domingo, 29 de marzo de 2020

Covid 19, Operación Acordeón II


Confinamiento, golpe de Estado zen y rescate


Mientras un tercio de la población mundial vive confinada en sus casas a causa del Covid 19, a las lagunas de Venecia han vuelto los peces.   

La frase podría servir para una clase de primero de taoísmo, el yin y el yang, el equilibrio entre lo bueno y lo malo. 

No obstante, a pesar de que una tercera parte de los ciudadanos del 
mundo estén en cuarentena (casi la totalidad de los habitantes de  los países occidentales) la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide más. Y Sánchez se lo concede ordenando la paralización de toda actividad económica considerada "no esencial". 

¿Por qué? ¿Acaso quiere la solemne institución internacional que aparezcan tiburones en los canales venecianos?  

¿Quizás es cooperadora necesaria del golpe?

No lo sé, pero el golpe de Estado planetario, vía confinamiento, es algo más que una concesión literaria que utilicé por primera vez en el artículo "Covid 19, Operación Acordeón" en el que explicaba que el famoso virus había propiciado la oportunidad de someter a la economía mundial a lo que en Derecho Mercantil se conoce como "operación acordeón".

¿Por qué utilizo la figura del golpe de Estado? Porque los efectos del virus suponen un ajuste económico (en empleo, producción, precios...) de dimensiones colosales sin la intervención de los que pueden legitimarlo en un sistema democrático (los agentes sociales y la ciudadanía). Es una "operación acordeón" a las bravas, sí o sí.  

La principal originalidad del golpe radica en que no ha necesitado de la violencia para su puesta en marcha.  

Otro elemento novedoso es que gracias a la retirada de los humanos a sus casas, el "putsch" cuenta con el visto bueno del ecologismo de toda condición, cuya ideología se puede resumir en que la madre Tierra es un organismo que se autorregula de manera armónica cuando los hombres la dejan en paz.

La ausencia de violencia y el respeto al medio ambiente era condición necesaria para que un golpe de Estado pudiera tener éxito en Occidente en el s. XXI.

Y aquí está. El primer "coup d´État" mundial gracias a una táctica zen: el recogimiento, el confinamiento.

Ahora bien, toda mística religiosa que se precie se basa en la paradoja ("muriendo se resucita a la vida que no conoce fin" dice el último verso de la oración de San Francisco)

De la misma manera, la táctica zen del golpe de Estado que ha  hecho posible una "operación acordeón" a escala global encierra una antítesis sublime: con la mínima fuerza (ha bastado la orden de no salir de casa) y en el mínimo tiempo (lo que dura una cuarentena) logra la máxima desvalorización de capital sin daño físico a las infraestructuras económicas.

La táctica que ha provocado el golpe no violento se denomina eufemísticamente "distanciamiento social", que garantiza la congelación temporal de la producción económica con la consecuencia de reducir capital de manera drástica y empezar otro proyecto político radicalmente diferente al quebrado.

No obstante, las modalidades de su aplicación dependen de cada país. 

El ejemplo más rotundo nos lo ofrece el Presidente mexicano López Obrador, que en un vídeo ha animado al pueblo a disfrutar de la libertad hasta que él les diga cuándo tienen que encerrarse. Habrá cuarentena, pero será cuando y como el amo quiera.

La distinta respuesta de Trump en EE.UU., de Boris Johnson en Reino Unido o de  países asiáticos como Corea del Sur, China, Japón o Singapur al desafío sanitario y económico del Covid 19, son muestras de que la táctica general del confinamiento se establece según los modos locales que cada Gobierno elige.

Lo relevante es que la forma de manejar el "distanciamiento" (fase de destrucción de capital) ya prefigura o anticipa cómo será la recuperación, la fase correspondiente a la ampliación de capital. 

No olvidemos que toda "operación acordeón" tiene un para qué, un
objetivo bien definido, que no es otro que abandonar una actividad empresarial en pérdidas para dar comienzo desde cero a otra nueva. 

El Presidente de Gobierno español parece que ya ha elegido su modelo. Y es el italiano de paralización total, salvo las actividades económicas consideradas esenciales.

Esta táctica de confinamiento deja al país con una sola alternativa
para el día después de la pandemia: el rescate de la Unión Europea debido a la ruina de las empresas.

Sánchez ya lo solicitó en la última cumbre europea del pasado 26 de marzo, reconociendo que ni se le pasa por la cabeza liderar una reconstrucción por sus propios medios.

No obstante, lo más llamativo es que su plan consiste en que la Unión Europea rescate a España financiando, sin condiciones macroeconómicas de ningún tipo, la deuda pública que el Gobierno considere necesaria para mantener el programa político del señor Sánchez. O sea, más de lo mismo.   

La rueda de prensa ofrecida por el Presidente el sábado 28 de marzo ratificó la evidencia de que su objetivo es el rescate europeo a coste cero y que él gestione los fondos sin ninguna reforma política, económica y social, porque él es "el representante del partido más votado" (Sánchez dixit).

Todo indica que el actual Gobierno de España y el de otros países del sur de Europa no han entendido la nueva situación, no consiguen comprender que sus economías están siendo sometidas a una "operación acordeón" (reducción de capital y simultánea ampliación) porque estaban quebradas, y que el desarrollo de sus países exige un nuevo proyecto donde sólo habrá capital si la política garantiza eficiencia y rentabilidad en lo económico y sentido común en lo social.  

Sánchez y los otros "Sánchez" europeos no han asumido aún que un suceso de fuerza mayor, pero de nulos efectos en términos de destrucción de capital físico, ha demostrado la insolvencia del sistema estatal (un caníbal con pies de barro) y que por tanto resulta absurdo construir otro idéntico sobre la base de los mismos parámetros, esto es, la demagogia política y la irresponsabilidad económica (déficit y deuda).  

A pesar de lo expuesto, me temo que Sánchez seguirá utilizando su única baza que no es otra que prolongar el confinamiento total, lo que tendrá el efecto de hundir todavía más la economía para de esa forma vencer las resistencias de los líderes europeos a su deseo de salvación sin condiciones.

