El 9-N y los problemas insolubles

  

            Esa máxima ingenua de que “hablando se entiende la gente” quizás tenga su fundamento filosófico en la tríada dialéctica de tesis, antítesis y síntesis.

            La tesis vendría a ser una razón parcial, la antítesis su contrario en tanto razón distinta, y la síntesis una razón completa dado que supera a la tesis y a la antítesis.

            Cuando un político dice que “hablando se entiende la gente” es porque cree que no existe problema que no pueda arreglarse mediante el establecimiento de una solución razonada superior a la voluntad individual de cada una de las partes.

            Esto es desmentido por la vida misma, pues, por ejemplo, ¿cómo adjudicar algo indivisible que quieren dos personas a la vez?

            El denominado conflicto árabe-israelí nos ilustra cómo es imposible generar siempre una síntesis por medio de la razón cuando dos partes pretenden apropiarse de forma exclusiva una misma cosa, el mismo pedazo de tierra. 

            Lamentablemente, hay contenciosos que son incapaces de superar la antítesis.

            En el momento en que un asunto se convierte en insoluble lo es para la eternidad, salvo que una parte elimine a la otra. Es decir, cuando el entendimiento fracasa, la fuerza es el último recurso.

            Es el drama de la vida. También de la política.

            Por eso, el fin de la política racional no debiera ser el intento de resolver problemas sin solución mediante el diseño de síntesis imposibles de realizar, sino evitar que los conflictos alcancen la condición de problemas insolubles, anticiparse a la rotura de la convivencia.

            Y para ello lo principal es no atender las razones parciales de uno o de otro, sino facilitar compromisos entre las partes que dejen a salvo las razones de uno y de otro, esto es, lograr que dos partes compartan la misma cosa.   

            Y si alguna de ellas no está dispuesta a alcanzar un acuerdo de convivencia, excluirla por la fuerza, sean cuales fueren sus razones parciales, pues la razón política debe ser ajena a las razones particulares cuando éstas pretenden romper la razón superior: la convivencia. 

           

            Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la política de la Generalidad de Cataluña convocando un referéndum secesionista el 9 de Noviembre de 2014, intenta convertir un teórico problema entre España y Cataluña en un conflicto sin solución al intentar apropiarse de una cosa que no es sólo suya.

            Los argumentos históricos, ideológicos, políticos, económicos, no tienen cabida en este asunto cuando el objetivo de esos argumentos es excluir a una de las partes que también es propietaria de ese territorio y que también tiene argumentos históricos, ideológicos, políticos y económicos para quedarse.

            La separación de Cataluña de España sólo prosperará mediante la discriminación de los no separatistas.

        

            Ante esa amenaza, a la razón política sólo le queda una alternativa: neutralizar a los separatistas excluyentes y fomentar los compromisos del resto.

            O lo que es igual: el Presidente de la Generalidad debe ser detenido hoy mismo. Al día siguiente se debería disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones autonómicas, declarando ilegales a todos los partidos políticos que apoyan o persigan la independencia. 

           

            Ese sería el camino para recuperar una gran amistad.

            Lo contrario, el diluvio: la conversión de un problema en insoluble.

           

            Nota: La solución de recurrir ante el Tribunal Constitucional la convocatoria del referéndum separatista es esencialmente inútil, pues mientras los separadores no sean apartados de la Generalidad, el problema continuará, pero peor.


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No al Tribunal Constitucional, sí a la Nación

            Ante la supuesta amenaza del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, respecto a que el Gobierno podría suspender la autonomía catalana si la Generalitat persiste en celebrar la consulta popular el 9 de noviembre del presente, voces autorizadas del Gobierno han dicho pocas horas después de la intervención del señor ministro que no, que no está previsto suspender la autonomía de ninguna Comunidad Autónoma, pues entienden que bastará con dos recursos al Tribunal Constitucional.

            ¿Por qué acude el Gobierno al Alto Tribunal para defender la unidad de España?, ¿no tiene otra opción que no sea la judicial?

            El Gobierno de Rajoy parte de la premisa del ex Presidente Zapatero de que “la nación española es un concepto discutido y discutible”, y para evitar la discusión lleva el asunto nacional a un terreno pretendidamente independiente y neutral: la Constitución, la legalidad.

            Dado que entre las competencias que el artículo 97 de la Constitución atribuye expresamente al Gobierno no está la de garantizar la unidad de la nación, el Poder Ejecutivo se ampara en el genérico y mayestático artículo 2 que declara que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles”, para impedir la independencia de un territorio.

