto que los delegantes son los Estados, son éstos quienes tienen la potestad de juzgar si sus competencias delegadas han sido o no excedidas.

Dado que la delegación por los Estados de la política monetaria en el BCE tiene su origen en la Constitución de cada país, corresponde a los Tribunales Constitucionales de cada Estado miembro controlar si la delegación concedida al BCE se está ajustando a la atribución concedida o si se está excediendo.

Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional Federal alemán.

El TC alemán se apoya en el Tribunal de Luxemburgo para pedir cuentas al BCE

No obstante, más allá del asunto competencial que creo resuelto, el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) nos ratifica que ambas coinciden sobre el hecho de que el BCE tiene prohibido "ofrecer financiación monetaria a los Estados miembros", es decir, no puede financiarlos imprimiendo y entregando euros a cambio de su deuda pública, porque ello supondría incumplir el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Pero la clave reside en que es el propio TJUE en su resolución quien determina por qué el PSPP no viola esa prohibición describiendo la serie de garantías del programa para que ello no ocurra.

Así, declara la sentencia "que el programa no permite que los Estados miembros adopten una política presupuestaria que no tenga en cuenta el hecho de que la continuidad de la ejecución del programa PSPP no está garantizada en modo alguno a medio plazo y de que, en consecuencia, se verán obligados a buscar financiación en los mercados en caso de déficit".

"Por otro lado, los efectos del programa PSPP sobre los incentivos para aplicar una política presupuestaria sana se ven limitados por la restricción del volumen mensual de todas las adjudicaciones de valores públicos, por el carácter subsidiario del programa PSPP, por los límites de la cuota de emisión y de emisor (que implican que sólo una minoría de los bonos emitidos por un Estado miembro pueden adquiridos por el SEBC en el marco del programa PSPP) y por los estrictos criterios de admisibilidad basados en la evaluación de la calidad crediticia".

En resumidas cuentas, el TJUE está diciendo que la política monetaria está subordinada a una "política presupuestaria sana", o lo que es igual, los programas del BCE como el PSPP et alii no pueden financiar los déficits "insanos" de los Estados miembros fabricando euros.

A la resolución del TJUE la podíamos resumir "por la boca muere el pez", pues precisamente lo que el Tribunal Constitucional germano reclama en su sentencia de 5 de mayo de 2020 es que el BCE, antes de que finalice el próximo mes agosto, pruebe de forma fehaciente que su programa PSPP ha cumplido las garantías que el propio TJUE le exige para asegurar que "no ofrece financiación monetaria a los Estados miembros".

Por tanto, el Tribunal Constitucional alemán no rebate al TJUE sino que se apoya en el mismo para, en el ejercicio de sus competencias, solicitar explicaciones al BCE.

Teniendo en cuenta que España, sin ir más lejos, ha incumplido desde 2012 hasta la fecha todos los Programas de Estabilidad que recogen las previsiones de déficit, los cuales sirven para justificar ante Bruselas el compromiso del país con los objetivos de estabilidad fijados por la Comisión Europea (una "política presupuestaria sana" en boca del TJUE) que son los que permitirían que los programas del BCE no incumpliesen "la prohibición de financiación monetaria a los países miembros", podemos anticipar que el BCE va a tener complicado justificar ante el Bundesbank que el PSPP no lleva financiando desde su vigencia de forma ilegal los crecientes déficits del Reino de España, entre otros.

El acuerdo Merkel-Macron para salvar al BCE

El anterior razonamiento se les escapa a Presidentes tan preclaros como Rajoy o Sánchez. O no, pero les da lo mismo.

Sin embargo, no les ha dado igual a Macron ni a Merkel, que ante la evidencia de que la sentencia del TCFA de 5 de mayo estrecha el cerco de la política monetaria expansiva que el BCE lleva aplicando en la Unión durante al menos el último lustro, el pasado 18 de mayo (menos de quince días después de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán) tomaron raudos la iniciativa de crear el loado fondo de reconstrucción de medio billón de euros en transferencias directas no reembolsables, que finalmente quedó reducido a 390.000 millones en la cumbre europea de 17 de julio; y que en puridad significa el precio que Alemania y sus frugales aliados están dispuestos a pagar, a cambio de la total intervención por Bruselas de las políticas presupuestarias de los Estados de la Unión Europea con déficits incontrolados que pretendían seguir sobreviviendo gracias a la emisión monetaria del BCE vía adquisición de su deuda pública (léase España e Italia)

Es el inminente (este mismo mes de agosto) choque de trenes entre el BCE y el Bundesbank con ocasión del requerimiento de éste al primero al objeto de que le acredite lo imposible (que el programa PSPP "no viola la prohibida financiación monetaria de los Estados") lo que obligaba a que antes de que finalizase julio, el Consejo de Gobierno de la Unión (los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países) cerrase un acuerdo con el que demostrar, entre otros, al electorado alemán, a su Tribunal Constitucional y a su Banco Central, que si bien el caduco PSPP era un programa no ajustado a la normativa europea, a partir de ahora la política monetaria del BCE no financiará los déficits de los Estados manirrotos porque Bruselas, Alemania y sus aliados ahorradores pasan a controlar de forma directa los presupuestos de los "deudistas".  

Llegados a este punto, ya les he desvelado la alternativa elegida por Merkel y su aliado Macron para realizar la imprescindible ampliación de capital que exige el "Covid 19, Operación Acordeón".

