López Linares o la metafísica de la América Hispana

 

El pasado 6 de abril tuve la oportunidad de ver la nueva película de López Linares, “Hispanoamérica, canto de vida y esperanza”, y según transcurría recordé una reflexión de Guy de Maupassant a finales del s. XIX donde decía que escribir con verdad no consistía en transcribir los hechos servilmente, sino en “dar completa ilusión de lo verdadero, siguiendo la lógica ordinaria de los hechos”.

Esta idea del escritor francés me ronda con frecuencia porque, siendo fiel aficionado al realismo en todas las parcelas artísticas y culturales, considero que a los realistas de talento se les debería conocer como “ilusionistas” de la verdad.

López Linares es uno de esos realistas-ilusionistas que, con los saberes del artesano que ha acumulado a lo largo de su larga trayectoria fílmica, reproduce con fidelidad la eterna ilusión de la verdad siguiendo una estética ordenación de los hechos.

El elemento que distingue a López Linares y lo convierte en un creador de época es que consigue imponer al mundo su ilusión de lo verdadero hasta dar la vuelta como un calcetín a una historia considerada hasta ahora atroz: la Hispanidad.

¿Cómo logra ese giro copernicano?

Lo hace apropiándose de un objeto a la vez simbólico y realísimo para, partiendo de los cimientos de la historia de España, hacer coincidir todos los elementos fundantes (religiosos, políticos, estéticos, musicales…) con las estructuras mentales que los hispanoamericanos llevan siglos utilizando como modo de vida tanto en lo cotidiano como en lo trascendente.

De esta forma, la inicial ilusión de la verdad de López Linares resulta tan completa que acaba en el redescubrimiento de las creencias de una civilización que, por fin, entiende que ha sido engañada por sus clases dirigentes, por sus artificiales Estados.  

La particular ilusión por la verdad del director logra levantar un velo que produce en los espectadores el efecto de que sus creencias, más allá de demagogias y estatolatrías, se resumen en la palabra Hispanidad.

Este mecanismo artístico que se despliega en las casi dos horas de duración del documental tiene lugar gracias a un equipo técnico en estado de gracia que entiende la ambición de su director. Así, los planos contrapicados de las bóvedas de los templos son un tratado de teología, el guionista teje y teje con hilos de múltiples entrevistas hasta rematar un tapiz colosal, mientras el montaje, de puro elegante, se hace invisible. De la música no quiero decir ni una palabra porque sería ridículo: vayan al cine y emociónense.

Gracias a López Linares y sus artesanos no es condición para disfrutar del placer estético del film compartir lo que hemos denominado la ilusión de verdad de su director.

Ahora bien, sí les anticipo que el recién premiado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes se rodea de su inseparable “Generación 21-21” para que su ilusión quede bien fundamentada.

 

Este grupo de historiadores, filósofos, pensadores… actúa como una suerte de invencible armada intelectual que liquidó la Leyenda Negra hasta convertirla en un mal tebeo en su anterior documental, “España, la primera globalización”, para poner ahora la proa a la Hispanidad como proyecto, en el tiempo histórico de la crisis de los Estados.

En este sentido, la sucinta aportación de Dalmacio Negro (uno de los pocos españoles intervinientes) dando un mandoble a la dinastía estatista borbónica, valga la redundancia, prefigura por dónde no debería ir el negocio.  

Galvanizada por el propio López Linares a través de sus dos últimas películas, esta generación merece un último comentario a la luz de su impacto de largo alcance en el campo cultural a ambos lados del Atlántico.

La intelectualidad de izquierdas ya les adjudicó, desde su superioridad moral, el lugar de la posición dominada o subordinada por dizque “neocolonialista”.

No obstante, siendo conscientes de que en todo juego la posición es lo esencial, sus miembros saben que en este momento “finiestatal” estar en fuera de juego es la única posición que les garantiza plena autonomía.

El debate planteado por el ministro de Cultura de cuota respecto a “descolonizar los museos”, nos sirve para poner de manifiesto el contraste en el campo cultural entre las posiciones dominantes estatales y las dominadas, pero autónomas, de la “Generación 21-21” cuyo eje vertebrador son los documentales de la productora "López- Li Films".

Con ese enfrentamiento finalizamos como empezamos, esto es, con la ilusión de la verdad.

