"Ábalos Real Estate, la inmobiliaria del IBEX 35" y III

Clientelismo político y "empresaurios"

En el anterior artículo expuse que la "Orden Ábalos" TMA/ 336/2020, de 9 de abril, había liquidado una parte esencial del Plan Estatal de  Vivienda 2018-2021 del Gobierno Rajoy con el objetivo de "flexibilizar" los requisitos para que, con independencia de sus ingresos, "víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables" (?) pudiesen alquilar una "solución habitacional" sufragada por el Estado.

Es decir, se ha dado cauce legal para que aumente en progresión geométrica la cantidad de potenciales receptores de subvenciones públicas, cuyos beneficiarios últimos serán las entidades financieras al ser su gigantesco stock de activos inmobiliarios el que alquilará y pagará el Estado a fondo perdido.  
      

¿Por qué se comete esta arbitrariedad en un momento de crisis económica nacional?

Por dos motivos. Uno político y otro económico.

El motivo político no es otro que el plan de ayudas al alquiler gratuito es un poderoso instrumento de clientelismo, al reservarse los gobernantes el poder de regalar el uso de viviendas a quienes ellos tengan a bien. 

El ejemplo más claro lo ofrece la ausencia de criterios objetivos económicos en la "Orden Ábalos" para definir a quién se considera "persona especialmente vulnerable" (¿ingresos de menos de tres salarios mínimos? ¿menos de dos?) otorgando así el máximo grado de discrecionalidad en la concesión de las ayudas a los "servicios sociales autonómicos y locales" que gestionan el programa y deciden quién tiene casa gratis y quién no.  

Para entender el motivo económico debemos saber dos cosas: que SAREB es una máquina de perder dinero y que el Estado es avalista de la deuda de SAREB, que asciende a más de 35.000 millones de euros a fecha 2019.
Dado que SAREB no podrá pagar su deuda, la deuda de SAREB es del Estado. 
O lo que es igual, SAREB le debe al Estado 35.000 millones de euros.

Pues bien ¿qué fórmula han encontrado el "Gobierno de progreso" y SAREB para que ésta pueda ir pagando su ineludible débito con el Estado? 

Muy sencillo: que SAREB abone su deuda con el Estado con las rentas que el Estado le abone a SAREB por el alquiler de su inmenso catálogo de fincas urbanas.  
No se rían.  

Incentivos perversos y competencia desleal

La consecución de los objetivos propuestos por la "Orden Ábalos" introduce incentivos perversos en el funcionamiento del mercado inmobiliario y en la sociedad.

En el caso de las "víctimas de violencia de género" supone una irresistible tentación para que aumente el número de denuncias falsas de mujeres a sus parejas con el objetivo de lograr el alquiler social.

Qué decir sobre el derecho de los desahuciados por lanzamiento judicial a ocupar una "vivienda social", con independencia de sus ingresos y de la causa de resolución del contrato. 
Imaginen cuán absurdo es que el inquilino vándalo que no cuide la vivienda o el que se vea obligado a salir de la misma por realizar actividades molestas o peligrosas, también tendrá derecho a una "solución habitacional" estatal, aunque por sus ingresos pueda acceder a alquilar otra.

Pero lo más grave es que la concesión de "soluciones habitacionales" a determinados colectivos, financiadas en todo o en parte por el Estado, supone una competencia desleal para los pequeños propietarios que arriendan viviendas como forma de complementar sus ingresos, y para las agencias inmobiliarias que se encargan de comercializarlos.

No olvidemos que los pequeños propietarios suponen el 85% de este mercado, según el propio Ábalos (ver minuto 41:10 a 42:10 de este vídeo).   

La competencia desleal se produce de dos formas:

a) El Estado estimula que los inquilinos incumplan sus contratos de arrendamiento con propietarios privados, para así ser desahuciados y engrosar el grupo de los beneficiarios de alquiler social a coste cero o próximo a cero. Las artes para alcanzar un piso financiado por el Estado gracias a ser desalojado de otro piso, dará para una antología de la picaresca.  

b) Mientras los ciudadanos que quieran arrendar un inmueble destinado a fines residenciales sólo pueden hacerlo legalmente si disponen de una vivienda que tenga la licencia municipal correspondiente, el artículo 4.3 de la "Orden Ábalos" otorga la posibilidad de que el Estado financie el arrendamiento de cualquier "solución habitacional", esto es, viviendas o "cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada".