No tiene otro plan, pero lo apurará aunque se resienta el bienestar de los españoles y nuestros derechos civiles los mantenga en cuarentena. 


Le auguro que la perderá, pues habrá rescate pero será el que decidan los "hombres de negro" de la "operación acordeón".


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miércoles, 18 de marzo de 2020

Covid 19, Operación Acordeón


            
A Jerónimo Molina Cano, que lo sabe casi todo.

  
      Cuando el Ministerio de Defensa chino ya ha anunciado que el próximo mes de abril empezará los ensayos clínicos con humanos con la vacuna para el Covid 19; cuando se espera que, al menos, decenas de miles de personas fallezcan aún a consecuencia de la pandemia y la economía mundial se ha hundido en menos de un par de meses, sólo Gaston Bouthoul (1896-1981) "un sociólogo marginado, pero no marginal" (Jerónimo Molina, "Guerra, demografía y complejos belígenos", Centro de Estudios Constitucionales, 2019) puede orientarnos sobre lo que está ocurriendo, que no es sino un proceso dirigido por el sector cuaternario, el sector de las actividades destructivas.

       No pretendo expresar ni siquiera una hipótesis sobre las causas, pues los efectos son lo suficientemente elocuentes: un ajuste intenso y a escala global de empresas en un brevísimo espacio de tiempo, manteniendo intacto el capital físico y las infraestructuras del sistema, sin resistencia de la población al desastre económico y social al encontrarse confinada por causa de fuerza mayor; y con un coste en vidas, sobre todo ancianos, relativamente pequeño en relación a la hecatombe económica provocada.

       Simplemente el primer golpe de Estado mundial e impersonal (al menos a día de hoy).

     Y por ser el primero será el único que se ejecute con tanta maestría, sencillez y precisión.

      La audacia del golpe está siendo de tal magnitud que si los autores fueran hombres se les podría caracterizar como los "genios invisibles de la ciudad" de los que hablaba Guglielmo Ferrero. No obstante, las consecuencias hablarían de su perversidad tanto como de su genialidad.   

       El inspirador teórico sólo podría haber sido Bouthuol, el creador de esa ciencia social difusa conocida como "Polemología", en la cual se estudia la importancia decisiva que tiene para la economía y la sociedad el sector  cuaternario, pues el coronavirus es la apoteosis de la devastación en tiempo récord que los gurús económicos llevaban pronosticando años y los políticos no sabían cómo conseguir sin provocar una guerra.


      El sector cuaternario se ha servido para sus objetivos de la hasta ahora progresista biología, pero no para avanzar, sino justamente para lo contrario.  

  Para que las bolsas reculen a valores anteriores a la crisis de 2008, para que las plantillas se reduzcan sin conflictividad social y las rentas por el arriendo de viviendas bajen siendo innecesario fijar precios máximos. Incluso para que los países se cierren plegándose sobre sí mismos.

    El Covid 19 es un virus, aunque pasará a la historia como un hito esencial en la sociología de los fenómenos destructivos.

     Por eso el nuevo paradigma científico será el organicismo,esto es, la analogía entre el funcionamiento de los seres vivos y las sociedades, con lo que ello supone de primacía de los conceptos nacimiento, desarrollo y muerte, pues ya no ha lugar al punto de vista exclusivo de la utilidad o la productividad.

   Ahora bien, toda destrucción para completarse necesita una sustitución de lo destruido.

       Siguiendo con el símil biológico u organicista, a la muerte sólo le reemplaza un nacimiento.

     ¿Cuál?

     Es pronto para saberlo, aunque la realidad de los acontecimientos impondrá su orden, porque el "putsch" del Covid 19 trae un nuevo orden, que nadie lo dude.   

    Quedémonos con el hecho de que la depreciación de todo tipo de activos se ha logrado en el tiempo que dura una cuarentena, con el "reseteo" del sistema económico no mediante complejos métodos de ingeniería política, sino a través de métodos mágicos (cuando las poblaciones se encerraron en sus casas por el virus el mundo era uno y cuando salgan será otro muy distinto aunque el paisaje sea idéntico).     

    Con estos datos me atrevo a hacer de Casandra y a pronosticar que el objetivo del golpe de Estado planetario era hacer posible lo que en Derecho Mercantil se conoce como "operación acordeón". 

   Cuando una empresa ha reducido su patrimonio por debajo del mínimo legal exigido, para no disolverse lanza una operación consistente en reducir y ampliar capital de manera simultánea. 

   Es decir, reduce el capital social, ajusta sus pérdidas y su endeudamiento con los acreedores (principalmente vía capitalización de deuda) e inmediatamente ejecuta una ampliación de capital que suscriben los nuevos socios para captar recursos y continuar trabajando con la misma infraestructura física (fábricas, oficinas...) y con el mismo personal, salvo los despedidos.  

         Los elementos clave son el cambio de accionariado y la compensación de las pérdidas que ahogaban el día a día de la actividad empresarial. 

         Estas operaciones siempre están vinculadas a un nuevo proyecto, de manera que tras reducir el capital a cero o a una cantidad próxima a cero, se espera disponer de nuevos recursos financieros como consecuencia de la ampliación de capital para así reiniciar el negocio desde bases sólidas. 

         Pues bien, el Covid 19 tiene el efecto económico-social de permitir que se aplique a la economía mundial algo muy parecido a una "operación acordeón", forzando una acelerada reducción de capital (depreciación de activos y ajuste de plantillas) y propiciando una nueva fase de acumulación gracias a una simultánea ampliación de capital.  

         Como hemos visto, toda operación acordeón tiene dos etapas. Estamos viviendo aún la destructiva consistente en la reducción de capital porque el virus sigue haciendo estragos, el confinamiento de la población continúa y aún no se pueden evaluar los daños.  

           No obstante, ya se está preparando la segunda fase consistente en la ampliación de capital, puesto que en eso consisten los anunciados programas expansivos de centenares de miles de millones que los políticos y las instituciones monetarias vienen lanzando los últimos días.  

         ¿Pero quiénes suscribirán las ampliaciones de capital?  

