El juicio contrasalomónico o la división de lo indivisible (II)

         

            Quiero saldar la deuda que contraje con ustedes en el último artículo, http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2015/02/el-juicio-contrasalomonico-o-la.html por lo que voy a demostrar que el Código Civil regula el uso y tenencia de las cosas comunes mediante dos principios no democráticos, esto es, la unanimidad y la indivisibilidad.

          Se considera que existe una comunidad cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece pro indiviso (sin dividir) a varias personas (art. 392).

            El concurso de esos partícipes en la comunidad, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus cuotas, que se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario (art. 393).

            Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho (art. 394).

            El ejemplo paradigmático de comunidad es un edificio de viviendas.

            Por eso el Código Civil se ocupa de establecer su régimen jurídico de forma pormenorizada.  

          El artículo 396 dice que son elementos comunes del edificio todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute, enumerando el suelo, las escaleras, los patios o la fachada como alguno de ellos, y añadiendo que esos elementos comunes no son en ningún caso susceptibles de división.

            La consecuencia es que ninguno de los condueños podrá, sin consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos (art. 397).

         Ante esta situación tan rígida ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad, por lo que cada uno podrá pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común (art. 400).

            Sin embargo, los copropietarios no podrán dividir la cosa común cuando al hacerlo resulte inservible para el uso a que se destina (art. 401).

            En ese supuesto en que la cosa resulte esencialmente indivisible y los condueños no convinieren que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio (art. 404).

            Los artículos 401 y 404 codifican las enseñanzas del juicio de Salomón: los bienes indivisibles, aquellos que dejan de ser lo que son cuando se dividen, pueden cambiar de manos, pero nunca se parten.

            Los fans de la democracia alegarán que están dispuestos a reconocer la existencia de bienes indivisibles, pero que prefieren que cuando no haya acuerdo entre los dueños acerca de quién se lo queda, la adjudicación se dirima según la voluntad de la mayoría, y no mediante una subasta (art. 404).  

        Se trataría de que la democracia sustituya a la venta como procedimiento de adjudicación de una cosa indivisible.

            Debo impugnar semejante argumento con otro jurídico: la vigente Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que también regla la comunidad resultante de un edificio. 

          En la misma se establece el requisito de la unanimidad para la adopción de los acuerdos esenciales, los de naturaleza constitucional. Enumerémoslos: 

       - Los que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo o en sus estatutos (arts. 5, fin y 17, 1ª LPH). 

          - Establecimiento de las cuotas de participación y su modificación (art. 12 LPH). 

      - La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes (art. 12 LPH). 

             Después de esta sencilla regulación liberal y no democrática, valga la redundancia, del uso y disfrute de las indivisibles cosas comunes, casi nada queda por decir del deseo de solucionar el presunto problema catalán con un referéndum del pudiera salir la decisión de mutilar al niño, esto es, a España. 

         Quizás sólo recalcar el absurdo que supone exigir unanimidad para modificar los estatutos de una comunidad de vecinos y defender que baste el voto favorable del 50% más 1 del censo electoral para dividir un país. 

          ¡Que se cambie la Ley de Propiedad Horizontal para que la mayoría, una clara mayoría, decida también sobre todo lo que afecta a nuestro bloque! -oigo gritar a los independentistas-. 

       Pero si así se hiciera, los minoritarios podrían quedar excluidos del uso de la escalera, o de los patios, por la voluntad soberana de la mayoría. 

         Precisamente para evitar esa estrambótica contingencia se excluye la democracia y se impone la indivisibilidad (juicio de Salomón) y la regla de la unanimidad en la toma de decisiones fundamentales, sin que la gente salga a la calle solicitando "democracia en los edificios ¡ya!". 

        Trasladada a Cataluña esa esquizofrénica hipótesis en la que se priva a algunos copropietarios de los bienes comunes al amparo de decisiones mayoritarias, es obvio no que pueda ocurrir, sino que allí ocurre.

        Y esa privación no es menos dolorosa o más razonable para los perjudicados por el hecho de que sea la mayoría quien lo haya decidido. 

       Esto demuestra que la democracia es siempre poder, pero no necesariamente razón, por cuanto ésta puede hallarse en leyes que, a fuer de liberales, descartan la democracia. 