Por un lado, la privada de un artista frente a la “negrolegendaria” del Estado español.

Cuando contemplen la metafísica de la América Hispana que compone López Linares quizás deduzcan que contiene cien veces más verdad la “illusio” cinematográfica de éste que las ilusorias pretensiones de realidad del cuento descolonizador ministerial.

Paradojas del arte grande.

 

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Glotonerías legislativas VII

 

La ridícula paradoja del Estado revolucionario de Derecho reside en que cuanto más se aplique su legislación "woke" más se acerca a su final. 

La “estatalución contra el modo de vida "fascista"

Como ya indiqué en un artículo de la serie, para que haya “víctimas woke” tiene que haber culpables, para que las primeras tengan derechos otros tienen que cargar con las obligaciones.

El responsable de las “víctima woke” es una categoría muy concreta: el hombre blanco que quiere defender a su familia, es propietario y paga al Estado más de lo que recibe del mismo. En su terminología, el culpable de sus desgracias es el “fascista” y su modo de vida.  

Si no hubiera “fascistas” no habría “víctimas woke”.

Precisamente por ello, la “solución final” que se proponen consiste en la desaparición de los culpables que no se quieran convertir. Por eso insisto en afirmar que la "estatalución", la revolución del Estado es una estrategia de guerra civil.   

Ahora bien, la eliminación de los hombres, de las familias, de la propiedad y de los que financian al Estado ¿qué supondría?

No es difícil intuirlo: si los hombres desaparecen porque se convierten en “víctimas woke”, es decir, en mujeres, éstas tendrán que compartir sus baños con mujeres legales, pero con hombres biológicos; si las mujeres denuncian a sus parejas cada vez que riñan para convertirse en empoderadas “víctimas woke”, las familias serán destruidas; y si todos los ciudadanos reciben del Estado más de lo que aportan, la Hacienda pública colapsará.

El pueblo “no woke” salva al Estado “woke”

Espero que hayan entendido por qué al principio del artículo señalé que el contrasentido de nuestro Estado revolucionario de Derecho no es otro que cuanto más se usa su legislación más cerca está su colapso.

No obstante, la paradoja superior la encontramos en que es la masa inerte que se opone de mil formas espontáneas e inconscientes a la aplicación de la legislación woke, la que impide que el cataclismo se hubiera producido ayer.

Así, el hombre que elige seguir siendo culpable no usando la ley “trans” para convertirse en mujer, es el que impide la barbarie cotidiana; la mujer que renuncia a denunciar a su marido por una disputa doméstica para no convertirse en “víctima woke” utilizando la ley de “sólo sí es sí”, es la que salva a su familia y a sus hijos; y los ciudadanos que no dependen del Estado que los esquilma son los que hacen que, precisamente ese Estado, se perpetúe y siga expoliándoles.

En estas condiciones, cómo puede oponerse el pueblo "no woke" a su Estado "woke".

 

Sólo nos queda la aceleración

Ya desarrollé en un artículo anterior los motivos por los que es inútil oponer una fuerza de choque al Estado revolucionario de Derecho.

No obstante, si resulta infructuoso neutralizarlo, ¿qué sentido tiene ni siquiera intentarlo cuando ya sabemos que cuanto más avanza la “estatalución” más se aproxima al abismo?

Por tanto, si frenarlo no es posible y además resulta contraproducente al ser el pueblo "no woke" el que salva a su Estado "woke", sólo queda una alternativa: acelerar. 

Las leyes físicas vienen en nuestra ayuda para facilitar lo que quiero decir. 

Aceleración es igual a incremento de velocidad en un intervalo de tiempo.

Aumentar la velocidad de ejecución de las políticas woke en un breve lapso de tiempo. 

He ahí un auténtico programa revolucionario para una innovadora quinta columna enzimática. 

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Glotonerías legislativas VI

  

A los amigos que esperan una revolución y aún no han leído mi anterior artículo siempre les contestó de la misma forma: ¿otra?

Ellos anhelan una revolución popular para hacer frente a la revolución estatal, pero se resisten a ver que el único actor político que queda es el Estado y que éste, periódicamente, revuelve la sociedad para aumentar su Poder fragmentando aún más cualquier organización intermedia (familia, empresas...) 