            Es decir, puesto que la Constitución se fundamenta en la unidad de la Nación, la secesión de un territorio dejaría sin fundamento a la Carta Magna.

            O lo que es igual, mientras la Constitución perviva, la integridad de la Nación también lo hará.

            ¿Y quién decide sobre la Constitución? El Tribunal Constitucional, por supuesto.

            Hasta aquí la explicación de por qué el Gobierno ha elegido la vía judicial para defender la unidad del país.

            Trasladar un problema político como la continuidad o no de la Nación a un ámbito judicial (aunque esté controlado por las cúpulas de los partidos políticos) tiene como objetivo evitar que al Gobierno le acusen de ser juez y parte, pues otorgando el poder de decisión a un tercero, a la máxima instancia judicial respecto al control constitucional, el Poder Ejecutivo se lava las siempre sucias manos de la confrontación política en las aguas limpias y claras de la justicia.  

            Ahora bien, debería resultar obvio que si la permanencia de España depende de las decisiones del Tribunal Constitucional, esto significa que la continuidad de la Nación siempre queda al albur de las mayorías políticas que se puedan formar en el referido Tribunal, pues no conviene olvidar que su composición la deciden los partidos políticos.

            Visto lo visto no es absurdo conjeturar con el hecho de que los políticos puedan conformar en el Tribunal Constitucional una mayoría de magistrados que decidan, por ejemplo, que Cataluña no es España si los catalanes lo deciden en referéndum, ergo la separación de Cataluña no afectaría a la Nación ni al fundamento de la Constitución, dado que Cataluña no sería España.

            Pero sobre todo, dejar al Tribunal Constitucional como defensor último de la pervivencia de la Nación supone birlarle al pueblo, a los ciudadanos, la soberanía política para otorgársela a una instancia del Régimen, del Estado de Partidos, en cuanto si la unidad de la Nación es el fundamento de la Constitución, y sobre el fundamento de la Constitución decide el Tribunal Constitucional, es éste quien decide sobre la Constitución y por ello sobre la unidad nacional.  

            ¿Pero acaso le queda otro camino al Gobierno que no sea el judicial?

            Evidentemente que sí.

            La vía política de convocar al pueblo que le otorga el artículo 92 de la Constitución, el cual declara que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.

            Es decir, el Gobierno puede convocar a los ciudadanos españoles, esto es, a la Nación, para que decidan sobre la secesión de un territorio.

            Si no lo hace es para evitar que los españoles decidan, dejando la soberanía popular en manos de un órgano político-judicial controlado por los partidos políticos.
         De esa manera impide que la ciudadanía se pronuncie hoy a favor o en contra del separatismo, y mañana a favor o en contra de la Constitución que ha dado cobijo legal a un régimen donde la corrupción se ha hecho norma.

            Por tanto, remitir el expediente catalán al Alto Tribunal es la forma grosera que tiene el Gobierno de ciscarse en la soberanía nacional a mayor gloria del Estado de Partidos, del Estado Caníbal.

             Una más. Seguramente no será la última.

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El delito de lesa humanidad o la continuación de la guerra por otros medios.

        Dejábamos en el último artículo a apócrifas ONG escudriñando cómo imputar a Cameron por crímenes de lesa humanidad a raíz de su combate contra el decapitador Estado Islámico.

            Y es que la política se ha convertido en una actividad profesional harto peligrosa a fuer de intentar que la violencia desaparezca de la faz de la Tierra. Curiosa paradoja.

           Desde la popularización mediática del delito de lesa humanidad, el político sólo tiene dos alternativas: o se convierte en bambi o se hace yihadista.

           

            En realidad, tiene otra, más lírica que real: transformarse en mago para conseguir que las balas o bombas que dispare contra el enemigo esquiven a la población civil dejándola indemne, al tiempo que hacen blanco en el cien por cien de los objetivos militares.

            Mientras no se alcance esa mágica precisión, la posmoderna espada de Damocles para políticos, esto es, el delito de lesa humanidad, pone a cualquier dirigente  ante una decisión del tipo “lo tomas o lo dejas”: no utilizar la fuerza para no ser acusado de crímenes contra la humanidad o utilizar la violencia con todas sus consecuencias pasando a ser considerado autor de abominables crímenes contra la humanidad.