         Por eso, partidos políticos democráticos no son sinónimo de partidos políticos honestos ni de organizaciones facinerosas, justicia democrática puede significar que haya justicia o no, y la convocatoria de un plebiscito para decidir la secesión de Cataluña puede ser, según lo que se decida, garantía de libertades para todos o la antesala de un insoluble conflicto civil. 

         Democracia es sólo mayorías que se imponen a minorías. Nudo poder.

         Pero como la voluntad de la mayoría no es siempre mejor que la de la minoría, es conveniente excluir del decisionismo democrático asuntos esenciales para los que el tiempo y la experiencia han decantado soluciones justas, en tanto en cuanto protegen el principio superior: la convivencia, la prohibición del "apartheid" a los disidentes, el veto a la limpieza étnica; aunque precisamente por ello deban ser no democráticas.

        El Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal son una prueba de lo que digo.  

         Siento terminar con tan modesta evidencia. 

        Tan evidente que es de Perogrullo, aunque me temo que no a todos se lo parezca. 


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El juicio contrasalomónico o la división de lo indivisible (I)

            La decisión sobre si Cataluña se separa de España o no, quedará a merced de la voluntad de poder de los dirigentes políticos. Es decir, quien sea más fuerte, más listo, más maquiavélico, se alzará con el triunfo.

            No es así, -declaman los oráculos del independentismo-, nosotros somos demócratas. Será lo que la mayoría del pueblo catalán quiera.

            Leamos lo que considera democrático y mayoritario el Comisionado para la Transición Nacional, un tal Carlos Viver Pi-Sunyer, antiguo vicepresidente del Tribunal Constitucional de España y actual magistrado del Tribunal Constitucional de ¡Andorra! (no olvidemos que en Cataluña reinan los Mas, Harpo Mas). http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2014/11/de-harpo-mas-y-harpobrerismo-llegara.html

       

          El prohombre afirma respecto a la declaración unilateral de independencia que, "jurídicamente, con el 50% más 1 de los votos, hay suficiente; políticamente, es recomendable una mayoría cualificada" (El País, sección titulada "Els Comandants del procés", 13 de febrero de 2015, extracto de un libro que se titulará "El tigre sobiranista").

            Con independencia de que términos como "democracia" o "mayoría" suelen ser eufemismos del deseo de los políticos ("els comandants") de imponer sus intereses a los del pueblo, transformado en "tigre" por obra y gracia del "procés"; quiero demostrar que la llamada cuestión catalana no sé si será un problema, pero si lo es, la solución por medio de elecciones o plebiscitos que lleven a la secesión no será una forma justa de reconocer la existencia de una supuesta nación catalana, sino una imposición, el despojo del más débil a manos del nudo Poder, que diría Agamben.   

            Y para ello no nos queda otro remedio que desacralizar, tanto jurídica como políticamente, la palabra mágica: "mayoría".

            Lo de la "mayoría", "clara mayoría" o "mayoría cualificada" como fundamento de la justicia de una eventual secesión tiene su origen en el plebiscito por la independencia celebrado en 1995 en la provincia canadiense de Quebec, que tuvo el apretadísimo resultado de 50,58% en contr y 49,42% a favor.

          Como consecuencia del mismo, en el año 2000 el Parlamento de Canadá aprobó la llamada "Ley de Claridad" que estableció las condiciones bajo las cuales el Gobierno podría aceptar la separación de Quebec mediante un referéndum.

         La referida ley estipula que la Cámara de los Comunes de Canadá tendría la competencia de determinar si una "clara mayoría" independentista se habría producido en una consulta electoral.

       Por tanto, la Ley de Claridad canadiense legaliza y legitima la voluntad de poder de una mayoría. 

       ¿Pero qué significa en términos numéricos una "clara mayoría"? ¿Por qué no se concretó, dejando a la cámara legislativa la potestad de decidir cuándo se ha producido  una "amplia mayoría"?

            La no concreción de una cifra  (¿60, 70, 80% a favor?) supone el reconocimiento tácito de que por muy democrática que sea la consulta y la mayoría que resulte, toda división territorial conduce a una fractura, donde la inequívoca voluntad de poder de un conjunto más o menos numeroso provoca la derrota del resto. 

            "Esa es la esencia de la democracia", -me dirán ustedes-, "la división entre ganadores y perdedores".

            Sin embargo, el hecho relevante es que "el procés" olvida lo esencial, esto es, la existencia de cosas indivisibles.