El procedimiento que utiliza para lograrlo en regímenes de competencia electoral es el "juego del gallina" (gana el suicida, pierde el prudente) del que tanto me he ocupado en el blog.

La ley “trans”, la ley de “sólo sí es sí”, la ley de “bienestar animal”, ¿qué son sino una revolución desde arriba con el objeto de provocar una contienda civil de las “víctimas woke” contra el resto, que ni el mejor profesional de la insurrección pudo ni siquiera proyectar?

No obstante, a toda revolución le llega su Termidor, su fin, con independencia de lo que haga el pueblo.

Y a esta por la que transitamos le pasará exactamente igual.

Por tanto, el problema no es si terminará, sino cómo lo hará.

Analicemos las posibilidades de intervención popular en el desenlace de la rebelión del Estado.

Para ello, lo primero que debemos entender es que en las presentes circunstancias el único poder de un pueblo que asiste con asombro, pero con la palma de la mano extendida, al despliegue de una revuelta estatal es la reacción, la contrarrevolución.

Olvidémonos, pues, de cambio de régimen, de Cortes Constituyentes, de recuperar la libertad política…  

Ya comenté en el anterior artículo de la serie ("Glotonerías legislativas V") los motivos que convierten en una quimera el deseo de que el pueblo se alce, ni siquiera electoralmente, contra la mano que le da de comer. 

Sin embargo, los ciudadanos sí retienen capacidades que les pueden permitir, sin necesidad de inmolarse, neutralizar la "robolución" de la oligarquía: acelerarla para anticipar Termidor, para adelantar su colapso.

En un artículo de mayo de 2015 titulado “Los Futuros Irresistibles” ya describía la situación que hoy vivimos, en la que concurre como clave de bóveda “la aquiescencia de las víctimas” a “un régimen de opinión pública favorable a la antropofagia”.

En el mismo post identificaba el problema que podría hacer fracasar la insurrección del Estado: las prisas de los políticos por culminarlo. 

Es esta la causa por la que el PP de la Agenda 2030 solicita al PSOE una Gran Coalición no declarada con vistas a moderar el ritmo de la “estatalución” (efecto de la acción del Estado) porque determinados sectores de la oligarquía empiezan a entender que o se lentifica la demagogia o el plan descarrila.

Pues bien, si la revolución del Estado es inevitable y el único miedo de los políticos son los excesos que pueden terminar con la caída por el precipicio, la alternativa para el pueblo que quiere oponerse es sencilla: asistir al suicida.

A los ciudadanos sólo les queda reconocer al Estado soberano la libertad y el poder de suicidarse, pero también ostentan el derecho de facilitarle cuantos medios necesite para que su iniciativa tenga éxito despeñándose por el barranco de una vez por todas.

Es la manera menos mala de concluir la revolución con fines guerracivilistas que el Estado ha planteado al pueblo: que se cumplan los deseos estatales, esto es, que se consume su suicidio, que no tiene por qué ser el nuestro.

Mi propuesta no tiene nada de novedosa ya que fue esa estrategia la que impulsó el Gobierno Rajoy en 2017 para contrarrestar el “juego del gallina” de los independentistas catalanes, incentivando la fuga de las empresas de Cataluña para ayudar al suicidio del "pelotón chiflado" que dirigía la Generalitat.

En este artículo de octubre de aquel año lo expliqué.

Ahora, la forma de asistir al suicida la sirve en bandeja el propio Estado de Derecho con su legislación woke: unas derogaciones aceleradas serán suficientes para el triunfo de la reacción generadora. 

Pero eso quedará para siguientes entregas.

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Glotonerías legislativas V

 

Muchos de los lectores que están siguiendo la serie sobre la ley de “sólo sí es sí” se muestran escandalizados, más incluso que por la norma, por el hecho de que la gente no se oponga.

El malestar de los descontentos con el sistema político tiene como corolario su incomprensión por la ausencia de respuesta del pueblo.

No obstante, ¿cómo hacer frente al Gobierno cuando la población la integran una masa de individuos descoordinados y dependientes del Estado del que deberían abjurar?

Un pueblo atomizado y en situación económica precaria sólo es capaz de adoptar, en el mejor de los casos, ineficaces medidas defensivas porque conoce su incapacidad para controlar o destituir a sus gobernantes.

