sábado, 30 de mayo de 2020

Covid 19, Operación Acordeón IV



El Gobierno de las pagas pide una paga 


Anda la opinión publicada que si sí, que si no respecto a la condicionalidad de las "ayudas" de la Unión Europea a España para afrontar la imprescindible ampliación de capital que seguirá a la crisis del Covid 19.

Sin más preámbulos diré que no voy a utilizar ni una vez más la palabra "ayuda" porque la pretensión del Gobierno español de recibir donaciones de otros Estados vía UE es puro cinismo. ¿Por qué nos va a regalar algo nadie?

Para entender el innovador tipo de contraprestación que se va a exigir a España a cambio del dinero para la ampliación de capital, voy a retroceder en el tiempo para explicar el difícil, pero antiquísimo, negocio de financiar a los reyes.

El problema para los prestamistas de los monarcas no fue otro que el colateral, los activos que ofrecía el rey para garantizar el cobro del crédito, ¿pues qué opciones le quedaba al prestamista si el soberano entraba en "default" (impago)?

Entrando al detalle, recordemos a los banqueros alemanes de los reyes españoles del siglo XVI.

Jacob Fugger financió la elección de Carlos I de España como emperador en 1519 del Sacro Imperio Romano Germánico con medio millón de florines, que debía recuperar con las rentas que generaban al monarca el territorio del Maestrazgo (las rentas de los ingresos de las Órdenes de Caballería de Santiago, Calatrava y Alcántara) la plata de Guadalcanal, en Sevilla, y el mercurio de las minas de Almadén.  

Además, abrió la posibilidad de que los extranjeros pudiesen invertir en América en igualdad de condiciones con los españoles, tomando la iniciativa emprendedora otra dinastía de banqueros teutones, los Welser, que pasaron a ser los primeros europeos no latinos que colonizaron el Nuevo Mundo.

No obstante, los préstamos nunca se terminaron de pagar y los reyes llevaron a la quiebra a sus financieros.

El Emperador Carlos I arruinó a Castilla y cuando su hijo Felipe II accedió al trono en 1556, al año siguiente tuvo que renegociar toda la deuda alargando los plazos y reduciendo el interés.

El problema nunca cesó y entre 1575 y 1576, la insolvencia real afectó no sólo a los Fugger sino que a punto estuvo de hacer quebrar a la ciudad financiera de Amberes.

Por último, en 1596 Felipe II volvió a suspender pagos.

En cuarenta años tres "default". España en el s. XVI fue como Argentina hoy, un "defaulteador" en serie.

Lo relevante de esta pequeña historia es que los ricos banqueros centroeuropeos quebraron y terminaron desapareciendo (de Matías Welser se perdió hasta el rastro) debido a los incumplimientos de los monarcas, mientras que España sobrevivió a los impagos.

Hoy nos encontramos en la misma situación que hace cinco siglos. 

Hoy Alemania (hablo de Alemania y no de Unión Europea porque si aquélla se negase simplemente no habría financiación europea) es (como lo fueron hace cinco siglos sus financieros) el banquero español, con la diferencia de que España ya no tiene imperio, pero tampoco una renta petrolífera, ni siquiera moneda propia para financiar con su emisión los déficits. Es decir, tiene un pésimo colateral con el que poder garantizar su deuda.

En definitiva, la clave sigue siendo cómo prestar a un deudor no especialmente fiable sin que el acreedor se arruine. 

El punto de partida es una montaña de deuda y una legión de políticos torpes que viven a costa de los impuestos que extraen del pueblo, cuya mejor idea para ejecutar la  ampliación de capital que exige la economía del país es una comisión de reconstrucción codirigida por el líder del Partido Comunista de España.

La primera pregunta que debería haberse hecho la flamante comisión es si España necesita endeudarse más y en qué cuantía. Y para ello hubiera sido esencial analizar qué gasto se puede reducir.  

La cuestión es que el Gobierno de Sánchez parece incapaz de realizar semejante ejercicio contable. Sólo sabe pedir y gastar.