         Obviamente, los capacitados para absorber la estructura económica de los países y su deuda (las grandes corporaciones internacionales, China, EE.UU...) que supongo no desembolsarán más que una pequeña parte del capital que suscriban (el desembolso principal lo realizarán los ciudadanos vía impuestos), pero serán las dueñas del nuevo negocio-país porque detentarán sus acciones.           

       ¿Y Sánchez y su cuadrilla?       

     Sánchez es el último de una generación de políticos papafrita que sirvieron para entretener al público durante la fiesta.          

     Pero la fiesta terminó porque empieza una nueva era dominada por la dura realidad donde todas las fantasías que permitieron que Sánchez pudiera existir han caducado.

    Recordemos que las "operaciones acordeón" sólo se realizan cuando surge un nuevo proyecto que entierra al anterior, aunque se materializa con los mismos mimbres de que disponía el negocio fracasado. 

         España, el mundo, a pesar de conservar su estructura económica intacta, será otro cuando finalice el Covid 19, Operación Acordeón, pero ninguno de sus dirigentes se parecerá al Doctor Sánchez.  


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martes, 14 de enero de 2020

Plebiscito o involución




Vuelvo sobre el asunto no tanto por la polémica generada sino para aclarar lo que significa un plebiscito, pues he encontrado en los que se reclaman liberales una resistencia que creo se basa en un prejuicio.

Esencialmente se ataca al plebiscito porque es considerado un instrumento del populismo, es decir, una exaltación del idealismo y las emociones frente a la defensa de los intereses racionales que debe ser la guía de la política representativa del Parlamento.

Pero cabría recordar que la Constitución Española, por ejemplo, se aprobó mediante un plebiscito. Por tanto, ¿la Carta Magna no debió someterse a la aprobación del pueblo?

Rechazar de raíz los referendos supone eliminar la posibilidad de que los ciudadanos en su totalidad puedan decidir sobre una cuestión de especial trascendencia. ¿Todo debe ser resuelto por el Parlamento, entonces?

Si fuese así, una eventual reforma constitucional podría ser pactada por los partidos y el pueblo no tendría derecho a ser consultado.

Sin embargo, el plebiscito está regulado en el artículo 92 de la Constitución.

Por tanto, es tan constitucional como el resto de títulos y capítulos que componen su articulado, y su regulación es la prueba de que el legislador previó su oportunidad.

Si ha quedado acreditado con el mero hecho de la aprobación de la Constitución en plebiscito que éste tiene una clara función democrática que no tiene que ser confundida necesariamente con el populismo considerado en su acepción despectiva, cabe añadir que el procedimiento para su celebración no es fácil.

Debe ser convocado por el Rey, a petición del Presidente de Gobierno y con la autorización del Congreso, aunque ello no ha sido óbice para que se hayan convocado "de facto" plebiscitos en varias ocasiones.

Véanse las elecciones al Parlamento de Cataluña el 21 de diciembre de 2017. 

Aclaremos que técnicamente las elecciones no tienen nada que ver con un plebiscito, pues éste consiste simplemente en responder sí o no a una pregunta, mientras que en las elecciones concurre un abanico amplio de partidos con distintas ofertas programáticas.

En el plebiscito se decide (sí o no) mientras en las elecciones se elige (éste, ése, aquél).

Ahora bien, los políticos que no pueden convocar plebiscitos porque carecen de la competencia legal, lo que hacen es convertir las elecciones en plebiscitos.

Así, las últimas elecciones al Parlament donde lo que se elegía eran diputados, se celebraron  explícitamente con la finalidad de que su resultado se interpretase como un plebiscito (sí o no a la independencia de Cataluña).

Por tanto, los referendos se convocan "de facto" sin rubor y los ciudadanos votan en elecciones como si fueran plebiscitos.

Con estos datos llegamos al asunto que nos ocupa: Pedro Sánchez y las elecciones generales o legislativas del 10 de noviembre que nos han traído de matute un Gobierno de Coalición frentepopulista.

A resulta de éstas he de advertir a los enemigos de los referendos que han pasado por nuestras narices dos plebiscitos, dos.  

Uno fueron las consultas que se hicieron a las denominadas "bases" de los partidos ERC, PSOE, Bildu, Unidas Podemos... después de las elecciones, con la finalidad de que convalidasen el Gobierno de Coalición o la abstención a la investidura de Pedro Sánchez. 

Aunque ya lo desarrollé en el anterior artículo, baste recordar que los afiliados de los partidos con derecho a voto debieron decidir si ratificaban los pactos de sus dirigentes, por lo que los plebiscitos se convirtieron en condición "sine qua non" para celebrar el Gobierno de Coalición.

Pero el primer y principal plebiscito ocurrió, sin saberlo hasta que el Presidente del Gobierno nos lo descubrió en su discurso de investidura, el mismo día en que se celebraron las elecciones legislativas del 10 de noviembre. Es decir, por arte de birlibirloque, las últimas elecciones fueron, Sánchez dixit, un plebiscito a una "coalición progresista" (sic).

¿No quieres plebiscitos? 

¡Pues toma varias tazas! 

Una antes de las elecciones ("como dijimos antes de las elecciones del 10 de noviembre, en un plazo de 48 horas alcanzamos un preacuerdo para constituir una coalición progresista con Unidas Podemos a quienes agradezco su apoyo") y varias tazas más de plebiscito el mismo día de las elecciones ("nos abrimos en julio a un Gobierno de Coalición con Unidas Podemos, y esa negociación no fructificó. Pero sirve de poco señalar las culpas. Es más útil volver a intentarlo sobre nuevas bases (...) Y ESO HICIMOS PORQUE ESO ES LO QUE NOS PIDIERON LOS ESPAÑOLES Y LAS ESPAÑOLAS EL PASADO 10 DE NOVIEMBRE (?) Eso hicimos. Y acordamos lo que no había sido posible meses antes: unir nuestras fuerzas en una coalición progresista que funcionará como un Gobienro unido (...)". "Los españoles han votado Gobierno, no han votado bloqueo, no han votado parálisis"). Ver desde el minuto 8:32 al 10:13 de su discurso de investidura. 