Esta habilitación permite que el Estado pueda conceder ayudas para que CC.AA. y Ayuntamientos, pero no los ciudadanos, puedan alquilar como viviendas, fincas urbanas que no dispongan de la licencia municipal para ser utilizadas como viviendas.

Por ejemplo, locales, lofts (naves industriales que se usan como pisos) apartahoteles (edificios para hospedaje que no pueden obtener licencia municipal de vivienda).

Como pueden comprobar, los "filántropos" de SAREB han pensado en todo. No se les ha escapado nada.

En conclusión, al convertirse el Estado en el primer inquilino del Estado, destruye el descentralizado y libre mercado del alquiler de viviendas, y lo convierte en un oligopolio en beneficio de las entidades financieras que endosan al Estado todo su surtido de inmuebles, para que los funcionarios se ocupen a coste cero de distribuirlo entre la población, a cambio de que los bancos reciban cada mes dinero público contante y sonante.

El Gobierno del PSOE y Podemos ha realizado lo que podríamos denominar una "legislación económica de autor", esto es, destinada a entidades perfectamente identificables (SAREB y pocas más) donde se imposibilita la libre concurrencia de otros actores que no sean los beneficiados a priori.  

¿Por qué no ha regulado la "Orden Ábalos" un sistema de subastas donde cualquier persona física o jurídica pueda ofrecer a las entidades públicas inmuebles listos para ser ocupados, y éstas elegir la oferta más barata?

Cómo proteger la cuota hipotecaria media con rentas por alquileres 

Habiendo analizado el desastre que para la sociedad supone la "Orden Ábalos", cabe preguntarse si ello era necesario para proteger a "víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables".

¿No había forma de que estos colectivos tuvieran un techo sin distorsionar el mercado del alquiler de viviendas, sin dilapidar el gasto público que sufraga el pueblo con sus impuestos?

Claro que las había.  Una fórmula socialdemócrata hubiera consistido en convertir las rentas que se van a pagar, en parte del precio de una futura compraventa de los inmuebles para aumentar así el parque de viviendas del Estado.  

¿Para qué se ha hecho entonces de la forma más gravosa para el contribuyente, además de para fomentar el clientelismo político y para que SAREB pueda pagar su deuda con el Estado con las rentas por alquiler de viviendas que le va abonar el propio Estado?

La "Orden Ábalos" era imprescindible para los bancos porque gracias a la ayuda mensual por alquiler de sus viviendas de hasta 600 € (900 € en determinados supuestos) y hasta 200 € más para gastos de suministros; el Estado les ha permitido transformar lo que es uno de los principales destinos del ahorro popular, en un fabuloso negocio financiero en un momento de bajísimos tipos de interés y crecientes pérdidas patrimoniales. 

La clave está en los 600 €. 

Desde que leí por primera vez la "Orden Ábalos" no entendía el motivo de establecer un tope en la ayuda del Estado tan alta, teniendo en cuenta que ya se conocía la crisis económica cuando se aprobó la misma.  

¿Por qué esa cantidad de 600 €?

La razón era sencilla: la cuota hipotecaria media en España se sitúa en 587 euros, a fecha 2019 (aunque en la mayor parte de las provincias esté por debajo de ésta suma)

Es decir, los bancos se garantizan que aunque ocurra un terremoto de impagos en el mercado hipotecario, el Estado les salvará manteniendo la rentabilidad media de sus préstamos al abonarles con dinero público hasta 600 euros mensuales por el arriendo de sus "soluciones habitacionales", asegurándose así por cada vivienda ingresos similares a la cuota hipotecaria media (587 euros)

Apuesto a que la renta que pacten SAREB y las instituciones públicas por cada piso tendrá como guía, no la situación de la "persona especialmente vulnerable", sino el cuadro de amortización del préstamo hipotecario fallido correspondiente a cada vivienda que se pretenda alquilar. 

¿Creen que soy un malvado por dudar de la buena fe de esos benefactores sociales que son el "Gobierno del pueblo" y SAREB?