En política interna no parece tener otra misión que conceder pagas a cuanta más gente mejor (afirman con gran jolgorio que su medida estrella de la legislatura es el "ingreso mínimo vital") y en política externa su único objetivo es recibir subvenciones a fondo perdido de la UE.  

Existe una correspondencia entre lo que hacen aquí y lo que hacen fuera.

Su preferencia temporal (negarse a diferir consumo hoy a cambio de mayor bienestar mañana) es la misma que la del derrochador.  

Antes y después de la pandemia del Covid 19 viven día a día, incapaces de proponer una política de crecimiento económico, de ahorro pensando en invertir y dejar un país ordenado, sin deudas para generaciones futuras.

Su cacareado proyecto de "digitalizar la economía" y lograr la "transición ecológica" empieza y acaba en prohibiciones (a los coches diésel, a los trasvases...)

Tiene una visión estática y depredadora de la riqueza: sólo hay una tarta y la única misión es apropiársela para consumirla con voracidad.

Se siente impotente para plantear una ampliación de capital que tenga como objetivo aumentar la tarta creando valor con la cooperación de todos los agentes económicos. 

¿Pero España es un país desahuciado y humillado por necesidades perentorias que sólo puede pensar en rentas mínimas para sobrevivir?

Evidentemente no.

Pero así llega a los Consejos Europeos el Gobierno español. 
Como un pedigüeño famélico pleno de soberbia, pues somos el país que se jacta de haber aprobado un "ingreso mínimo vital" para algunos de sus ciudadanos, ¡pero se presenta en Bruselas a pedir un ingreso mínimo vital para el Estado!

España se persona ante las instituciones europeas derrotada, pero rabiosamente orgullosa porque acude a solicitar crédito no para crear riqueza, sino para mantener a una creciente legión de pobres. 

El propio planteamiento de pedir dinero gratis debiera resultar deshonroso para los gobernantes de cualquier país que tiene como principal fuente de financiación el patrimonio de sus ciudadanos vía impuestos, pues si con sus ingresos no puede vivir, mendigar supone una confesión de mal administrador que gasta más de lo que tiene. 
Los reyes pedían préstamos porque no podían recaudar dinero de forma coactiva, pero los Gobiernos socialdemócratas del s. XXI con fiscalidad progresiva sí lo hacen hasta el punto de que controlan alrededor del 50% del PIB nacional. Por tanto, debiera serles suficiente con lo que perciben utilizando el monopolio de la violencia.  

Pero el colmo de la desvergüenza es que se solicite financiación exterior sin presentar un programa de crecimiento bien fundado. 
¿Cómo va a generar confianza a los acreedores si no ofrece garantías seguras de pago?

Dedicarle más atención al incompetente Gabinete ministerial es tiempo perdido.  

Lo relevante es que a pesar de las dudas que ofrece la solvencia gestora del Gobierno, la Unión Europea va a financiar la ampliación de capital que la economía española precisa. 
Y lo hará porque Alemania, con el visto bueno de Francia, cree haber encontrado la fórmula para garantizar que los Estados licenciosos recuperen la virtud: convertir a Europa, bajo la dirección germana, en el "Gran Espacio" sobre el que teorizaba el también alemán y amigo de España, Carl Schmitt.  

En el próximo artículo lo desarrollaremos. 


 twitter: @elunicparaiso 



domingo, 24 de mayo de 2020

Discurso sobre la bandera



A la vista de las reacciones de sus voceros habituales, la utilización unánime de la enseña nacional en la manifestación celebrada hoy y convocada por VOX ha supuesto un puyazo en todo lo alto del morrillo gubernamental. 

La idea de que la bandera rojigualda no debe exhibirse en manifestaciones partidistas revela el carácter sectario de la izquierda "española", por decir algo. 

En una muy reciente entrevista la socialista Carmen Calvo criticó que "la derecha patrimonializa la bandera común". 

Según ésta opinión el problema de los partidos no residiría en patrimonializar, sino en patrimonializar lo común.