            Si opta por la primera opción, su pueblo será pasto de alguno de los “Estados Islámicos” que en el mundo hay. Si elige la segunda, terminará convirtiéndose por la lógica de las cosas en un tirano para garantizar que nadie ose procesarle a causa de semejante delito mientras viva.

            Pasemos de las opiniones a los hechos fijándonos en dos casos del pasado siglo que ilustran las consecuencias políticas de la doctrina ético-jurídica llamada "delito de lesa humanidad".

           

            El golpista chileno Augusto Pinochet terminó su gobierno tras la derrota en un plebiscito que convocó en 1988. Es decir, el golpista abandonó el poder de forma democrática,  aunque se mantuvo como jefe del Ejército hasta marzo de 1998.

            Pues bien, Pinochet estuvo detenido en Londres desde octubre de 1998 hasta marzo de 2000 a la espera de ser extraditado a España, en aplicación del principio de “justicia universal” que trata de evitar la impunidad de los denominados delitos contra la humanidad. Finalmente no se concedió la extradición.

           

            Si hubiera sido extraditado su destino no habría sido muy distinto al del antiguo dictador panameño Manuel Antonio Noriega, que después de entregarse al ejército de EE.UU. el 3 de enero de 1990, estuvo encarcelado en aquél país hasta que el 27 de abril de 2010 fue extraditado a Francia, siendo devuelto a otra cárcel en Panamá el 11 de diciembre de 2011. A sus casi 81 años sigue en prisión esperando nuevos juicios. 

            De estos dos sucesos los políticos susceptibles de ser acusados de crímenes contra la humanidad (en realidad, todos) dedujeron el siguiente principio: jamás se debe abandonar el poder, pues la muerte es preferible a la pérdida del poder. O mejor dicho: perder el poder significa morir.

            Véanse ya en el s. XXI, esto es, después de Pinochet y de Noriega, los casos de Sadam Hussein en Irak o de Bashar al-Asad en Siria.

            El primero, después de abandonar Kuwait y perder la guerra con EE.UU. a principios de los noventa, siguió en el poder hasta que en 2003 los aliados volvieron a invadir Irak como consecuencia de los atentados del 11-S. Después de ser detenido y sometido a juicio durante dos años, fue ahorcado la víspera de Nochevieja de 2006, por supuesto, por ser responsable de crímenes contra la humanidad.

            En cuanto al tirano Bashar al-Asad, actual Presidente de Siria, a día de hoy sigue perpetrando crímenes contra la humanidad porque sabe que si deja el poder el destino le tiene preparada una despedida al modo Sadam Hussein.  

            Por tanto, la historia más reciente coincide con la tesis del presente artículo: el delito de lesa humanidad ha provocado que los políticos que en algún momento utilizaron la violencia por el motivo que fuere, terminen sus días convertidos en asesinos de masas aferrados al poder para evitar ser juzgados como autores de delitos contra la humanidad.

            La historia también nos demuestra que la eliminación del referido delito y el ofrecimiento de una salida al tirano ahorra crímenes contra la humanidad.

            Ben-Ali, el Presidente tunecino hasta enero de 2011, abandonó el país rumbo a Arabia Saudí a resultas de un levantamiento popular.

            Gracias a la monarquía de la península arábiga, los tunecinos no sufrieron crímenes contra la humanidad por parte de Ben Alí, pues éste no necesitó cometerlos para seguir viviendo.

            De hecho, nunca fue juzgado por ése delito, aunque enfermo en Arabia Saudí y con 75 años, fue condenado en rebeldía en 2012 por un tribunal militar de su país a 20 años de prisión.

            Si no hubiera habido un refugio para el dictador tunecino en Arabia Saudí, es algo más que probable que Ben Alí siguiera hoy en el poder cometiendo crímenes contra la humanidad como única forma de sobrevivir.

            El delito de lesa humanidad, el principio de jurisdicción universal, dificultan en grado sumo la paz, incluso el armisticio, pues prolonga la guerra, la encarniza, dado que al criminalizar el uso de la fuerza por los políticos convierte el derecho penal en la continuación de la guerra por otros medios.

            En este contexto a los políticos no les queda otra defensa que seguir combatiendo para continuar en el poder como única forma de evitar que se les aplique el dizque derecho penal internacional, esto es, la venganza.  

            El objetivo de la creación del delito de lesa humanidad era que los políticos no usaran la fuerza ante el temor de ser castigados penalmente.