El Plan Estatal de Vivienda de 2018-2021 del Gobierno Rajoy antes de que fuera podado por el "Gobierno de progreso", establecía en su artículo 21 que el precio del arrendamiento de inmuebles para personas en situación de desahucio de su vivienda habitual, no podría ser superior a 400 euros y no se contemplaban ayudas a los suministros del inmueble.

¿Por qué entonces se sube el límite de las ayudas un 100% (hasta 600 € para pago de rentas y hasta 200 para gastos suman 800 €) si cuando se aprueba la "Orden Ábalos" (9 de abril de 2020) ya se conoce que la situación económica es de crisis absoluta? 

Salvo prueba en contrario, la causa de semejante diferencia se debe a que el objetivo económico de la "Orden Ábalos" es garantizar que los bancos sigan recibiendo, como rentas netas por el alquiler de sus viviendas al Estado, una cantidad mensual prácticamente igual a la cuota media de los préstamos hipotecarios en España, que se encuentra en 587 euros.

La incalculable estimación de dinero público que perderemos

El latrocinio que se dispone a perpetrar el "Gobierno de progreso" se resume en lo siguiente:

El comprador de una vivienda con préstamo hipotecario pagará dos veces a las entidades financieras. Una por su hipoteca y otra por la parte alícuota que le corresponda de la suma que el Estado abonará a los bancos por el alquiler de sus fincas.

También el inquilino de una vivienda no financiada por el Estado pagará dos rentas. La de su vivienda, más la cuota que le pertenezca de la renta que el Estado pague a los bancos por las "soluciones habitacionales" que les arriende.

Y todo ello sin costes de gestión para las entidades financieras, dado que los funcionarios del Estado serán su inmobiliaria particular para colocar sus fincas entre los afortunados por la lotería estatal. 
Recordemos que SAREB viene gastándose 200 millones de euros al año en intermediación por enajenar sus inmuebles, pero no va a pagar ni un euro al Estado por el minucioso trabajo de gestionar y arrendar su inventario de pisos durante años y años. 

A día de hoy es imposible realizar un cálculo aproximado del dinero público que se va a trasladar a los bancos.

Sólo disponemos del dato proporcionado por el propio Ábalos, referente a que, además de los 346 millones de euros ya presupuestados para 2020 del Plan Estatal de Vivienda, el Ministerio ha aportado otros 100 más para financiar el alquiler de viviendas privadas, ver minuto 44:00 a 44:40 y 54:20 a 55:30 de la comparecencia del ministro en la Comisión correspondiente del Congreso el pasado 27 de abril) 

Si en 2018 SAREB estimaba que tardaría diez años en liquidar su stock, con la crisis económica instalada en el país esa estimación se queda cortísima, por lo que el gasto del Estado en alquileres de viviendas de la banca puede rozar el infinito.  

Y no nos cansaremos de repetir que con todo ese dinero público no aumentará el parque de vivienda social del Estado, porque la propiedad de los bienes arrendados seguirá perteneciendo a las entidades financieras para que lo puedan vender cómo y cuándo quieran.  

La obscenidad de la "Orden Ábalos" TMA/336/2020 de 9 de abril, no se manifiesta sólo en que hayan tenido que aprovechar la alarma social de una pandemia para legalizar este expolio sin debate público, sino que al aprobar la Orden TMA 378/2020, de 30 de abril, que desarrolla el artículo 2 de la "Orden Ábalos", ¡no menciona a ésta ni una sola vez!

Es obvio. La "Orden Ábalos" es una norma inmoral que tienen que ocultar.

Aunque en realidad lo que debieran hacer es derogarla, porque la solvencia económica del Estado está comprometida si se dedica a pagar centenares de millones de euros cada año en concepto de rentas a fondo perdido a entidades privadas como SAREB, que para rizar el rizo de la burla ya hemos señalado que el Estado avala su deuda de más de 35.000 millones de euros. 

Aún están a tiempo de parar el desastre.

Ojalá la masiva difusión de estos artículos que ya ha comenzado desde que se publicó el primero el 24 de abril, contribuya a lograrlo. 

twitter: elunicparaiso