Es decir, dado que los partidos políticos son organizaciones privadas, Calvo considera que de forma inevitable todo lo que tocan lo convierten en partidista, lo hacen suyo, lo "patrimonializan". Esto sería legítimo, siempre que no se haga con "lo común".

Ergo, para la citada socialista lucir la enseña nacional en actos públicos supone privatizarla en beneficio de los usufructuarios.

Semejante concepción de los partidos políticos nos ofrece una idea bastante precisa sobre la función que sus dirigentes consideran que desarrollan, pues reconocen sin ambages que su tarea no es defender lo común o "el interés general", sino "patrimonializar" ideas, valores o personas.

Pero si la derecha patrimonializa (mal) la bandera porque la usa ¿qué patrimonializa (bien) la izquierda?

Eso no nos lo dice Carmen Calvo, pero escuchando a los miembros de su partido parece evidente que las "personas vulnerables" son suyas.  

Dado que en sus discursos e intervenciones públicas hablan de corregir la desigualdad, los zurdos "patrimonializan" a los desfavorecidos, que pasan a engrosar su coto privado.

Desde un punto de vista electoral es razonable, pues si por naturaleza todos somos desiguales y siempre habrá diferencias económicas, la izquierda al patrimonializar "a los de abajo" se asegura la mayoría absolutísima en los procesos electorales. 

Para entender lo de la privatización de los desfavorecidos por la izquierda basta con recordar uno de sus eslóganes principales: "no hay mayor tonto que un obrero votando a la derecha". Es decir, si un obrero no vota a partidos de izquierda tiene una tara genética.

Otra elemento que patrimonializan, vinculado al anterior, son "los servicios públicos".

Éstos la derecha no los puede ni tocar, aunque por definición sean de todos. Y si lo hacen serán tratados de delincuentes.

A los diestros les queda lo privado, lo cual no impide que pueda ser robado bajo distintas formas legales (impuestos, expropiaciones...)

En suma, lo privado también es público (todo la riqueza del país está sometida al "interés general", dice la Constitución) y lo público es de la izquierda porque es lo que garantiza la protección a las "personas vulnerables" que en cada momento consideren los zurdos.  

Resumamos lo que sería para la izquierda una "patrimonialización" justa por parte de las organizaciones políticas. 

Los partidos de cualquier signo pueden apropiarse legítimamente de ideas, bienes y colectivos, pero de la bandera no por ser común. 

Eso significa que la izquierda puede "patrimonializar" los servicios públicos y los ciudadanos que los reciben, los cuales quedarían a la intemperie si no fuera por ellos.

Mientras, la derecha no puede apropiarse más que de lo suyo, es decir, "de los ricos"; y sólo temporalmente hasta que la izquierda decida lo contrario.

Ahora bien, ¿es patrimonializable un bien público como la bandera de un país?

Los bienes públicos se caracterizan por ser imposible la limitación de su uso.

El ejemplo por excelencia es el alumbrado de las calles, pues no se puede restringir ni las personas que pueden utilizarlo ni la cantidad que se puede consumir.

Pues bien, la bandera nacional es un bien público al no poder excluir del uso del símbolo a nadie.

De hecho, cuando ha tenido a bien, el socialista Pedro Sanchez ha hecho ostentación de la bandera nacional sin que nadie se lo reprochase. Incluso el PCE de Santiago Carrillo y la "Pasionaria" hacían gala la enseña rojigualda en sus mítines cuando regresaron del exilio.

¿Entonces cómo puede considerarse que la derecha "patrimonializa" lo que no puede ser objeto de apropiación?

Por el sectario procedimiento de establecer que lo que no usa la izquierda queda inmediatamente privatizado, se sitúa fuera del interés público o común. 

Otorgar a la bandera nacional la condición de "patrimonializable" es el mayor agravio que puede hacerse al símbolo de todos, pues al considerarle susceptible de apropiación por la derecha se le relativiza, se le menosprecia, se le degrada, se le problematiza, se politiza su exhibición.

Y todo ello se hace con el fin de igualarlo con los símbolos particulares (éstos sí absolutamente privados) de los grupos separatistas. 