            De ahí la dificultad y la obscena injusticia, en todo caso, de regular un proceso divisorio de bienes indivisibles aplicando la regla de la mayoría, es decir, mediante la democracia.

            Recordemos el Juicio de Salomón, en virtud del cual el rey de Israel decidió otorgar la titularidad del niño en disputa a la madre que no quería dividirlo, pues la justicia residía en la indivisión del bebé.

            En democracia un juicio salomónico, es decir, la razón está del lado de quien no quiere romper, es irrelevante porque la mayoría es soberana: si ésta quiere dividir, no hay bienes indivisibles, aunque lo que se quiera partir sea un pueblo que lleva conviviendo cientos y cientos de años. 

            Es algo comúnmente aceptado que la política debe ser democrática y que su regla de oro es la mayoría.

            Sin embargo, lo paradójico de aceptar que decisiones mayoritarias puedan separar objetos que no deben serlo es la deslegitimación de la democracia como instancia arbitral pretendidamente justa. 
 

            La democracia dirime un conflicto otorgando la razón a la mayoría, pero la decisión de la mayoría puede no ser razonable. 

            Habremos avanzado suficiente si dejamos sentado de una vez por todas que la democracia es poderosa, pura voluntad de poder de la mayoría; pero no tiene por qué ser equitativa o recta, sino todo lo contrario.

            Para dirimir conflictos donde el objeto del litigio son bienes indivisibles (la escalera de un edificio, un niño o un país) la regla de la mayoría es rotundamente injusta, "antisalomónica", si se acuerda partir, pues aquéllos dejan de servir al fin para el que fueron concebidos. 

            Aunque el eminente jurista de Andorra y "comandant del procés" (en el país de Mas, Harpo Mas, da igual el jurista que el militar) no lo crea, mi argumento tiene una sólida base jurídica. Ni más ni menos que el Código Civil español (el andorrano le desconozco) que regula el uso y tenencia de las cosas comunes mediante dos principios no democráticos: la indivisibilidad y la unanimidad.

            ¡Qué se puede esperar de los malvados fascistas españoles!

         Por mi parte, los artículos ¿fascistas? del Código Civil del s. XIX aún vigente que fundamentan lo que aquí se dice. 
           Pero eso será el próximo día.

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El Poder y la Nada

Hay conceptos políticos que a fuerza de repetirlos ya nadie sabe lo que realmente significan.

Uno de ellos es la palabra democracia, término convertido en mito debido a su improbable cumplimiento y por tanto libre de una determinación semántica precisa.

Sin embargo, existen otros, pocos, que por mucho que se utilicen no existen dudas sobre su significado ni sobre su vigencia, por muy abstractos que sean. Nihilismo, por ejemplo. 

Curiosamente, de la fantasmagórica democracia a la que todo el mundo se refiere no existen apenas ejemplos (¿Suiza, EE.UU. quizás?), mientras que de la idea más oscura, la Nada, se suceden las pruebas.  

La Nada es el vacío, lo que queda después de la destrucción, pero precisamente por ello, el punto de partida de algo nuevo, la tabla rasa.

La Nada es la premisa necesaria para sucesivos comienzos originales, el punto cero de la Creación.

Así, la Nada es la matriz de la arquitectura moderna, pero también de la corrupción urbanística en el Estado caníbal.

En términos constructivos, la Nada es un solar que permite una intervención arquitectónica sobre la que categorías estéticas como bueno o feo carecerán de sentido al tratarse de un acto inédito.

Ante la contemplación del Museo Guggenheim de Bilbao, la opinión que lo juzgue como bello tendrá el mismo valor que la que lo califique de aberración en tanto lo nuevo carece de tradición que sirva de instancia sentenciadora.

Pero la Nada también es el solar baldío que da pie a que los agentes del Estado Caníbal llamados políticos otorguen licencias para construir edificios gigantescos, ciudades enteras, cuyo objeto principal no son los inmuebles, sino la Creación de ingentes masas monetarias antes de hacer Nada.

De la Nada que supone un solar a la Nada que supone ese mismo solar un año después puede haber una diferencia de valor de varios millones de euros por obra de una autorización administrativa.  

Y es que de la Nada los políticos Crean dinero, o lo destruyen (véanse los impuestos).

La Creación de dinero de la Nada sería la característica distintiva de la Economía Política.  

Ahora bien, qué es el dinero. Por supuesto, Nada.