Los más combativos de una multitud dividida en civiles aislados intenta escapar siguiendo la máxima de “sálvese quien pueda” (bitcoin como forma privada de garantizar una reserva de valor quizás sea el producto más refinado) pero del Estado no se sale, huir es imposible. 

Algunos aún creerán que el Estado puede regenerarse vía elecciones democráticas.

Mi opinión es que la posibilidad de que cambien las políticas destituyendo al Gobierno es nula porque el régimen tiene una enorme capacidad para “fijar votos” por el antiquísimo procedimiento de comprarlos (“clientelismo”).

Así, los sistemas políticos con competencia electoral tienden a reproducir el estado de cosas, pues los partidos saben que no hay voto más seguro y fiel que el asociado a un beneficio económico concreto para el elector. Y en esa tarea de captar lealtades se afana la oligarquía política durante sus mandatos.

El pueblo subordinado al Estado Total (total en cuanto domina todo el espacio social) sabe que si protesta está tan cerca de perder su pequeño bienestar como lejos de poder ejercer su teórica soberanía.

Por tanto, demandar subversión al ciudadano pensionado, subvencionado, paniaguado es pedirle peras al olmo, pues el clientelismo rampante reduce a la mínima expresión las posibilidades de decirle no al amo.

Si la democracia pretendía ser el instrumento del poder popular, la corrupción lo ha transformado en un zoco donde toda ambición se reduce a la mezquina búsqueda de prebendas a cambio de fidelidad en las urnas.

Por tanto, declaro al pueblo, inocente de su servidumbre.  

Valga esta digresión en el análisis de la ley de “sólo sí es sí” y en la deconstrucción del concepto de “víctima woke” para hacer entender a los indignados que, sin partir de los hechos aquí expuestos, jamás entenderán que no es la cobardía, sino el estado social el que determina que el pueblo no rechiste. 

No obstante, sí hay alternativa, sí cabe una oposición eficaz sin tener que exigir a los paisanos que se inmolen o que muerdan la mano que les da de comer. 

Una resistencia no a la altura del Estado democrático que jamás tuvimos, pero sí al nivel del estado de naturaleza al que nos aproximamos. 

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Glotonerías legislativas IV

En el último artículo dejábamos definida a la “víctima” como el sujeto sacralizado cuya liberación justifica transformar la actividad política en guerra civil. 

Dado que la idea de guerra civil puede parecer desmesurada para ciudadanos acomodados en las delicias de la democracia liberal y las elecciones libres, intentemos demostrar que el “wokismo” no tiene otro fin. 

 

Resolver el problema nunca fue su problema

Situar a la “víctima” en el centro de la acción política (la ley de “sólo sí es si” recalca el “enfoque victimocéntrico” de la misma) supone atender a las consecuencias obviando las causas.  

Todos somos víctimas de las consecuencias (de un desengaño amoroso, de un fracaso profesional, de nuestra afición a las patatas fritas que nos proporciona la industria alimentaria…) pero lo esencial reside en evitar la reproducción de las consecuencias actuando sobre el motivo de las mismas.  

Precisamente por ello, la casta política se desentiende de la corrección de las causas por el riesgo de quedarse sin su nuevo sujeto revolucionario, sin la “víctima”.

Sólo así se entiende la rebaja de las penas, que ha supuesto una prueba tan flagrante de su nulo interés por prevenir y desincentivar los delitos, que han tenido que rectificar para que no se les vea tanto el plumero.          

Si se priorizan las consecuencias del delito (la víctima) en perjuicio de la neutralización del mismo, asumamos que el problema que alegan (el crimen) nunca fue su problema.   

 

La legislación como fábrica de "víctimas woke"

El objeto del presente análisis no son las víctimas que sufren violencia o lesiones físicas, sino sólo las “víctimas woke”, las únicas aptas para ser utilizadas en una estrategia de guerra civil. 

Así, las víctimas públicas de la inflación económica creada por la emisión monetaria del Estado, por ejemplo, no sirven.

Sólo merecen atención legislativa y administrativa las víctimas privadas a las que se les pueda asociar un culpable inmediato y objetivo al que previamente se le ha criminalizado. 

Es la “víctima woke” la que crea su autor mediante la construcción anticipada de un chivo expiatorio.