Si la izquierda considera que la derecha privatiza el bien público que es la bandera, sólo tiene que generalizar su exposición para nacionalizarla.

Si no lo hace y la oculta, lo que pone en evidencia es su voluntad de disolver España en los territorios que pretenden representar las únicas banderas que quedarían visibles, esto es, la centrífugas. 

Por tanto, no es que la bandera se la quede la derecha (misión imposible) sino que la izquierda no quiere que se use porque hacerlo simbolizaría la unidad en torno a la idea de España como nación, más allá de las veleidades secesionistas de algunos colectivos. 

Los españoles deben seguir exhibiendo orgullosos su bandera en cada ocasión que se tercie, pues hacerlo no supone un acto de apropiación, sino todo lo contrario: la bandera representa los vínculos que unen a todos los ciudadanos del país, sin discriminaciones territoriales o ideológicas. 

Aunque parezca mentira, es el mayor desafío que pueden hacer al Gobierno de "nacionalistas extranjeros" (Leon Blum)

Así estamos.


twitter: @elunicparaiso

sábado, 2 de mayo de 2020

"Ábalos Real Estate, la inmobiliaria del IBEX 35" y III



Clientelismo político y "empresaurios"


En el anterior artículo expuse que la "Orden Ábalos" TMA/ 336/2020, de 9 de abril, había liquidado una parte esencial del Plan Estatal de  Vivienda 2018-2021 del Gobierno Rajoy con el objetivo de "flexibilizar" los requisitos para que, con independencia de sus ingresos, "víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables" (?) pudiesen alquilar una "solución habitacional" sufragada por el Estado.

Es decir, se ha dado cauce legal para que aumente en progresión geométrica la cantidad de potenciales receptores de subvenciones públicas, cuyos beneficiarios últimos serán las entidades financieras al ser su gigantesco stock de activos inmobiliarios el que alquilará y pagará el Estado a fondo perdido.  
      
¿Por qué se comete esta arbitrariedad en un momento de crisis económica nacional?
Por dos motivos. Uno político y otro económico.

El motivo político no es otro que el plan de ayudas al alquiler gratuito es un poderoso instrumento de clientelismo, al reservarse los gobernantes el poder de regalar el uso de viviendas a quienes ellos tengan a bien. 

El ejemplo más claro lo ofrece la ausencia de criterios objetivos económicos en la "Orden Ábalos" para definir a quién se considera "persona especialmente vulnerable" (¿ingresos de menos de tres salarios mínimos? ¿menos de dos?) otorgando así el máximo grado de discrecionalidad en la concesión de las ayudas a los "servicios sociales autonómicos y locales" que gestionan el programa y deciden quién tiene casa gratis y quién no.  

Para entender el motivo económico debemos saber dos cosas: que SAREB es una máquina de perder dinero y que el Estado es avalista de la deuda de SAREB, que asciende a más de 35.000 millones de euros a fecha 2019.
Dado que SAREB no podrá pagar su deuda, la deuda de SAREB es del Estado. 
O lo que es igual, SAREB le debe al Estado 35.000 millones de euros.

Pues bien ¿qué fórmula han encontrado el "Gobierno de progreso" y SAREB para que ésta pueda ir pagando su ineludible débito con el Estado? 

Muy sencillo: que SAREB abone su deuda con el Estado con las rentas que el Estado le abone a SAREB por el alquiler de su inmenso catálogo de fincas urbanas.  
No se rían.  



Incentivos perversos y competencia desleal

La consecución de los objetivos propuestos por la "Orden Ábalos" introduce incentivos perversos en el funcionamiento del mercado inmobiliario y en la sociedad.

En el caso de las "víctimas de violencia de género" supone una irresistible tentación para que aumente el número de denuncias falsas de mujeres a sus parejas con el objetivo de lograr el alquiler social.

Qué decir sobre el derecho de los desahuciados por lanzamiento judicial a ocupar una "vivienda social", con independencia de sus ingresos y de la causa de resolución del contrato. 
Imaginen cuán absurdo es que el inquilino vándalo que no cuide la vivienda o el que se vea obligado a salir de la misma por realizar actividades molestas o peligrosas, también tendrá derecho a una "solución habitacional" estatal, aunque por sus ingresos pueda acceder a alquilar otra.