Para acreditarlo podría poner alguno de los vídeos que circulan por you tube del profesor Huerta de Soto rompiendo billetes de diez euros ante sus estupefactos alumnos.

Pero no es necesario, pues cualquier banco central de las economías desarrolladas nos lo demuestra con sus afamadas QE, una medida de política monetaria que consiste en Crear moneda fiduciaria (basada en la fe de la comunidad de que tiene valor, aunque no esté respaldada en oro o en otra cosa que no sea la promesa de pago por parte de la entidad que lo emite) para aumentar la oferta de dinero mediante la compra de bonos de los Gobiernos y el incremento de reservas del sistema bancario.

Sesenta mil millones de euros al mes hasta, al menos, septiembre de 2016, anuncia el Banco Central Europeo que va a inyectar en el sistema financiero.

Naturalmente, tal cantidad ni se creará físicamente ni se pondrá en manos de los consumidores.

Todo lo más, se realizarán apuntes contables en los balances de las instituciones emisoras y receptoras (BCE, bancos y Estados) que tendrán como consecuencia el aumento de valor de los títulos de renta fija (bonos) y de renta variable (acciones).

¿Y qué son los títulos de renta fija y de renta variable?

Por supuesto, Nada. Ni siquiera papel. Una anotación digital.  

No debería sorprendernos que de la Nada surja Nada. ¿Qué otra cosa podría aparecer?  

El milagro reside en que el Poder Crea de la Nada una irrealidad que se tiene y se siente como real, aunque camine paralela a la realidad física.

El valor del dinero, de los productos financieros (desde los depósitos bancarios a los más sofisticados instrumentos de inversión), pero también el valor o no valor de algo tan tangible como cualquier inmueble, es fruto de una decisión del Poder, un puro acto de una voluntad humana.  

Por eso podemos decir que el Poder ha sustituido al Creador.

Por eso se puede proclamar impunemente que Dios ha muerto, pues a rey muerto, rey puesto.  

La Creación del Poder no tiene nada que ver con la hiperrealidad de la que habla Baudrillard o Eco, pues ésta es fruto de la subjetividad de cada conciencia, y por tanto personalísima, mientras que la irrealidad que Crea el Poder es objetiva, ¿o acaso es posible dejar de utilizar el papel moneda?

El destino de la Creación del Poder es una elucubración para la que existen augurios ciertos (la primera QE fue puesta en marcha por Japón en el año 2000 y quince años después sus efectos no han sido los previstos, pues la economía nipona sigue en deflación).

Por eso, la clasificación política relevante ya no es izquierda-derecha, sino nihilismo-realismo, encuadrándose entre los nihilistas la socialdemocracia toda.  

Y es que el nihilismo no es una distopía, es la Constitución del Estado Caníbal.

¿Y la democracia?

Otra realidad virtual Creada de la Nada por el Poder. 

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Sueñan los contribuyentes con deportistas evasores

   
 Parece ser que el Partido Harpobrero Español http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2014/11/de-harpo-mas-y-harpobrerismo-llegara.html a través de uno de sus diputados pide desde twitter el boicot a Repsol, Estrella Galicia y Red Bull por patrocinar a un evasor de impuestos, el sublime motociclista Marc Márquez.

     Dº Marc ha solicitado la residencia andorrana y hasta aquí podíamos llegar, ha debido pensar el Harpo Mas de guardia de la política española.  

     Algunos ven un clamor popular contra Márquez. Es posible, pues los comisarios del Estado forman ya un pueblo.

     Sin embargo, viendo el número de seguidores del deportista en twitter y los del diputado, no parece que la supuesta condición de evasor del señor Marc haya mermado la popularidad de éste o haya aumentado la del congresista por denunciarle.   

     Detalle desapercibido que revela una categoría: los deportistas españoles son adorados por los contribuyentes españoles aunque aquéllos no paguen ni un duro a la Hacienda Caníbal patria. Se llamen Márquez, Nadal o Alonso.

      ¿Por qué?  

     Porque intuitivamente, de forma natural, la ciudadanía diferencia aún con nitidez entre España y el Estado, entre la Nación y el fisco.

     La Nación es un sustrato sentimental, lo que somos porque lo fuimos, una pertenencia común (los triunfos del deportista el ciudadano los siente como propios), la creencia orteguiana.

     El Estado y su Hacienda es un ogro en absoluto filantrópico, un ente artificial que se percibe como invasor y del que se podría prescindir sin que pasara otra cosa que un gigantesco terremoto de alegría.