Ahora bien, el hecho de que el pueblo se entere por su Presidente DESPUÉS de haber votado en unas elecciones legislativas que no, ¡que lo que ha votado ha sido un plebiscito!, ¡una coalición progresista con Unidas Podemos apoyada por los independentistas de toda condición! supone un fraude monumental a todos los ciudadanos. 

El engaño de Sánchez no tiene parangón en la reciente historia del país. 

Recordemos que los dirigentes independentistas catalanes han venido manifestando de forma pública desde 2012 que las elecciones autonómicas catalanas eran plebiscitos. Es decir, los catalanes sabían antes de votar cómo iban a ser interpretados los resultados de las elecciones: sí o no a la independencia.

Sánchez, por contra, es el primer político que ¡después de que el pueblo ha votado! declara que unas elecciones legislativas para la elección de representantes, en realidad han sido un plebiscito sobre sí o no a un Frente Popular. 

Con un añadido esencial. El Presidente que hizo campaña por el "no" a la "coalición progresista" porque él y el 95% de los españoles (lo que incluye a sus votantes) no dormiría por las noches si se diera ese supuesto, una vez celebradas las elecciones considera que el pueblo ha dicho "sí" al Frente Popular y constituye un Gobierno de Coalición no sólo con los comunistas sino también con los separatistas. 

Lo ocurrido es un auténtico trile porque resulta difícil o casi imposible descubrir la estafa al concurrir dos trampas sucesivas: unas elecciones (elección de representantes) transformadas a posteriori en plebiscito (decidir sí o no a una pregunta concreta) y considerar que el resultado del plebiscito fue la victoria del Gobierno de Coalición que el actual Presidente afirmó antes de las elecciones que provocaría el insomnio de la práctica totalidad de los españoles.  

El tahúr es tan fantástico que el pueblo anda buscando todavía dónde ésta la bolita y va yendo de un lado para otro, sonado, entre manifestaciones y concentraciones, preguntándose qué ha pasado y qué puede hacer.

Lo ocurrido no es comparable ni con los sucesos del año 1931. 

Si en las elecciones municipales del 12 de abril de aquél año el pueblo se acostó monárquico y se levantó republicano, en las elecciones legislativas del 10 de noviembre de 2019 el pueblo fue a votar con la garantía de que la mayoría absoluta de los representantes que teóricamente iba a elegir no formarían un Gobierno que dejase intranquilo al 95% de la población, y se levantó descubriendo que en realidad había participado en un plebiscito en el que ganó el sí a un Frente Popular apoyado por los independentistas, esto es, que había elegido el Gobierno que no dejaría dormir ni siquiera a los propios votantes socialistas, según constató antes de las elecciones el ya Presidente de Gobierno. 

Y digo que lo ocurrido no puede compararse con los sucesos del 31 porque en éstos los resultados mostraron una clara división por mitades entre las ciudades y las zonas rurales. Sin embargo, en las elecciones del 10 de noviembre el hoy Presidente reconoció urbi et orbi que la práctica totalidad de los españoles no estarían conformes con un Gobierno como el que él ha perpetrado. A pesar de ello, en menos de 48 horas desde la celebración de las elecciones informó a la ciudadanía del pacto con Unidas Podemos, sin dar la oportunidad a otras posibles fórmulas de Gobierno que permitiesen al pueblo dormir, por ejemplo, un acuerdo de legislatura entre PP y PSOE para apartar a los populares de VOX, que parece ser una preocupación de Sánchez, según expresó en su discurso de investidura. 

Pero la mentira no resulta inocua en política. Ni mucho menos. 


Si después del 31 España convulsionó durante años hasta terminar en una guerra civil, las mentiras de Sánchez tendrán consecuencias políticas inmediatas en cuanto el pueblo, en el que se encuentran sus simpatizantes, tome conciencia del fraude histórico.

Por ello, si fuera consejero áulico de Sánchez le recomendaría que convocase un plebiscito sobre el Gobierno del Frente Popular para curarse en salud en cuanto empiece la movilización cívica al respecto, pues el engaño masivo al pueblo sólo puede ser salvado (lo siento por mis amigos liberales y sus prejuicios) si el pueblo perdona al mentiroso en un plebiscito "ad hoc" en el que venza y demuestre su legitimidad.

Los sistemas políticos deben su fortaleza o solidez a esos "genios invisibles de la ciudad" (Guglielmo Ferrero) llamados legitimidad, que no es otra cosa que el consentimiento socialmente reconocido.  

A día de la fecha, y por mucho que insista su Presidente, el Gobierno de "coalición progresista" no puede presumir de tener ese "consentimiento socialmente reconocido", por la simple razón de que el pueblo vio traicionada la confianza que le prestó al candidato Sánchez en cuanto éste, para ser Presidente, hizo lo que se negó a hacer en verano y confirmó en la campaña electoral del 10-N que no haría: un Frente Popular.     

Por tanto, no puede quejarse de que unos y otros le recuerden su falta de legitimidad hasta que obtenga el refrendo a su Gobierno en un plebiscito.    



Coda para bienintencionados:
Una de las consecuencias de la conversión a posteriori por obra de Sánchez de las elecciones legislativas del 10 de noviembre en plebiscito sobre el Gobierno de Coalición progresista, es haber derogado "de facto" el más poderoso instrumento parlamentario para el control del Gobierno, esto es, la moción de censura.
Si según él ha sido elegido por el pueblo en plebiscito, ¿quién es el Congreso para deponer al Presidente?
Llegado el caso  de una moción de censura, no dudo que éste será su argumento y el de Unidas Podemos para lanzarse a la calle y declarar ilegítimo el Parlamento con objeto de forzar un plebiscito a favor del Gobierno del Frente Popular.
Por paradójico que resulte, a los defensores de la Constitución de 1978, que ha sido declarada disuelta y liquidada por Sánchez y los partidos que le apoyan, sólo les queda un baluarte: la movilización por la convocatoria de un plebiscito sobre el Gobierno de Coalición y ganarlo.
El pueblo debe entenderlo y elegir. Mis compatriotas liberales y bienintencionados de todo color político, también.