Pero lo más grave es que la concesión de "soluciones habitacionales" a determinados colectivos, financiadas en todo o en parte por el Estado, supone una competencia desleal para los pequeños propietarios que arriendan viviendas como forma de complementar sus ingresos, y para las agencias inmobiliarias que se encargan de comercializarlos.

No olvidemos que los pequeños propietarios suponen el 85% de este mercado, según el propio Ábalos (ver minuto 41:10 a 42:10 de este vídeo).   

La competencia desleal se produce de dos formas:

a) El Estado estimula que los inquilinos incumplan sus contratos de arrendamiento con propietarios privados, para así ser desahuciados y engrosar el grupo de los beneficiarios de alquiler social a coste cero o próximo a cero. Las artes para alcanzar un piso financiado por el Estado gracias a ser desalojado de otro piso, dará para una antología de la picaresca.  

b) Mientras los ciudadanos que quieran arrendar un inmueble destinado a fines residenciales sólo pueden hacerlo legalmente si disponen de una vivienda que tenga la licencia municipal correspondiente, el artículo 4.3 de la "Orden Ábalos" otorga la posibilidad de que el Estado financie el arrendamiento de cualquier "solución habitacional", esto es, viviendas o "cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada".

Esta habilitación permite que el Estado pueda conceder ayudas para que CC.AA. y Ayuntamientos, pero no los ciudadanos, puedan alquilar como viviendas, fincas urbanas que no dispongan de la licencia municipal para ser utilizadas como viviendas.

Por ejemplo, locales, lofts (naves industriales que se usan como pisos) apartahoteles (edificios para hospedaje que no pueden obtener licencia municipal de vivienda).

Como pueden comprobar, los "filántropos" de SAREB han pensado en todo. No se les ha escapado nada.

En conclusión, al convertirse el Estado en el primer inquilino del Estado, destruye el descentralizado y libre mercado del alquiler de viviendas, y lo convierte en un oligopolio en beneficio de las entidades financieras que endosan al Estado todo su surtido de inmuebles, para que los funcionarios se ocupen a coste cero de distribuirlo entre la población, a cambio de que los bancos reciban cada mes dinero público contante y sonante.

El Gobierno del PSOE y Podemos ha realizado lo que podríamos denominar una "legislación económica de autor", esto es, destinada a entidades perfectamente identificables (SAREB y pocas más) donde se imposibilita la libre concurrencia de otros actores que no sean los beneficiados a priori.  

¿Por qué no ha regulado la "Orden Ábalos" un sistema de subastas donde cualquier persona física o jurídica pueda ofrecer a las entidades públicas inmuebles listos para ser ocupados, y éstas elegir la oferta más barata?



Cómo proteger la cuota hipotecaria media con rentas por alquileres 

Habiendo analizado el desastre que para la sociedad supone la "Orden Ábalos", cabe preguntarse si ello era necesario para proteger a "víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables".

¿No había forma de que estos colectivos tuvieran un techo sin distorsionar el mercado del alquiler de viviendas, sin dilapidar el gasto público que sufraga el pueblo con sus impuestos?


¿Para qué se ha hecho entonces de la forma más gravosa para el contribuyente, además de para fomentar el clientelismo político y para que SAREB pueda pagar su deuda con el Estado con las rentas por alquiler de viviendas que le va abonar el propio Estado?

La "Orden Ábalos" era imprescindible para los bancos porque gracias a la ayuda mensual por alquiler de sus viviendas de hasta 600 € (900 € en determinados supuestos) y hasta 200 € más para gastos de suministros; el Estado les ha permitido transformar lo que es uno de los principales destinos del ahorro popular, en un fabuloso negocio financiero en un momento de bajísimos tipos de interés y crecientes pérdidas patrimoniales. 

La clave está en los 600 €. 