No es el culpable el que da lugar a la víctima después de una acción criminal contra ella, sino la “víctima woke” la que se autoconstituye mediante la estigmatización preventiva de un culpable.

Nadie en su sano juicio puede oponerse a condenar a un criminal que provoca daños a otro.

Sin embargo, es el propio sistema judicial basado en la presunción de inocencia, quien no puede condenar de forma automática a los señalados “a priori” como culpables por el sistema de fabricación de “víctimas woke”.

Por este riesgo judicial, las “víctimas woke” no necesitan acreditar el hecho material del delito para ser reconocidas como tales. Les basta con el ejercicio de una acción meramente formal: denunciar.  

El “wokismo” utiliza la parte de la jurisdicción que le interesa. La fase inicial, la denuncia, sí. La intermedia y la de terminación donde se verifica si el delito ha quedado probado, les resulta irrelevante.

La diferencia entre el elemento formal (denuncia) y el material (prueba) resulta clave para determinar los dos tipos de víctimas: las víctimas y las “víctimas woke”.

Los promotores de la ley de "sólo sí es sí" no tienen recato en confirmar que hay dos modelos penales en este tipo de delitos: el suyo, al que basta la denuncia (derecho penal de autor) y el que exige la prueba del delito (derecho penal garantista). 

Pues bien, si has fabricado una víctima a tu medida y has identificado al autor, ¿acaso vas a renunciar a la aniquilación de tu enemigo cuando incluso haces caso omiso al Poder Judicial que, al aplicar los principios generales del derecho, determina en un procedimiento contradictorio quiénes son víctimas y quiénes no?  

 

Una guerra civil con infinitos frentes y un único vencedor

Garantizada la adquisición de la categoría “víctima woke” por el mero ejercicio de la denuncia, sólo faltaba el incentivo de la concesión de derechos económicos, laborales, asistenciales… para asegurar el aumento exponencial del clientelismo vinculado a los delitos sexuales.

Pues bien, si no es para ser empleada por la oligarquía política en un programa de guerra civil, ¿cuál es el objetivo que se fija para esta multitud que crece y crece? 

A este respecto, no creo que sea necesario extenderme para detallar la capacidad destructiva del concepto "víctima woke" para el orden social. 

Si para la lucha de clases el enemigo del proletariado era siempre el minoritario patrón que explotaba a una generalidad de trabajadores, quedando fuera del combate el ámbito familiar; ahora cada víctima tiene adjudicado  su culpable y está dentro de cada casa, familia o pareja.

Tenemos a la vista una guerra atómica, no por su vínculo con la energía nuclear, sino por el hecho de que el escenario de la misma transcurre en cada una de las unidades más pequeñas de la vida en común con la finalidad de arruinarlas.    

Si la lucha de clases afectaba sólo a las relaciones de producción, la “victimocracia” (término que debo al profesor Domingo González) entra de lleno en las relaciones personales, en los sentimientos (no por casualidad la ley de “sólo sí es sí” pone el acento en el con-sentimiento”) acabando con el libérrimo orden familiar o interpersonal para sustituirlo por una reglamentación disciplinaria ordenada por el declarado enemigo del cincuenta por ciento de la ciudadanía.

Se trata de una guerra civil a mayor gloria del Estado y de la oligarquía que lo usufructúa en su beneficio, pues es obvio que las “víctimas woke” son creadas por una nueva clase dominante a las que fideliza mediante la concesión de privilegios, y que se otorga a sí misma el derecho a criminalizar a la mitad de la población por el simple procedimiento de hacerles cargar con la pena de la presunción de culpabilidad, liquidando así un principio indispensable de cualquier civilización: el de igualdad ante la ley.

Utilizando el título de una famosa película, nos encontramos con “La guerra de los Rose” elevada a la enésima potencia, cuya fuerza de aniquilación podemos intuir analizando los resultados guerracivilistas de la aplicación de la Ley 1/2004, contra la Violencia de Género.  

 ¿Lo ven ahora?

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"Glotonerías legislativas III"

 

El análisis realizado en los dos últimos artículos tanto de la "victimocéntrica" ley de "sólo sí es sí" como de la diferencia radical entre el número de condenas penales por violencia de género y el número de mujeres consideradas víctimas de violencia de género, nos sirve para traer a discusión un hecho clave de la política contemporánea: la "víctima" ha sustituido al proletariado o al ciudadano como sujeto de la revolución.  