            Sin embargo, ¡oh, paradoja!, lo que ha conseguido es atemorizar todavía más a los políticos que ya lo estaban (bambis), mientras ve la luz una nueva generación política destinada a gobernar precisamente porque no tienen miedo de utilizar la violencia: la de los dirigentes que se ríen del delito de lesa humanidad.

            Los bárbaros asesinos están de enhorabuena: el futuro (y el presente) de la política está en sus manos. 

            Pero no debemos temer, dirán los defensores de la venganza política.

            Al final, cuando los autores de crímenes contra la humanidad hayan matado hasta la extenuación para evitar que les apliquen el referido delito, haremos justicia y caerá sobre ellos la espada de Damocles, la aplicación de la pena por haber cometido el delito de lesa humanidad, o sea, la muerte.

            El problema consiste en que a los muertos que se pudieron haber evitado de no existir semejante delito nadie les podrá preguntar si consideran justo que ellos fueran el precio que hubo que pagar para que los moralistas y los justicieros duerman en paz.


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Media humanidad es culpable del crimen de lesa humanidad contra la otra media.

             

            La creación del Tribunal Penal Internacional en 1998 para perseguir y condenar a los responsables de crímenes contra la humanidad ha sido el último paso en la criminalización de la política.

            En teoría, un supuesto avance del llamado Estado de Derecho.

            En la práctica, convierte a la política en una actividad reservada a dos tipos humanos: los hipócritas cobardes y los fanáticos.

            La definición de crimen contra la humanidad encierra un conjunto de delitos (asesinato, exterminio, deportación, tortura, violación, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales…), cometidos como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil.

            En la guerra librada este verano entre Israel y Hamas (cuando escribo esto se encuentran en “alto el fuego”, aunque en lo que debe ser una versión posmoderna de “alto el fuego”, Hamas sigue lanzando cohetes a Israel), las ONG defensoras de los derechos humanos se ocuparon en declarar “urbi et orbi” por enésima vez que Hamas era culpable de crímenes de lesa humanidad, pero que Israel, faltaría más, también lo era.

            Lo que no se atreven las ONG ni una sola vez es a llevar su razonamiento hasta el final: dado que Hamas cuenta con apoyo popular (en las elecciones generales de 2006 consiguieron mayoría absoluta en TODOS los territorios palestinos, esto es, en Gaza, pero también en Cisjordania) e Israel es una democracia, los culpables últimos de los crímenes contra la humanidad son los palestinos que votan a Hamas y los israelíes que apoyan a su Gobierno.

            El caso no es exclusivo de Israel y Hamas. “Human Rights Watch”, otra ONG, ha acusado hace pocos días de crímenes contra la humanidad al actual Presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, por la masacre hace un año en la acampada islamista en El Cairo.

            Como no podía ser de otra manera, la prestigiosa ONG “Human Rights Watch” tampoco concluye su argumento: dado que en las elecciones presidenciales de junio de 2014, menos de un año después de la matanza por la que se le acusa de crímenes contra la humanidad, el presuntamente asesino Al Sisi ha sido elegido nuevo Presidente del país con el 96,91% de los votos (con una participación del 47,5%), la mayoría de los egipcios son responsables de crímenes de lesa humanidad.

            Cuando los autores de crímenes de lesa humanidad son respaldados por su pueblo, el crimen de lesa humanidad termina en un oxímoron: la democrática humanidad que vota a autores de crímenes contra la humanidad es responsable de crímenes contra la humanidad.

            Es disculpable que las ONG no reconozcan que media humanidad es responsable de crímenes contra la humanidad contra la otra media humanidad, pues si lo hicieran deberían cambiar el argumento ideológico que justifica su existencia, esto es, la eterna, imprescriptible, culpabilidad de cualquier político que usa la violencia, y la tierna inocencia de los pueblos que padecen a los dirigentes que votan.

            Por eso, ahora, deben andar ocupadas en la incriminación del primer ministro británico Cameron como autor de crímenes contra la humanidad por colaborar en la masacre de la población civil que habita en los territorios controlados por el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), cuyo máximo dirigente, por supuesto, faltaría más, es también autor de crímenes de lesa humanidad contra toda la humanidad que no forma parte del EIIL.

            Y mientras se fabrica esa limpia y preciosa equidistancia, los territorios que Cameron ayuda a masacrar (léase Mosul), presentan su tendido eléctrico lleno de cabezas que han colgado aquellos que Cameron intenta liquidar.   