     La Nación crea españoles. El Estado crea contribuyentes.

    Y por mucho que les pese a los diputados harpobreros de derecha y de izquierda, la condición de contribuyente no constituye la nacionalidad, o lo que es igual, los deportistas españoles son españoles antes que contribuyentes o evasores fiscales.  

   El hecho de que desde la política se denuncie a un deportista campeón mundial que huye del infierno fiscal estatal es un intento más de los agentes del Estado Caníbal (políticos y toda su corte de mantenidos) de legitimar el expolio de éste destruyendo la reputación de los españoles.

     Intento destinado al fracaso, por supuesto. Sólo hay que ver que el piloto ha declarado que se va de España para pagar menos impuestos, pero también para librarse del acoso de los fans.

Huye del Estado Caníbal y de España, dejando a las claras que no son lo mismo.

    ¿Cabe mayor evidencia de la separación entre Estado y Nación que el hecho indudable de que el Estado hostigue a un ciudadano al que sus compatriotas idolatran?

     Y es que la Nación no es un concepto discutido y discutible porque no es un concepto. Es muchas cosas, tradiciones, historia compartida, costumbres, pero también un supuesto evasor fiscal que gana títulos mundiales que los españoles sienten como suyos.   

     En momentos en que la Nación es atacada por tierra, mar y aire, que un muchacho catalán acosado por los servidores públicos y privados del Estado huya del Caníbal, mientras los españoles le siguen venerando es el signo inequívoco de que España pervivirá a los Harpo Mas que se han apropiado de la política y creen poder hacer lo mismo con la Nación.

   
     Nota independiente.
Un Harpo Mas catalán, apellidado Homs, manifestó hace pocos días a resultas del "caso Márquez" que Cataluña "tiene la fiscalidad más alta de todo el Estado español" y que, por ese motivo, no es una comunidad "especialmente atractiva". 
No obstante, aconsejó a Dº Marc que pagase los impuestos en su "propio país, que es Cataluña".
 En principio cabría esperar que el motociclista le hiciera caso. 
Pero no. Al señor Márquez no le ha convencido el comisario. Parece ser que sabe diferenciar entre la Nación y el Estado, aunque  catalanes fuesen ambos. 

 

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Mariano Rajoy, "el Apaciguador"

            El día 12 de Noviembre el presidente de Gobierno compareció en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa para dar su opinión sobre la "performance" independentista de Mas, Harpo Mas, el 9-N en Cataluña.

           

            Cuando se le preguntó si el Gobierno no había hecho dejación de funciones al no impedir la celebración del acto, el presidente dijo que no, que actuó de manera "proporcionada", añadiendo que "hice lo que tenía que hacer", es decir, recurrir al Tribunal Constitucional, que declaró ilegal la consulta.

            Al escucharle tuve la certeza de que Rajoy pasará a la historia como el Chamberlain español del s. XXI. El Apaciguador.  

            Si al recuerdo de Neville Chamberlain siempre le acompaña la frase "la paz para nuestros tiempos", pronunciada en 1938 a su llegada a Londres después de hablar con Hitler en la Conferencia de Múnich, Rajoy pasará a la historia por su lacónico comentario "hice lo que tenía que hacer" para justificar su inacción el día en que tuvo lugar el auto de fe separatista.

            Si la respuesta de Churchill al Primer Ministro británico, miembro del Partido Conservador igual que Chamberlain, fue "tuvo usted para elegir entre la humillación y la guerra, eligió la humillación y nos llevará a la guerra", a Rajoy nadie del Partido Popular le ha contestado con algo parecido a esto: "tuvo usted para elegir entre ejercer de presidente del Gobierno o recurrir al Tribunal Constitucional, eligió el Tribunal Constitucional y desde ahora mismo le invito a que deje de ser presidente".   

            Debo aclarar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no es incompatible con la solicitud de intervención del Tribunal Constitucional, pero aquél no se agota recurriendo a éste, que precisamente es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

            Rajoy ha demostrado no conocer, o no querer conocer, que existen dos medios de hacer cumplir las leyes: el modo "administrativo" y el modo "judicial", utilizando la terminología del sabio Tocqueville.

            El modo administrativo se dirige siempre a la causa, el otro al efecto. El uno es directo, el otro es indirecto.

            Un caso práctico.