Desde que leí por primera vez la "Orden Ábalos" no entendía el motivo de establecer un tope en la ayuda del Estado tan alta, teniendo en cuenta que ya se conocía la crisis económica cuando se aprobó la misma.  

¿Por qué esa cantidad de 600 €?


Es decir, los bancos se garantizan que aunque ocurra un terremoto de impagos en el mercado hipotecario, el Estado les salvará manteniendo la rentabilidad media de sus préstamos al abonarles con dinero público hasta 600 euros mensuales por el arriendo de sus "soluciones habitacionales", asegurándose así por cada vivienda ingresos similares a la cuota hipotecaria media (587 euros)

Apuesto a que la renta que pacten SAREB y las instituciones públicas por cada piso tendrá como guía, no la situación de la "persona especialmente vulnerable", sino el cuadro de amortización del préstamo hipotecario fallido correspondiente a cada vivienda que se pretenda alquilar. 

¿Creen que soy un malvado por dudar de la buena fe de esos benefactores sociales que son el "Gobierno del pueblo" y SAREB?

El Plan Estatal de Vivienda de 2018-2021 del Gobierno Rajoy antes de que fuera podado por el "Gobierno de progreso", establecía en su artículo 21 que el precio del arrendamiento de inmuebles para personas en situación de desahucio de su vivienda habitual, no podría ser superior a 400 euros y no se contemplaban ayudas a los suministros del inmueble.

¿Por qué entonces se sube el límite de las ayudas un 100% (hasta 600 € para pago de rentas y hasta 200 para gastos suman 800 €) si cuando se aprueba la "Orden Ábalos" (9 de abril de 2020) ya se conoce que la situación económica es de crisis absoluta? 

Salvo prueba en contrario, la causa de semejante diferencia se debe a que el objetivo económico de la "Orden Ábalos" es garantizar que los bancos sigan recibiendo, como rentas netas por el alquiler de sus viviendas al Estado, una cantidad mensual prácticamente igual a la cuota media de los préstamos hipotecarios en España, que se encuentra en 587 euros.



La incalculable estimación de dinero público que perderemos

El latrocinio que se dispone a perpetrar el "Gobierno de progreso" se resume en lo siguiente:

El comprador de una vivienda con préstamo hipotecario pagará dos veces a las entidades financieras. Una por su hipoteca y otra por la parte alícuota que le corresponda de la suma que el Estado abonará a los bancos por el alquiler de sus fincas.

También el inquilino de una vivienda no financiada por el Estado pagará dos rentas. La de su vivienda, más la cuota que le pertenezca de la renta que el Estado pague a los bancos por las "soluciones habitacionales" que les arriende.

Y todo ello sin costes de gestión para las entidades financieras, dado que los funcionarios del Estado serán su inmobiliaria particular para colocar sus fincas entre los afortunados por la lotería estatal. 
Recordemos que SAREB viene gastándose 200 millones de euros al año en intermediación por enajenar sus inmuebles, pero no va a pagar ni un euro al Estado por el minucioso trabajo de gestionar y arrendar su inventario de pisos durante años y años. 

A día de hoy es imposible realizar un cálculo aproximado del dinero público que se va a trasladar a los bancos.

Sólo disponemos del dato proporcionado por el propio Ábalos, referente a que, además de los 346 millones de euros ya presupuestados para 2020 del Plan Estatal de Vivienda, el Ministerio ha aportado otros 100 más para financiar el alquiler de viviendas privadas, ver minuto 44:00 a 44:40 y 54:20 a 55:30 de la comparecencia del ministro en la Comisión correspondiente del Congreso el pasado 27 de abril) 

Si en 2018 SAREB estimaba que tardaría diez años en liquidar su stock, con la crisis económica instalada en el país esa estimación se queda cortísima, por lo que el gasto del Estado en alquileres de viviendas de la banca puede rozar el infinito.  

Y no nos cansaremos de repetir que con todo ese dinero público no aumentará el parque de vivienda social del Estado, porque la propiedad de los bienes arrendados seguirá perteneciendo a las entidades financieras para que lo puedan vender cómo y cuándo quieran.  