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martes, 7 de enero de 2020

Plebiscitar el Gobierno de Coalición


¿Es Pedro Sánchez un Presidente de Gobierno ilegítimo?

Antes de responder prestemos atención a sus declaraciones.   

En su discurso de investidura del sábado 4 de enero manifestó que "como dijimos antes de las elecciones del 10 de noviembre, en un plazo de 48 horas alcanzamos un preacuerdo para constituir una coalición progresista con Unidas Podemos a quienes agradezco su apoyo" (minuto 8:23 hasta minuto 8:36 de su intervención).
Esto es objetivamente falso, pues jamás dijo antes de las elecciones del 10 de noviembre que 48 horas después de la consulta alcanzaría un preacuerdo para constituir una coalición progresista con Unidas Podemos, sino todo lo contrario, como veremos más adelante.

A renglón seguido añadió: "Es verdad que nos abrimos en julio a un gobierno de coalición con Unidas Podemos, y es cierto que esa negociación no fructificó, como todo el mundo sabe. Pero sirve de poco señalar las culpas. Es más útil volver a intentarlo sobre nuevas bases que aseguren las dos condiciones que dificultaron el entendimiento meses atrás: el principio de cohesión y el principio de idoneidad. Y eso hicimos PORQUE ESO ES LO QUE NOS PIDIERON LOS ESPAÑOLES Y LAS ESPAÑOLAS EL PASADO 10 DE NOVIEMBRE. Eso hicimos. Y acordamos lo que no había sido posible meses antes: unir nuestras fuerzas en una coalición progresista que funcionará como un Gobierno unido (...). A partir de ahí lo que hemos hecho ha sido trabajar para sumar a este acuerdo las fuerzas de otras formaciones hasta alcanzar la cifra crítica que permita la constitución de un Gobierno que eche andar esta legislatura" (minuto 8:45 hasta minuto 9:52 de su intervención).

¿El ya Presidente de Gobierno nos quiere hacer creer que los ciudadanos le votaron para que pactara con Iglesias, a pesar de que le habían escuchado en la campaña electoral enumerar los graves riesgos que suponía ese Gobierno de Coalición, tan insuperables que le obligaron a convocar nuevas elecciones antes que cerrar esa coalición?
¿No sería al revés?, esto es, ¿no será que le votaron porque había asegurado que era un peligro cierto el acuerdo con Iglesias y sus "troncos"?

Recordemos sus palabras del 20 de septiembre en una entrevista televisada: "ese Gobierno sería un Gobierno de Coalición donde el problema sería que tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el Ministro de Hacienda, el Ministro de la Política Energética o el Ministro que se encarga de las pensiones, de la Seguridad Social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Yo sería Presidente de Gobierno y tengo que reconocerle que sería un Presidente de Gobierno que no dormiría por la noche, JUNTO CON EL 95% DE LOS CIUDADANOS DE ESTE PAÍS que tampoco se sentirían tranquilos. Incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias".

Si el 20 de septiembre de 2019 dijo que "el 95% de los ciudadanos de este país no se sentirían tranquilos" con un Gobierno de Coalición PSOE-Podemos, ¿cómo pudo decir el 4 de enero de 2020 en el solemne acto de su investidura que un Gobierno de Coalición PSOE-Podemos fue "lo que nos pidieron los españoles y las españolas el pasado 10 de noviembre"?  

¿Sánchez está diciendo que los españoles estamos locos?, ¿cómo es posible, si no, que asegurase el 20 de septiembre que el 95% del pueblo estaba intranquilo con el Gobierno de Coalición y el 10 de noviembre el mismo pueblo votase a favor de la constitución del Gobierno de Coalición de la intranquilidad? 

Por si lo anterior no fuera suficiente para demostrar que Pedro Sánchez mintió al cuerpo electoral, pues dijo una cosa antes de las elecciones del 10 de noviembre y ha hecho exactamente lo contrario después de las mismas, atendamos a lo que dijo el 4 de noviembre de 2019 en el debate electoral con el resto de candidatos: "es evidente que tenemos una discrepancia de fondo con el señor Iglesias sobre Cataluña. El señor Iglesias defiende un referéndum de autodeterminación en Cataluña que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática". 

Pues bien, a pesar de que el 4 de noviembre deja claro ante millones de personas que lo estaban viendo por televisión que "tiene una discrepancia de fondo con el señor Iglesias sobre Cataluña", Sánchez no sólo pacta con Iglesias sino que también lo hace con otros partidos (ERC y Bildu, entre otros) que defienden lo mismo que éste, es decir, que hay presos políticos en España y que hay que convocar un referéndum de autodeterminación. 

Hasta aquí los hechos.

Volvamos a hacernos la pregunta inicial con un pequeño añadido.
¿Es Pedro Sánchez un Presidente de Gobierno ilegítimo por haber mentido a los españoles?

No me atrevo a contestar a la pregunta porque no sé si los que votaron el 10 de noviembre quieren a un Presidente que les mienta.

Si los electores pensaran como uno de los referentes políticos de Sánchez, el fallecido Rubalcaba, famoso por su frase "los españoles merecen un Gobierno que nos les mienta, que les diga siempre la verdad" (13 de marzo de 2004), el asunto estaría zanjado, pues Sánchez sería un Presidente absolutamente ilegítimo.

Pero cabe conceder al doctor Pedro el beneficio de la duda y considerar que no tenía más remedio que hacer lo que ha hecho, que como él mismo dijo en el Congreso el pasado día 4 de enero, "los españoles han votado Gobierno, no han votado bloqueo, no han votado parálisis. Y nuestra obligación es buscar la mejor solución que pueda lograrse aquí y ahora" (minuto 10:02 hasta minuto 10:13 de su intervención en el debate de investidura).

Ahora bien, ¿cómo resolver el interrogante de si los españoles quieren un Presidente mentiroso o no?