Los detalles en la próxima entrega.

twitter: @elunicparaiso

"Deudismo", la nueva lucha de clases.

Los sistemas políticos con competencia electoral contienen un  sencillo mecanismo que transforma el robo político en premio para los que lo propugnan y practican: "todo para el pobre".  

Si un tipo pretendiese atracar a Fulano para dárselo a Mengano quizás estuviera bien visto si alegare la excusa de que el último era una "persona vulnerable", aunque tendría un abrumador número de papeletas para ingresar en prisión.

No obstante, si el ladrón es un "servidor público" el elogio del pillaje será recompensado por los ciudadanos en las urnas.

¿Por qué ocurre esto?

Por otro sencillo mecanismo: el pobre lo es por culpa del rico que se apoderó ilegal y/o ilegítimamente de lo que no era suyo. 

Dado que para la clase política expropiadora en el origen de cualquier riqueza reside un pecado, el posterior despojo por el Estado supone un acto de expiación con el que se pretende restaurar un equilibrio que nunca se llega a conseguir del todo.

Podríamos decir que el medieval Robin Hood es el icono de la progresía mundial tanto de derechas como de izquierdas: el que roba a un ladrón tiene cien años de perdón. Tremenda paradoja que ilustra cómo el consenso socialdemócrata avanza retrocediendo. Concretamente hasta la Edad Media y sus bosques de Sherwood.     

No obstante, al Estado no le basta con el creciente expolio fiscal con la excusa de la pobreza que él se encarga de fomentar, y por eso solicita la ayuda de la deuda como nueva arma "robinhoodiana".  

Cabría preguntarse por qué la desigualdad sólo debe corregirse y no eliminarse, si los "bondadosos políticos" dicen conocer la causa que la provoca: la riqueza.  

Detengámonos un momento en escudriñar por qué la desigualdad se amortigua, pero no se liquida. Por qué el pecado de lesa humanidad que es la abundancia debe pervivir, pero atenuado.

Nos dicen que mientras que la desigualdad exista debe corregirse porque su origen es un robo (incluso el salario es un latrocinio que debe ser intervenido por el Estado estableciendo un salario mínimo) pero dado que su reducción exige cada vez más impuestos y más deuda, parece que la riqueza, causa de la desigualdad, no para de aumentar.

Por tanto, para la clase política existe una relación directamente proporcional entre riqueza y desigualdad: a mayor riqueza, mayor desigualdad. Y a mayor desigualdad, más impuestos y más deuda.

Entonces, ¿por qué insistir con insuficientes paliativos como los impuestos y la deuda cuando se pregona que la causa del mal que supone la desigualdad no es otra que la riqueza?

Si el objetivo económico del Estado es acabar con la desigualdad, pero el crecimiento de la riqueza no sólo no puede acabar con la desigualdad, sino que la aumenta, ¿por qué los políticos no destruyen la riqueza para alcanzar la igualdad? ¿por qué no llevan la persecución hasta sus últimas consecuencias?

La pregunta se contesta con otra: ¿quién dice que la inmensa mayoría de los políticos no destruyen la riqueza por medio de impuestos y endeudamiento?

Sólo difieren en grado.

Unos lo hacen por la vía rápida, sin concesiones de cara a la galería; mientras otros alegan que la riqueza no es mala, sólo es un poco mala. En éste último caso robar un poco, a plazos, es legítimo para prolongar la agonía de la gallina de los huevos de oro.  

¿Pero cómo se ejecuta el robo?

El que se realiza a los ciudadanos por medio de los impuestos no necesita mayor explicación.  

El que se pretende aplicar a los ahorradores vía deuda, sí, pues tiene un fuerte componente de irracionalismo.

El robo por medio de la deuda, que en este preciso momento denomino "deudismo", ocurre cuando el Estado pedigüeño tiene la desfachatez de solicitar que el dinero que reciba no lo tenga que devolver o pueda disponer de él de forma incondicional. Es decir, la deuda convertida en regalo.

Si alguien en su sano juicio se presentara a cualquier prestamista con semejante pretensión sería tildado de loco.

Pero si eres Presidente de Gobierno de Italia o de España te escuchan en cumbres políticas como la celebrada este fin de semana en Bruselas, e incluso te conceden esos regalos envueltos en empréstitos.

Como ven, la locura del que pide no es mayor que la vesania del que da.

¿Y por qué el frugal ahorrador presta?

Porque los que piden tienen una ideología, el "deudismo".

Les remito a los primeros párrafos de éste artículo: la riqueza, especialmente la del ahorrador, es un pecado que sólo puede ser expiado por un Estado que primero exige financiación, y luego repudia su deuda, no la reconoce, la impaga o la considera una graciosa concesión porque en realidad el capital que recibe no es un préstamo ni una donación vinculada, sino un atraco, y transformar el delito en regalo sólo es un acto de justicia "democrática" (?) para compensar la estafa financiera que está en el origen de cualquier deuda. 

No obstante, aún hay alguien cuerdo que se atreve a defender la riqueza y su atesoramiento.

Lo que no sabe es que intentando que el que da recupere su préstamo o condicione su donación, está reinventado la lucha de clases.

De la lucha de clases entre capital/trabajo hemos pasado a la de Estados deudores-Estados acreedores.

La guerra acaba de empezar.

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