La obscenidad de la "Orden Ábalos" TMA/336/2020 de 9 de abril, no se manifiesta sólo en que hayan tenido que aprovechar la alarma social de una pandemia para legalizar este expolio sin debate público, sino que al aprobar la Orden TMA 378/2020, de 30 de abril, que desarrolla el artículo 2 de la "Orden Ábalos", ¡no menciona a ésta ni una sola vez!

Es obvio. La "Orden Ábalos" es una norma inmoral que tienen que ocultar.

Aunque en realidad lo que debieran hacer es derogarla, porque la solvencia económica del Estado está comprometida si se dedica a pagar centenares de millones de euros cada año en concepto de rentas a fondo perdido a entidades privadas como SAREB, que para rizar el rizo de la burla ya hemos señalado que el Estado avala su deuda de más de 35.000 millones de euros. 

Aún están a tiempo de parar el desastre.

Ojalá la masiva difusión de estos artículos que ya ha comenzado desde que se publicó el primero el 24 de abril, contribuya a lograrlo. 


twitter: elunicparaiso



viernes, 1 de mayo de 2020

"Ábalos Real Estate", la inmobiliaria del IBEX 35 II


Para Ángel Ruiz Pérez, vencedor del Covid 19 



El mercado del alquiler de viviendas, un monopolio para los bancos 


En el primer capítulo de esta serie me centré en demostrar que el conocido como "Plan Ábalos" (Orden del Ministerio de Transportes TMA/336/2020, de 9 de abril) creado con la excusa del Covid 19, no tenía como efecto la expropiación de viviendas privadas ni legalizaba la ocupación de inmuebles.

Por contra, explicaba que la referida Orden era la consumación de un proyecto que los bancos integrados en SAREB y el ministro Ábalos llevaban años preparando con meticulosidad, pero que no encontraban el momento de llevarlo al BOE por lo que supone de escandaloso desvío de dinero público a fondo perdido a, entre otras, las principales empresas financieras del IBEX 35.

La confusión social provocada por la pandemia les ha otorgado la oportunidad que tanto tiempo ansiaban.

En este artículo voy a empezar a diseccionar los detalles de la Orden para que comprendan las terribles consecuencias destructivas que va a producir en el mercado inmobiliario. 

Fácilmente deducirán que la norma no ha sido redactada a mata caballo para servir de "escudo social" (?) contra el Covid 19, sino que es el fruto de un plan de largo alcance con objetivos opacos.

La norma se divide en dos apartados.

El primero es un plan para garantizar que los inquilinos en situación de dificultad económica a causa de la crisis sanitaria puedan pagar las rentas del alquiler de su vivienda habitual. 

Está bien diseñado porque además de ser coyuntural (6 meses) no es intervencionista, pues se limita a evitar que los arrendatarios sean desahuciados por impago y garantiza a los caseros el cobro de una renta de la que depende su economía familiar. 
Se financia mediante una línea de avales con la garantía del Estado a través del ICO de hasta 1.200 millones de euros, que los arrendatarios tendrán que devolver sin gastos ni intereses durante un periodo de entre 6 y 10 años. Ver minuto 43:00 a 44:00 de la comparecencia del ministro en la Comisión correspondiente del Congreso el pasado 27 de abril.  

En cambio, la segunda parte de la Orden, titulada "Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual", no está motivada por el Covid 19, tiene voluntad de permanencia (en principio cinco años) es financiado por el Estado con subvenciones (de momento, además de los 346 millones de euros ya presupuestados para 2020 del Plan estatal de Vivienda, otros 100 más, ver minuto 44:00 a 44:40 y 54:20 a 55:30 de la comparecencia del ministro en la Comisión correspondiente del Congreso el pasado 27 de abril) y pretende eliminar el mercado privado de alquiler de viviendas para convertirlo en un negocio cautivo con cargo al Estado en beneficio de los bancos.  



Supresión del programa del Gobierno Rajoy para desahuciados
¡Qué empiece la fiesta!