 

De denunciantes a víctimas sin solución de continuidad

Cuando la jueza podemita Rosell rechaza el "punitivismo" contra los agresores sexuales, mientras su Gobierno amigo hace una ley que pone en el centro a las "víctimas", se está lanzando un mensaje muy claro a la población: la seguridad de las mujeres no es el problema esencial porque la acción pública no se concentra en el delito y su castigo, sino en las denunciantes que por el hecho de serlo pasan a ser consideradas "víctimas".

Este desplazamiento terminológico resulta interesante.

¿Por qué la denunciante se convierte en víctima sin necesidad de que el denunciado haya sido declarado victimario en un procedimiento penal?

¿Por qué a las denunciantes cuyos procesos no concluyen con penas, no se las sigue llamando denunciantes para diferenciarlas de las víctimas que sí han obtenido condena de sus agresores?

¿Quién es el culpable de la "víctima" cuando, por ejemplo, en el penúltimo trimestre de 2022, de los 38.522 asuntos que trataron los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el 64,57% (24.870) fueron absoluciones o no llegaron a juicio? 

¿Cómo puede haber una víctima cuando no se ha declarado un culpable?

 

La “víctima” nuevo sujeto revolucionario

La banalización del concepto de víctima, pues para la legislación "woke" tan víctima es la mujer violada como la que ha denunciado una injuria, pone en evidencia que su objetivo prioritario no es la protección de cada mujer contra la violencia sexual (ver la reducción de las penas) sino la politización del cada vez más numeroso colectivo de víctimas.

¿Por qué esta obsesión en ampliar su número, con independencia de que las denuncias terminen con sentencias condenatorias o no?

En primer lugar, porque cuantas más víctimas más burocracia para atenderlas, más presupuestos, más negocio político. Sólo hay que ver los innumerables entes públicos involucrados en la ley de "sólo sí es sí" que necesitarán la gasolina del dinero para funcionar.

En segundo lugar, la multiplicación de las víctimas favorece la extensión del clientelismo, pues cuando basta con presentar una denuncia para obtener la calificación de "víctima" con derecho a beneficios económicos, laborales, asistenciales... se incentivan las denuncias con el fin de ser beneficiario de las compensaciones que los políticos ofrecen.   

En función de estos dos elementos, no sé si la ley de "sólo sí es sí" tendrá como resultado una mayor libertad y seguridad para las mujeres, pero lo que puedo prever es que se traducirá en un aumento exponencial de las "víctimas", lo que a su vez redundará en un crecimiento de la burocracia y de sus presupuestos para atender a aquéllas y sus "necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales", a sus derechos a "servicios sociosanitarios", de "salud mental", de "asistencia personal"... (echen un vistazo a la ley de "sólo sí es sí").

De esta manera, la "víctima" se convierte en el nuevo “paria de la Tierra” y, por tanto, en el mítico sujeto revolucionario que garantiza la reproducción de la casta política que se atribuye su defensa, pues ¿quién será el "fascista" que se oponga a los justos derechos de las "víctimas"? ¿quién será el "nazi" que se atreva a recordar que el origen de las "víctimas" puede residir en una denuncia sobreseída?  

  

Así se destruye al enemigo

La politización de las "víctimas" que fabrica la legislación "woke" tiene como finalidad primordial convertir a las marcadas como "víctimas" en un instrumento para destruir al adversario, pues el nudo de la cuestión no reside en la protección de las mujeres sino en la liquidación del enemigo.

Veámoslo.

Una de las características de este constructo es la radical discriminación entre víctimas. 

Por ejemplo, las víctimas públicas no existen. Las víctimas públicas de la inflación, de las prohibiciones arbitrarias o de los impuestos confiscatorios jamás tendrán la consideración de víctimas.

Otro de los rasgos es su "patrimonialización", su privatización, pues sólo las víctimas que designen los fabricantes de las leyes woke son víctimas “pata negra”, es decir, se constituye un negocio privatizado que se financia con dinero público.   

Y por último, para que haya víctimas tiene que haber culpables. 