            Seguiremos hablando del referido delito.

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De la casta a la secta

         

           Por lo visto anda muy afanado el Ministerio PSOE por construir la “unidad de la izquierda” con Podemos, IU y Equo (?).

            Una funcionaria del partido socialista, negociado Tertulias, publicó el 5 de agosto un mensaje en su cuenta de facebook que así lo revela:

            “Si de verdad somos de izquierdas, ¿no es lo más eficaz que nos agrupemos todos en el mismo equipo para hacer frente a lo que nos está matando?”

            “Si de verdad sois de izquierdas, si de verdad sabemos dónde hay que juntar esfuerzos, estáis haciendo el ridículo. Una persona de izquierdas sabe que lo importante es cooperar por el mismo objetivo, no competir”.

            Si de verdad sois de izquierdas, demostrad que os podéis sentar juntos, comprometeos y no luchar por el poder parcelado.

            Si de verdad sois de izquierdas haced el favor de no echaos mierda los unos a los otros.

            Si de verdad sois de izquierdas…”. Discúlpenme si no sigo. 

            Semejante letanía es probable que se constituya en la oración de bienvenida a los asistentes a los próximos cónclaves que celebrarán las cúpulas eclesiásticas reconocidas con los nombres de PSOE, IU y Podemos.

            Arengar a los propios al grito de “si de verdad sois de izquierdas…”, no es un argumento de razón, ni siquiera una declaración política, es el rezo del feligrés que anhela ver religado al rebaño en torno a una idea mesiánica, la Izquierda.

            Porque en la secta no se discute el objeto social de la misma, que se da por sentado y está más allá de cualquier discusión.

            Volvamos a la literalidad del mensaje de la burócrata: “una persona de izquierdas sabe que lo importante es cooperar por el mismo objetivo, no competir”, “¿por qué no dignificáis los nobles objetivos de nuestra supuesta lucha común?”.

            ¿Pero cuál es ese noble objetivo de la Izquierda?.

            Por supuesto el mismo que el de cualquier idea mesiánica, llámese Catolicismo, Judaísmo, Mahometanismo: el Bien Universal…, venido al mundo gracias al Catolicismo, el Judaísmo o el Mahometanismo. “Sentaos y demostrad que sois capaces de trabajar juntos por el bien de la ciudadanía”, concluye el responso de la funcionaria política.

            ¿Por qué extraño motivo todas las sectas se apropian del Bien Universal y consideran “al otro” como enemigo, como asesino?. “Hacer frente a lo que nos está matando” –dice la oración que comentamos-.

            El problema de la Izquierda no es que busque el Bien Universal, sino que pretenda conseguirlo ella sola a costa nuestra y en contra nuestra.

            Así, todos los españoles que no sean de Izquierdas son asesinos que les están matando.

            Y en cambio, todos los españoles que sean de Izquierdas son buenos aunque maten de verdad, pues padre no peca. 

            En resumidas cuentas, descubrimos que lo que sustituirá a la tan denostada casta política será una secta pseudoreligiosa.  

            ¿Pero qué es más peligrosa?, ¿la casta?, ¿la secta?, ¿ninguna de las dos?

           

            Sin duda la secta, pues parafraseando a Lee Marvin en “Los Profesionales”, la casta es un “accidente de nacimiento”, mientras que la secta “se ha hecho a sí misma”.

            Lo que en términos políticos significa que la secta puede evitarse que nazca y se propague, mientras que la casta es consustancial a la sociabilidad humana (ver “La ley de hierro de la oligarquía” de Robert Michels). 

            Prueba del diferente grado de maldad  (la bondad, como algunos Estados, es un concepto fallido) es que las sectas se criminalizan en cuanto sus miembros son, literalmente, martillo de infieles; mientras que las oligarquías (la casta) simplemente ignoran o desprecian a los infieles, lo que no les impide dejarles vivir, aunque sea mal.

            La plegaria de la exsecretaria general de la Internacional de las Juventudes (¡qué sarcasmo!) Socialistas revela que es igual de antigua que una monja alférez, pero mucho peor.   

            Amén.

           

POSDATA: El refugio de las sectas son los partidos políticos. Ante la penalización de las sectas, éstas sólo pueden sobrevivir apropiándose de las llaves de las celdas.

            Si quiere acabar con las sectas, vigile a los partidos políticos.


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Antipodemos.