¿Cómo saber si la ciudadanía acepta la decisión de Sánchez de constituir un Gobierno de Coalición con Unidas Podemos apoyado, entre otros, por los independentistas vascos y catalanes, a pesar de que lo había rechazado expresamente en agosto y septiembre de 2019 hasta el punto de que convocó nuevas elecciones el 10 de noviembre y volvió a rehusar el pacto en la campaña electoral de éstas últimas?

Mientras no respondamos a éste interrogante a Sánchez se le puede llamar mentiroso sin ningún género de duda, pero ilegítimo no, aún no.

La solución al enigma la encontramos en el ejemplo político De Gaulle y en el marco jurídico de nuestra Constitución.

A mediados de su segundo mandato, en el año 1969, el Presidente francés convocó un plebiscito para reformar el Senado y reorganizar las regiones francesas con el objetivo declarado de descentralizar el país. El plebiscito no era obligado legalmente, pero consultó al pueblo y anunció que si perdía dimitiría. Lo perdió y cumplió su palabra.

En cuanto al amparo jurídico del plebiscito, el artículo 92.1, Capítulo II del Título III de la Constitución, establece el referente consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el Rey, a expensas de una petición del Presidente de Gobierno, autorizada por el Congreso de los Diputados.

Creo que ya estamos listos para contestar a la pregunta que ha motivado el presente artículo y que hemos terminado formulando así:

¿Es Pedro Sánchez un Presidente de Gobierno ilegítimo por haber mentido a los españoles?

La respuesta es que sí es un Presidente de Gobierno ilegítimo mientras no convoque y gane un plebiscito sobre su decisión de conformar un Gobierno de Coalición con Unidas Podemos, con el apoyo pactado de ERC y Bildu, entre otros.

La solución es constitucional y, sobre todo, democrática, como le gusta decir al Presidente hoy ilegítimo.

¿Por qué las bases de PSOE, Bildu, Unidas Podemos, ERC... pueden votar si aceptan o no el pacto para investir Presidente de Gobierno a Sánchez y constituir un Gobierno de Coalición con él, y el pueblo español en su conjunto no?

¿Por qué no puede pronunciarse el pueblo sobre lo que sí se ha preguntado a las prestigiadas "bases"?

¿Acaso son los afiliados de los partidos con derecho a voto quienes ostentan la soberanía popular?

Si según Sánchez el pueblo votó el 10 de noviembre Gobierno de Coalición (?) ¿por qué tienen que refrendar las bases de los partidos (PSOE, ERC, Bildu...) el pacto? ¿Quiere decir Sánchez que si las bases de los partidos hubieran dicho "no" al Gobierno de Coalición no se habría constituido el Gobierno de Coalición que según Sánchez había votado el pueblo? Por tanto, ¿para el PSOE de Sánchez son los afiliados de los partidos las auténticas entidades soberanas?

Por tanto, que las bases del PSOE y de Unidas Podemos y del partido de los herederos de ETA y el de los condenados por sedición, entre otros, hayan podido pronunciarse sobre el Gobierno de Coalición, pero no el pueblo español, es otra prueba de la flagrante ilegitimidad del ya Presidente de Gobierno Pedro Sánchez, mientras no convoque y gane un imprescindible plebiscito sobre su Gobierno de Coalición.

Es muy probable que el demócrata Sánchez no convoque de "motu propio" el citado referendo por ser demasiado democrático. En este sentido, parece que todos estamos de acuerdo en que Sánchez no es De Gaulle.

Pero eso no es óbice para que la movilización civil y política por la convocatoria del plebiscito al Gobierno de Coalición de Sánchez sea el punto de unión de todos los demócratas del país. Desde la izquierda a la derecha, pues si Unidas Podemos, ERC, PSOE y Bildu han consultado a sus bases, ¿acaso éstos, los considerados por sí mismos ejemplos de demócratas, se opondrán a que todos los españoles se pronuncien al respecto?

Estoy seguro que Ciudadanos, VOX, PP, Coalición Canaria, cántabros, asturianos y navarros, a pesar de ser tildados por Sánchez de franquistas, ultraderechistas y antidemócratas, apoyarán esa "vacuna democrática" del pueblo que es un plesbiscito para validar o no a un Presidente mentiroso.

Y hablo de "vacuna democrática" porque el plebiscito que propugno, si llega a celebrarse, cambiaría de raíz las costumbres de los dirigentes políticos y el propio sistema.
El plebiscito modificaría las costumbres de los políticos porque éstos mienten impunemente al cuerpo electoral por sistema. Y el régimen político sería otro porque el pueblo, por fin, decidiría sobre las decisiones vitales que hasta ahora se le hurtan. Como ejemplo, la investidura del Presidente mentiroso.  

Sánchez ha llevado demasiado lejos su mascarada. 
Donde dije digo digo Diego, pero endosa al pueblo las consecuencias negativas del pacto porque él, afirma sin rubor, ha hecho "lo que nos pidieron los españoles y las españolas el pasado 10 de noviembre", a pesar de que el pueblo no ha dicho ni pío aún al respecto. 

Es un Presidente mentiroso por haber hecho lo que dijo que no haría, alegando como única defensa que sólo ha cumplido lo que le ha solicitado el pueblo. 
Al embustero Sánchez sólo puede salvarle de la ilegitimidad un plesbiscito.  

La oposición tiene tarea y un banderín de enganche.

¿Lo tomará para demostrar quién es realmente demócrata y quién no?

¿Luchará por el plebiscito para que el falaz Sánchez no pueda alegar cuando él y su Gobierno de Coalición caigan por el despeñadero que el pacto con comunistas e independentistas lo formalizó porque así lo quisieron los españoles, aunque éstos no se hayan pronunciado? 

Y aún más importante, ¿serán capaces los demócratas de todos los partidos de forzar un plebiscito sobre el Gobierno del Frente Popular para que el pueblo tenga la oportunidad de decir "no en mi nombre"?

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lunes, 7 de octubre de 2019

La Isla del Tesoro no está en Lampedusa



En otro fabuloso libro, uno más, del profesor Jerónimo Molina Cano (Blanca, Murcia, 1968) aparece esta frase: "vivir de la culpa de otro es el modo más bajo de vivir a costa de los demás" (Contra el "mito Carl Schmitt". Espuela de Plata, 2019).