Si en un alto porcentaje de casos los jueces no los encuentran, vienen en su auxilio los políticos: los culpables son, por supuesto, la categoría política de los "hombres" como encarnación del Mal. 

Pero con carácter aún más general son tenidos como culpables las "no víctimas", esto es, los hombres y mujeres que, se opongan o no se opongan, van a financiar con sus impuestos la "autonomía económica de las víctimas”, “la reparación integral” de las mismas, “incluida su recuperación, su empoderamiento y la restitución económica y moral” . Ver artículo 1.3 d) y e) de la ley de “sólo sí es sí´”.

Resulta una terrible paradoja que se atribuya la culpabilidad política a quienes paguen tributos religiosamente, a los se resistan a presentar denuncias por delitos de violencia sexual, a los que no reciban ninguna compensación del Estado, pues ellos serán los que tendrán el deber de empoderar a las víctimas por obra y gracia de su dinero y su probidad.  

La guerra civil de la "víctima"

En definitiva, discriminación entre víctimas, "patrimonialización" política de éstas, división social entre "víctimas" y "no víctimas" o culpables. 

Estos tres elementos configuran una sacralización del concepto de "víctima" que justifica la transformación de la lucha política en guerra civil, pues quien niegue los derechos de las víctimas que designe la casta política pasa a ser el enemigo que merece ser destruido por "ultra", "indecente" y "criminal".  

Una guerra civil desequilibrada, pues una parte está perfectamente organizada como minúscula oligarquía política que se ha apoderado de las víctimas para acaudillarlas, mientras que la otra se encuentra aislada, confusa, sin liderazgo político que entienda la naturaleza del conflicto planteado y que se conforma con sobrevivir mientras no diga ni pío y pague impuestos con los que financiar a los que le perdonan la vida.

Veremos cómo se pueden igualar las fuerzas. 

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Glotonerías legislativas II

 

Según el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, en el tercer trimestre de 2022 (antes de la entrada en vigor de la ley "sólo sí es sí") se produjeron casi 50.000 denuncias.   

No nos quedemos con el número y vayamos a un breve desglose de los datos que nos facilita como "archivo asociado" un PDF que aparece al final del informe. 

 

De los 38.522 asuntos tratados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (los que se ocupan de los delitos leves como los previstos en los artículos 153 y 173 del Código Penal, o de los quebrantamientos de medidas y penas) la forma de terminación fue la siguiente:

461 con sentencia absolutoria.

6.000 con sentencia condenatoria.

7.652 fueron elevados al órgano competente (Juzgado de Instrucción...) y obviamente no podemos determinar el resultado final.

970 con sobreseimiento libre.

¡15.195 con sobreseimiento provisional!

Y 8.244 otras formas de terminación (?)

Es decir, de los 38.522 asuntos que trataron los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el 64,57% (24.870) fueron absoluciones o ni siquiera llegaron a juicio.

Otro dato del informe.

En el trimestre donde se produjeron 50.000 denuncias, hubo 6.000 personas condenadas por delitos leves, 4.004 condenas de los Juzgados de lo Penal (los que pueden imponer penas de hasta 5 años) y 48 de las Audiencias Provinciales (las que se encargan de los procedimientos con eventuales castigos de privación de libertad superiores a 5 años).

En total, 10.052 sentencias condenatorias,* de las cuales el 59,68% fueron por delitos considerados leves.

 

Para terminar, el último dato.

El informe declara que hubo 47.955 mujeres víctimas de violencia de género.

O lo que es igual, el número de víctimas prácticamente coincide con el número de denuncias (49.479) con independencia de lo que hayan dictaminado Juzgados y Tribunales.

Repitamos: 

En el tercer trimestre de 2022 hubo 49.479 denuncias relativas a violencia de género. 

De los 38.522 asuntos tramitados por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 24.870 (el 64,57%) fueron absoluciones o ni siquiera llegaron a juicio.

Las condenas en todas las instancias judiciales fueron 10.052.

Pero las víctimas fueron 47.955.

Recuerden que estos números se producen sin ni siquiera haber entrado en vigor la ley de "sólo sí es sí", que afirma tener un "enfoque victimocéntrico".

* Desconocemos las fechas en que se interpusieron las denuncias que motivaron la totalidad de las 10.052 sentencias condenatorias del tercer trimestre de 2022.

  

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