Para lograr éste objetivo ha sido suficiente eliminar el anterior programa de ayudas a personas y familias que iban a ser desahuciadas que contemplaba el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado en 2018 por el Gobierno del Partido Popular; y sustituirlo por el artículo 4 de la "Orden Ábalos".


a) Los beneficiarios eran aquellos que iban a ser objeto de lanzamiento de su vivienda habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por impago de la renta del alquiler, porque ya tenían señalada la fecha de la subasta judicial.

b) Para tener acceso a la ayuda, el beneficiario o el conjunto de los miembros que integrasen la unidad de convivencia, no podían disponer de otra vivienda ni tener unos ingresos que, en conjunto, superasen tres veces el IPREM (salario mínimo) o cuatro veces si se trataba de familias numerosas de categoría general.

c) La solución para garantizar una vivienda a las personas en trance de lanzamiento de su domicilio consistía en que las entidades de crédito constituyesen fondos de vivienda para alquiler social.
Si las viviendas no se encontraban en condiciones de habitabilidad eran las entidades de crédito quienes tenían que contribuir a la correspondiente adecuación, aunque el Ministerio podría aportar hasta 1.500 euros por vivienda.

d) La renta del alquiler social pactada entre las instituciones públicas y los beneficiarios tenía que ser igual o inferior a 400 euros al mes, en función de unos datos objetivos que se enumeraban (superficie, número de habitaciones, antigüedad o ubicación).

e) Esa renta de hasta 400 euros podía ser sufragada en su totalidad por el Estado. 
El Ministerio de Fomento se haría cargo del 80% y las Comunidades Autónomas del restante 20%.

Pues bien, todo este sistema del Plan de Vivienda 2018-2021 para dotar de equidad a las ayudas a desahuciados de su vivienda habitual, salta por los aires para multiplicar los potenciales beneficiarios de las ayudas estatales al alquiler de viviendas. 

Así, el artículo 3 de la "Orden Ábalos" elimina el Plan de Vivienda Rajoy en la parte referida a la protección de las personas que iban a ser desahuciadas por impago de la hipoteca o de la renta, y lo amplía con un programa "de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables", con la consecuencia de liquidar el sistema de provisión de viviendas en alquiler que hemos conocido hasta este momento.   

A partir de ahora, cualquiera que integre los colectivos antes mencionados, salvo que tengan a su alcance otra vivienda, tendrá derecho al arriendo de una "solución habitacional" financiada, en todo o en parte, por el Estado.

Es decir, en el caso de las personas o familias en riesgo de desahucio no se exige que la causa del lanzamiento sea económica (ejecución hipotecaria o impago de la renta) ni tampoco se excluye a quienes tengan ingresos mensuales superiores tres veces al IPREM.

Por increíble que parezca, los colectivos protegidos por la "Orden Ábalos" tendrán derechocon independencia de sus ingresos y de la causa de resolución del contrato, a que CC.AA. y/o Ayuntamientos les proporcionen una "situación habitacional" de alquiler social, y además, una ayuda de hasta 600 euros al mes (900 € en determinados casos) y hasta el 100% de la renta fijada, más 200 € como cantidad límite para gastos de comunidad y suministros.  


Por último, ¿por qué el Plan de Vivienda 2018-2021 del PP no hablaba de "solución habitacional", y sin embargo Ábalos la repite hasta titular así el apartado 3 del artículo 4 de su Orden?

¿Qué quiere decir "solución habitacional"?  

Simplemente que el Estado concederá ayudas para arrendar viviendas de titularidad privada, "o cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias".

Por tanto, se podrán alquilar locales susceptibles de ser aprovechados como pisos, edificios dotacionales como apartahoteles, apartamentos que tengan licencias de oficina... En definitiva, cualquier inmueble que pueda ser ocupado, aunque no tenga la categoría jurídica de vivienda. 

Con los ingredientes legales ya dispuestos y detallados, dejo para el próximo artículo el análisis de cómo y para qué un mercado libre se ha convertido en un oligopolio peronista en perjuicio de los ciudadanos. 

Aunque intuyan el horror, la realidad superará su peor pesadilla. 


@twitter: @elunicparaiso