Del mismo libro la siguiente perla: "la dignidad del pensamiento político es la fidelidad al pensamiento mismo, lo que significa explicar con las mismas categorías la gloria y el infortunio, la corte y el ostracismo".

Sirvan estas frases introductorias, pero creo que definitivas, para desterrar el sentimentalismo y a los que viven de él al sitio que les pertenece, esto es, "al plano subintelectual de la política".

Dicho lo cual, podemos dejar a los periodistas de televisión a bordo de los "Open Arms" de la vida recitando a las tres y a las nueve de cada día la balada patética de los filibusteros, (pero no las hazañas en tierra firme de sus "mejores" clientes), y dedicarnos al análisis político del eterno conflicto entre los poderes continentales (epirocracia) y los marítimos (talasocracia), representado hoy por ex Ministro del Interior italiano Salvini y las flotas piratas del mundo 2.0.  

Hablo de conflicto porque la lucha por alcanzar el "puerto seguro" que los capataces de las ONG consideren "seguro", y la decisión irrevocable de Salvini de no concedérselo, fue una auténtica batalla marítimo-terrestre, un combate entre dos elementos en continua tensión: la tierra y el agua.

En realidad, todo empieza por la naturaleza líquida del mar, pues si el refranero dice que no se pueden poner puertas al campo, ¿quién puede ponerlas al Mediterráneo?

La libertad de los océanos garantizada por el carácter ingobernable del agua es el elemento que ampara cualquier irregularidad, pues sin el libre albedrío que proporciona el medio acuático jamás habría habido piratería. Dicho de otra manera, los bucaneros son una creación del mar, no un invento inglés.

Siguiendo con esta idea, son las propiedades físicas del elemento agua las que crean un derecho marítimo basado en el principio de la libertad pues, a pesar del avance de la técnica, es más difícil  hacer cumplir las normas en el agua que en el medio terrestre.

En fin, mar y emigración ilegal van de la mano. Y mar y romanticismo también, ¿pues acaso hay algo más sentimental que un barco flotando libre en busca de un mundo mejor para sus pasajeros?

Por eso los políticos que defienden el espacio terrestre no tienen nada que hacer frente al sentimentalismo que genera la visión de los emigrantes en pateras o transportados por organizaciones "sin ánimo de lucro" (la guinda del mar de azúcar).

Pero muy mal (o muy bien) debe estar la cosa cuando el romanticismo empieza a perder la partida frente a la realidad de las normas que dividen y organizan la tierra, pues si el mar impone la libertad, el elemento terrestre obliga a la ordenación del espacio.

Si antes constatábamos la evidencia de que al mar no se le pueden poner puertas, ahora tenemos que decir que el orden que crean las parcelaciones y los muros hace buenos vecinos.

La tierra no sólo permite por sus condiciones físicas el reparto y la ordenación, sino que lo exige para hacer posible una vida segura según las normas que se otorguen los habitantes-propietarios de cada pedazo espacial.

Por tanto, el equilibrio inestable entre dos elementos tan distintos como el marítimo y el terrestre se rompe cuando se quiere imponer el estatuto de la libertad del mar a las normas que organizan la vida en tierra, pues en estos supuestos la lucha debe resolverse a favor de las determinaciones de uno de los dos elementos: o gana la tierra (impone la ley de cada territorio) o gana el mar (exigiendo que la única norma de la tierra sea la libertad del mar).

La tensión entre estos dos elementos es lo que motiva la aparición de potencias continentales (epirocráticas) y oceánicas (talasocracias).

Un ejemplo concreto de la eterna batalla sería la guerra del opio que mantuvieron China y Gran Bretaña en el s. XIX.

La talasocracia británica que gobernaba los océanos sin otro título de ocupación que la libertad del mar, creía tener la misma libertad en tierra para introducir el comercio del opio en China.

Por contra, la epirocracia china quería imponer su soberanía negándose a ese tráfico en el territorio bajo su jurisdicción.  

Ganaron los británicos, es decir, ganó la libertad de comercio frente a las leyes del país del continente asiático. 

El ejemplo paradigmático de la lucha entre la tierra y el mar en el s. XXI es, ¡quién lo iba a decir!, el poder talasocrático de los piratas "humanitaristas" que comercian con personas, frente a los indecisos poderes epirocráticos de los Estados-Nación del continente europeo. 

La victoria era hasta ayer de la talasocracia bucanera, que quiere imponer a los decadentes e indecisos países de la Unión Europea la libertad de las ONG para desembarcar a cuantas miles de personas quieran en los "puertos seguros" que ellos elijan.

Hasta que llegó Salvini, que ni siquiera era Primer Ministro, Jefe de Gobierno o Presidente, (ni falta que le ha hecho) para imponer el "nomos" de su tierra a los piratas del mar, esto es, los puertos y el resto de territorio italiano son de soberanía de Italia y no pueden desembarcar libremente a las personas que lleven a bordo.

Por primera vez en mucho tiempo, un poder terrestre venció a otro marítimo.

Hablo de victoria (a pesar de que la Fiscalía de Sicilia ordenase que el barco atracase en puerto italiano) porque Salvini obligó a los piratas del mar a poner "los pies en la tierra", a olvidar las fantasías románticas en las que amparan su comercio de personas, y aceptar el realismo de la política, que no consiste en el control de los cuerpos (Estado del Bienestar o tráfico de personas), sino en garantizar la seguridad de un espacio donde los hombres puedan organizarse y vivir en libertad con arreglo a sus normas.  
Salvini fue el malo, por supuesto.

Tan malo como los niños que anuncian a otros niños que los Reyes Magos no existen, pues Salvini no deja de ser el político que les ha descubierto a los mayores henchidos de sentimentalismo (y a los piratas) que la Isla del Tesoro no está en Lampedusa. 

Quizá los niños que descubren la verdad a otros sobre los Reyes de 
Oriente no lo hagan por motivos altruistas, y seguramente Salvini actuó por electoralismo.