          Imaginemos que un pueblo de cualquier país decide y anuncia que un día concreto va a realizar un acto que el Gobierno de ese país considera ilegal.

            El Gobierno decide impugnar la decisión del pueblo en los tribunales, que la declaran ilegal en el ejercicio de sus competencias, pero el alcalde del pueblo insiste que se va a celebrar.  

         En ese supuesto la función del Gobierno, el motivo de su existencia, es impedir que la ilegalidad se produzca en la fecha que se ha anunciado que se va a realizar, ordenando los medios de que dispone el Poder Ejecutivo a tal efecto.

            Y además, sólo además, llevar al alcalde a los tribunales por el acto ilegal que pretendía consumar o que consumó.   

            Si el Gobierno del país de nuestro caso práctico no impide el acto ilegal anunciado con día y hora infringe su principal obligación, esto es, que se cumpla la ley.

            Por tanto debemos volver al principio, a las dos formas de hacer cumplir las leyes.

            Según el modo administrativo, el Gobierno tendría que ser destituido de forma inmediata a iniciativa de los ciudadanos del país o de otros órganos institucionales.

            De conformidad con el modo judicial, todos sus miembros serían puestos a disposición de los tribunales civiles y, si es el caso, criminales.

            No obstante, cualquier parecido del caso práctico con la realidad de la situación política española es pura coincidencia, que diría el "ciencia-ficcionista", que es así como se llama ahora a quien aplica el sentido común y el pensamiento clásico a las circunstancias de la vida social.  

          Por eso "el Apaciguador" no debe temer por sus sinecuras..., o sí.

          Anécdota de la efemérides constitucionalista.
         Parece ser que Dº Mariano Rajoy le ha dicho que nones al señor Pedro Sánchez, Secretario General del Partido Harpobrerista Español, en lo que respecta a su demanda de modificar la Constitución.
          Le alabo el gusto a "el Apaciguador". Dado que no la va a cumplir ni hacer cumplir, qué más le da una Carta que otra. "Con la que hay me apaño" -habrá pensado-.

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Entre Harpo Mas y el "harpobrerismo". ¿Llegará a tiempo Groucho? (I)

Los políticos españoles deben su inspiración a una leyenda del humor, Harpo, el mudo de las películas de los hermanos Marx que se reía a mandíbula batiente de todo el que se le ponía por delante. Eso sí, en silencio, sin hacer el más mínimo ruido.

De la misma forma que los que no quieren ser españoles proclaman que hay muchas formas de ser español, en España también hay varias maneras de ser Harpo.  

En Cataluña todos los Harpos tienen como primer apellido Mas, Harpo Mas, y se concentran en el Parlamento regional con una distribución muy repartida.

Ayer, los Harpo Mas de CiU, pero también los del PSC, se opusieron a que los antiguos consejeros de Pujol comparezcan en la Comisión de Investigación encargada de ocultar el latrocinio del Molt Honorable, ¡pero sí citaron a la representante del Partido Popular, la señora Alicia Sánchez Camacho, que jamás fue ni ayudante del chófer de Pujol!

¿Era necesaria tanta crueldad?.

Cuando acuda la interfecta a deponer, los Harpos Mas serán más Harpos que nunca: no hablarán, no preguntarán. Se limitarán a reírse en la cara de la "pepera".

El PSOE es un partido muy aficionado al tal Harpo, también a Marx, Karl Marx, pero últimamente triunfa la corriente Harpo pura y dura.  De hecho, para ser Secretario General del PSOE en el s. XXI es necesario que te doctore "cum laude" en "harpobrerismo" alguna Escuela financiada por el celebérrimo partido, es decir, por todos ustedes, ja, ja, ja, ja. Cuatro jas.

En qué consiste el harpobrerismo, me dirán.

Es el pos-socialismo, pero no en el sentido de una doctrina o una praxis mejorada respecto a la teoría o práctica original, no.

El harpobrerismo es pos-socialista en tanto en cuanto lo que sigue al juramento de fidelidad al socialismo es la francachela al por mayor a costa de la mayoría silenciosa que, pase lo que pase, continuará creyendo en el socialismo.

No hay duda que para alcanzar tal manejo del arte del trile hay que estudiar mucho. 

Los resultados de tanto esfuerzo intelectual a la vista están.  