            Para Keith "Stones" Richards. 

  

            Si el líder de “Podemos” tiene por lugarteniente al que llama “el Mick Jagger de la izquierda” yo debo reivindicarme como el Keith Richards de la no izquierda.

              No tenía previsto escribir nada de “Podemos”, pero hoy ha pasado lo que nunca soñé que ocurriría.

            1. Rubalcaba es despedido por el Presidente del Congreso, Jesús Posada, como un estadista y los diputados del PP le ovacionan.

            2. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, es aplaudido por los periodistas después de su rueda de prensa en el Parlamento Europeo.

            3. El Gobierno del PP cree que un PSOE radical le da votos por el centro.

        

  
       El 17 de marzo de 2012, pocos meses después de la llegada de Rajoy a la Presidencia del Gobierno, publiqué un artículo en el blog afirmando que a Rajoy le sucedería una Gran Coalición.

http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2012/03/la-gran-coalicion-i.html

         Dos años más tarde, la Gran Coalición no es el trastorno mental transitorio de un excéntrico sino la única alternativa que le queda al actual régimen político para seguir gobernando, para impedir la llegada del populismo a la enésima potencia, aunque hoy quizás ni la Gran Coalición baste.

         En aquél artículo fundamentaba mi vaticinio en una determinada interpretación del conocido como “juego del gallina”. 

         Recuerden a James Dean en “Rebelde sin causa” celebrar con otro joven una carrera de coches en dirección al abismo de un acantilado: el objeto del desafío era acreditar quién era el más valiente, y el ganador resultaba ser quien frenaba más tarde, el último que se arrojaba del coche justo al límite del precipicio. El que tomaba antes la prudente decisión de parar era el perdedor, "el gallina”.

       Pues bien, el sistema político democrático (o socialdemócrata) basado en la competencia electoral es un caso del juego "del gallina”, porque ante la inminencia del abismo (la ruina), el que apriete el freno más tarde, esto es, el que prometa que va a seguir gastando hasta el último instante, gana la contienda electoral. El calculador que se anticipa a la ruina y se detiene antes, es "el gallina", el perdedor.  

         Debido a este juego siempre vencerá el que prometa o continúe otorgando beneficios económicos a más colectivos, el que asegure que va a gravar con más impuestos a los ricos para sostener el que llaman "Estado del Bienestar”, en definitiva, el que ante la proximidad de la quiebra más tarde rectifique, el que con más demagogia actúe. 

         ¿Prueba de lo que digo? El magnífico resultado electoral de “Podemos” en las últimas elecciones europeas.

         Hasta aquí la confirmación del augurio, pero el “juego del gallina” tiene infinitas vueltas de tuerca en el cada vez más cotizado márketing electoral.

        Rubalcaba (los aplausos de hoy constituyen paradójicamente un sarcasmo cruelísimo), basó su estrategia política siendo Jefe de la Oposición en el susodicho juego, y perdió a manos no del Gobierno, sino del más demagogo que él, “Podemos”.

         ¿Recuerdan la acampada en Sol del 15-M en Mayo de 2011 hasta bien avanzado el mes siguiente?

         James Rubalcaba Dean era el Ministro del Interior consentidor. 
         En su adiós habrá echado de menos el cariño de los que todo se lo deben, pero es que le repudian. Cría cuervos. 

         Y es que quien a demagogia juega, por la demagogia pierde.

         Pero después de lo ocurrido, ¡qué me dicen del PP buscando votos por el centro en unas elecciones gobernadas por la incompetencia demagógica!

         ¿No tiene el PP bastante ejemplo con lo que le ha pasado a Rubalcaba y el PSOE?

         ¿Tan difícil es entender que en el “juego del gallina” (a eso se reduce la batalla electoral) el que pierde siempre es el gallina, es decir, los dizque de derechas?

                 

         ¿Por qué en vez del voto el PP no buscó nunca la excelencia del sistema?, esto es, un régimen político mixto (democracia, pero también la participación de los mejores), único antídoto contra la propaganda y las falsas promesas de los catedráticos de brujería.

         
          ¿No comprenden que si no son elegidos los mejores, lo serán los peores?

         

         El que sólo busca votos entre la multitud encuentra derrotas multitudinarias.

         De nada “arriolas”.  

Felipe VI debe seguir el ejemplo de Xabi Alonso.

            Todo juego ofrece dos satisfacciones a los protagonistas: la victoria y la justificación de la derrota.