¿Y?

Porque si actuó por electoralismo perdió.

Sin embargo, su victoria política resultó (y resultará) incuestionable.


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lunes, 16 de septiembre de 2019

El "Cártel de Malthus".


La crisis demográfica europea, que era una evidencia premeditadamente guardada en el armario durante decenios, por arte de birlibirloque ya es noticia de segunda página en los medios de comunicación, pues el "trending topic" se lo lleva el "calentamiento global", obra del peligroso y machista, valga la redundancia, hombre.

No obstante, ¿podemos llamar al actual decrecimiento de la población, por ejemplo en España, crisis demográfica?
¿Acaso puede considerarse el descenso de la natalidad una política de Estado desde la muerte de Franco? Porque si fuera así no cabría hablar de crisis demográfica, sino de éxito del Estado malthusiano, del Estado obstaculizador de la natalidad.

Debemos a Thomas Malthus (1766-1834), clérigo y demógrafo inglés, los principios esenciales de la población. Quizás el más famoso sea este: los medios de subsistencia crecen en progresión aritmética (3+3 = 6) mientras que la población lo hace en progresión geométrica (3x3 = 9), si no encuentra obstáculos.

Centrémonos en éstos últimos.

Malthus los divide en su "Primer ensayo sobre la población" en positivos (sic) o represivos (guerras, epidemias, vicios, miseria) y en preventivos (miedo ante las dificultades que supone el mantenimiento de una familia).

Dando un salto desde Malthus a la modernidad, podemos comprobar que todos los obstáculos al crecimiento de la población están mal vistos. Por supuesto las enfermedades y la pobreza.
También la abstinencia sexual. Pero sobre todo las guerras, aunque sobre las guerras en la periferia se haga la vista gorda.
Ahora bien, que se repudien no elimina un elemento objetivo: sin obstáculos, la población crece de forma desmesurada.

Por tanto, los llamados Estados del Bienestar arbitran una serie de medidas aceptadas por la ciudadanía para evitar la expansión incontrolada de la natalidad: aborto, prohibición de la poligamia, esterilidad voluntaria, prácticas eugenésicas.
Son soluciones a la superpoblación que el Estado hace pasar por "instituciones civilizatorias" porque excluyen la violencia en todas sus formas (guerra, hambre, explotación, emigración por causas económicas o políticas) e introducen el deseo y la voluntad individual como factores necesarios para su puesta en práctica.

Si el control numérico de la población fue siempre una de las funciones del Estado, lo que resulta novedoso es que lo haga sustituyendo, por ejemplo, los efectos de las guerras (eliminación forzosa e intensiva, sobre todo, de hombres jóvenes) por políticas que tienen los mismos resultados, pero que sin embargo provocan la sugestión de que el Estado es el proveedor y garante de un mundo feliz, indoloro, "cool".
Lo que en principio puede parecer ciencia ficción, esto es, que la misión malthusiana (controlar la natalidad y reducir la población) del Estado encuentre a sus propios habitantes como cooperadores entusiastas y agradecidos; se convierte en evidencia cristalina gracias a dos elementos.

El primero es un imprescindible libro que será reseñado en otros artículos, titulado "Gaston Bouthoul, inventor de la Polemología",  Centro de Estudios Constitucionales, Premio "Luis Díez del Corral", 2017, del que es autor el que me atrevo a decir es el mejor escritor político español, el profesor Jerónimo Molina Cano, y del cual se extrae, entre otras, la conclusión de que el arte de organizar lo social es el arte de organizar la hipnosis de las masas, pues sólo así se puede explicar que el pueblo considere su autodestrucción supervisada por el Estado un triunfo de la libertad individual.

Y el segundo una serie de datos que no se incluyen en el libro del maestro Jerónimo, pero que refrendan el acierto de la hipótesis de Gaston Bouthoul respecto al potencial sugestionador o hipnótico del Estado: el Imperio, esto es, EE.UU., tenía en 2016 según datos del Cirujano General de la Nación, 27 millones de adictos a las drogas y 66 millones de alcohólicos. De mantenerse las tendencias actuales uno de cada siete estadounidenses enfrentará un problema con las adicciones en el curso de su vida.
En 2016 murieron 63.632 personas por sobredosis de droga, un 21% más que el año anterior, pero entre éstas muertes no se contabilizaron las causadas por accidentes laborales o de circulación debidos a estar bajo los efectos de las mismas, la violencia generada por el uso y tráfico de estupefacientes y las enfermedades derivadas de su consumo.
Los fallecimientos por la epidemia causada por las drogas supera en mucho las bajas en todos los conflictos bélicos en que ha intervenido EE.UU. luego de la Guerra de Vietnam.
No obstante, únicamente el 10% de las personas con problemas de adicción reciben algún tipo de tratamiento, y sólo en 2017 se produjo la autorización del uso del cannabis con fines no médicos (lúdicos) en nueve estados de la Unión y el Distrito de Columbia. Es decir, el Estado del país más poderoso de la Tierra no tiene ánimo administrativo ni político de que la epidemia se extinga porque, en todo caso, se trataría de un problema "recreativo" al que hay que dar curso legal.

Las consecuencias del reconocimiento por parte del Estado de que el consumo de drogas (y de analgésicos derivados del opio y de sedantes hipnóticos y de antidepresivos como el prozac...) es un derecho individual a la felicidad, a la muerte digna, sin dolor..., no deja lugar a dudas: en 2015 y 2016, por primera vez en 50 años, EE.UU. experimentó reducción en la esperanza de vida de sus ciudadanos.

El clérigo Malthus no podía imaginar la cuadratura del círculo: la eliminación masiva de la población por obra de la propia población en nombre de su libertad individual, y a través de comportamientos que considera lúdicos; con la garantía jurídica del Estado y la supervisión técnica de sus servicios públicos de salud.

¿Estado del Bienestar? 

Creo que se ha ganado otra denominación más precisa: "Cártel de Malthus". 

¿Crisis demográfica en el Estado del Bienestar?

Todo lo contrario: máxima rentabilidad y eficiencia del cártel malthusiano.


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