También ayer tuvimos un magnífico ejemplo de lo que escribo. El actual Harpobrero Jefe, el señor Sánchez, manifestó que no se opone al blindaje del catalán, es decir, que los castellanohablantes en Cataluña van a ser objeto de mofa con todas las de la ley, legalmente vamos, por los catalonaparlantes. Ja, ja, ja, ja. Otros cuatro jas.

El Partido Popular, lástima, carece de Harpos.

Su dirigencia, su Presidente, es tan débil que ni siquiera tiene fuerzas para reír. Quizás ya ni la mínima necesaria para salir en la foto de familia acompañando a los numerosísimos primos y hermanos Harpo de la política patria. Ellos son Gummo, aquel hermano Marx que jamás apareció en la pantalla.  

Nos quedaría aún el último modelo de baja costura marxiano-marxista: el Harpo Chico. "Podemos" obviarle.  

Pero, ¿y Groucho?, ¿quién es el Groucho de la clase política española, dominada por los Harpos de toda laya?

Después del fracaso de la alianza entre UPyD y Ciudadanos el auditorio pierde la esperanza de que aparezca un talento inteligente y se apodere de la escena antes de que las distintas familias Harpo, que Dios las crea y ellas se juntan, destruyan la Casa Común.

Deben tener paciencia.

Al menos hasta leer la próxima entrada del blog.

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Síndrome de Estocolmo y tabla rasa.

            

           Hoy el diario “El Mundo” publica una entrevista con el Presidente de Extremadura, señor Monago, en el que literalmente declara: “siempre cabe la capacidad de entenderse dentro de un proyecto de desarrollo de Extremadura con Podemos o con quien sea”.

            Con independencia de que el señor Monago no sabe lo que dice (¿pactaría con Hitler?, ¿lo haría con Stalin?, -con un hijo putativo de éste último parece que sí-), sus comentarios coinciden con una encuesta publicada hoy mismo por el periódico “El País” según la cual Podemos es el primer partido político en intención de voto. O lo que es igual, a los prochavistas les votaría la todavía nutrida clase media del país.

            El comportamiento del aún Presidente extremeño, elegido por un sistema político cuyo eventual aliado Podemos pretende destruir, sería comparable al de los diputados de la Asamblea francesa que ante la huida y posterior captura de Luis XVI en las proximidades de Varennes, votaron que el rey no había huido, sino que ¡había sido secuestrado!, aprobando por amplísima mayoría el Decreto de 15 de julio de 1791 que declaró a Luis XVI inviolable; para luego, ¡los mismos diputados!, votar año y medio después la condena a muerte del rey inviolable.

            En cuanto a los ciudadanos que están dispuestos a apoyar a Podemos quizás deban escarmentar en cabeza ajena reflexionando un momento sobre dos hechos históricos ocurridos a sus teóricos enemigos de clase.

            Los traigo a colación (evitando la manida Alemania nazi, Cuba castrista o Rusia soviética) porque demuestran que el voto puede ser el mejor instrumento para imponer la servidumbre voluntaria, incluso a los que no tenían la obligación de servir.

            La nobleza francesa votó el 4 de agosto de 1789 a favor de una ley que autorizaba la compra de los derechos feudales a razón de treinta veces los ingresos anuales que recibían por esos derechos señoriales (“Teoría Pura de la República”, Antonio García-Trevijano). Es decir, intercambiaron las fuentes de su libertad e independencia por una gigantesca masa monetaria que no pudieron gastar antes de ser guillotinados.   

            Algo parecido ocurrió en la Revolución Americana, donde “las leyes más democráticas fueron votadas por los hombres a cuyos intereses más lesionaban, apresurando con ello el triunfo del nuevo orden. El Estado de Maryland, que había sido fundado por grandes señores, fue el primero en proclamar el sufragio universal e introdujo las formas más democráticas en el conjunto de su gobierno”. (“La democracia en América”, Alexis de Tocqueville).

            Resulta obvio que el pueblo español está tan harto de la clase política que cualquier resultado electoral que no garantice la revuelta, la tabla rasa, será considerado alta traición.

            Está bien.

            Pero antes de acudir a las urnas debiéramos recordar que no sería la primera vez que los ciudadanos y todo tipo de clases sociales votan en contra de sus intereses.

            Esperemos que su intención de voto hoy no les obligue a buscar un dictador mañana.

            Ojalá coadyuven al advenimiento de un sistema basado en la libertad política y en los impuestos bajos. Un paraíso fiscal, vaya.

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