            El juego, por ello, siempre es un ejercicio de irresponsabilidad.

            Cuando un juego es sencillo se suele decir que es un “juego de niños”.

            ¿Pero qué juego no lo es?

            ¿No lo es el fútbol profesional, cualquier deporte profesional?

            El responsable del fracaso siempre será el otro, incluso lo otro, pues cómo olvidar a Xavi Hernández echando la culpa al césped alto de las derrotas más clamorosas de su ya ex equipo.

            Cuando hace unos días el otro Javier, Xabi Alonso, dijo después de ser eliminada España del Mundial de Brasil que “no hemos sabido mantener el hambre y la ambición que tuvimos en el pasado. Mentalmente no estábamos preparados y físicamente justos”,  provocó una debacle en el equipo. Sus breves palabras lo hundieron más, mucho más que lo que la derrota lo había hecho.

            Es una cuestión de forma, no de fondo, es decir, da igual que tenga razón o no en lo que dijo, sino que infringió la auténtica regla sagrada del juego: jamás se debe reconocer la culpabilidad de la derrota. Y si lo haces debes dejar de jugar.

            Por ello mismo la política democrática dominada por los partidos políticos (Estado de partidos) es también un juego de niños, un desempeño esencialmente irresponsable.

            Para la oposición todo es culpa del Gobierno, y para éste todo es culpa de la “situación heredada”.

            Si el Gobierno reconociera su responsabilidad debería dimitir y si lo hiciera la oposición tendría que dejar paso a nuevos dirigentes.

            El resultado del irresponsable juego político en España es dirimido periódicamente por el pueblo mediante las elecciones: es éste quien decide que uno gana y otro pierde.

            Hasta ahora la legitimidad que los jugadores-políticos otorgan al laudo arbitral que dicta el pueblo se basa en que el pueblo siempre ha respetado la continuidad de los protagonistas. 

            Los jugadores aceptan al árbitro o al juez porque siempre permite un nuevo partido, una revancha.

            O lo que es igual, mientras el pueblo no haga responsables a TODOS los protagonistas del espectáculo, éstos podrán seguir echando la culpa al otro.

            El juego puede continuar porque la irresponsabilidad permite que los jugadores sigan practicándolo.

            El problema surge cuando existe el riesgo de que el ciclo vaya a terminar, cuando los jugadores titulares de ambos equipos van a dejar de serlo. Cuando TODOS son culpables.

            Esto es lo que ha pasado en las últimas elecciones europeas donde la suma de los votos a los dos grandes partidos no ha llegado al 50%.

            Llegados a este punto los niños-políticos quieren seguir jugando, no se quieren ir a la cama, es decir, al asilo.

            Para ello, para seguir jugando a la madre de todos los juegos, el de la irresponsabilidad, necesitan imperiosamente echar la culpa a otro. 

            Y para ello nada mejor que un Borbón imberbe, Felipe VI Rey de España…, de momento.

           

         "Si toda la culpa la tiene la Monarquía lo único que tenemos que hacer es cambiarla por la República", -será el discurso de la oligarquía moribunda que se niega a reconocer que su partido, la prórroga y los penaltis han terminado-.

            Cuando la clase política de izquierdas corrupta, oligárquica, antinacional habla de que hay que dejar paso a la República por el bien del país, Felipe VI debe tentarse la ropa. De la derecha no debe esperar nada, pues simplemente hará lo que quiera la izquierda.

            El autor del presente artículo está dispuesto a cambiar la Monarquía, por supuesto, pero siempre que también cambie el régimen completo, el Estado de Partidos, es decir, el PP, el PSOE y el sistema electoral proporcional corregido que lo hizo posible.

            Pero no. Eso no.

           A la oligarquía le basta con cambiar Monarquía por República, pues el Estado de Partidos es inocente.

            El juego debe continuar como hasta ahora.

            El problema de Felipe VI es que no tendrá a quién responsabilizar. Él no tiene chivo expiatorio, pues ése papel le ha tocado a él.

            Mientras estuvo su padre podía echarle la culpa.

            Hoy ni eso. 

            No obstante le queda un as en la bocamanga: hacer lo que ha hecho Xabi Alonso, denunciar a los culpables, a los jugadores de la política profesional, al Estado de Partidos, el único responsable de tanta irresponsabilidad.
            El futbolista lo ha hecho porque se va, el Rey lo deberá hacer si se quiere quedar. 

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