viernes, 1 de febrero de 2013

El Estado nos roba para evitar que otros lo hagan. La oligarquía es eterna II.



            En las fechas en que todo el mundo se escandaliza de que los dirigentes del Partido Popular hayan podido estar años y años cobrando cantidades en “b” gestionadas por su tesorero, y cuando la familia Puyol es acusada de utilizar la Generalitat para crear una inmensa fortuna opaca al fisco, afirmo que la corrupción personal de los oligarcas, con ser grave, no es el principal efecto económico de este régimen de poder ni la causa de la actual crisis.

            Ceguera y voluntarismo son dos términos que nos pueden ayudar a entender el porqué. 

        La palabra “ciego” se aplica al mercado de forma peyorativa porque no discrimina, esto es, el empresario vende sus productos al mismo precio al magnate que a sus criados. 

            La oligarquía es todo lo contrario: redistribuye en función de objetivos ideológicamente prefijados porque los políticos creen saber a quién es necesario beneficiar y a quién no.
           Esa supuesta clarividencia sobre lo que debe corresponder a cada uno no es un tema secundario, sino el factor que explica por qué la clase dirigente del Estado abandonó la política (actividad reguladora de las relaciones amigo-enemigo y mando-obediencia), para convertirse en padre, madre y patrón, sobre todo patrón.

       Con independencia de que los científicos sociales hayan estudiado las circunstancias históricas en que se produjo ese cambio, les propongo mi hipótesis.
         
         Todo hubo de empezar con un pregón voluntarista muy similar a “si ya sabemos lo que hay que hacer, no podemos dejar de hacerlo”. Y lo que realmente comenzó fue el fin del sistema de producción eficiente, aunque ciego; basado en la competencia y los precios libres, que pasó a ser sustituido por otro destinado a realizar la voluntad filantrópica de la oligarquía a toda costa.

       Al sistema de información universal y gratuito que los precios libremente formados le proporcionan a cualquier agente económico respecto a lo que debe hacer o producir, le suceden los Presupuestos Generales del Estado inspirados en el talento, la perspicacia, el discernimiento de un ser ex-vivo como Zapatero o de un Primer Ministro tan "sobre"-saliente como Rajoy.
           
            Desde ese momento la creación de riqueza para el bienestar social pasa a ser competencia directa del Gobierno, de tal forma que cuando éste declara que su objetivo es conseguir el pleno empleo no estamos ante una mera formulación retórica sino ante su principal reto político, cueste lo que cueste. ¡Qué contradicción cuando de economía se trata! 

          El Estado es el motor y el garante de la prosperidad general, cifrándose la misma en la universalización de rentas cada vez más igualitarias "a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles" (artículo 130.1 de la Constitución española). 

           Los efectos de la pretendida omnisciencia de la clase política son "infiernos fiscales" so protexto de quitar al rico para dar al pobre; precios intervenidos, subvenciones y "discriminaciones positivas"; oligopolios, cuando no monopolios, sobre sectores estratégicos y elefantiásico incremento de la función pública.
      Todo ello sostenido por una creciente inflación hoy denominada “burbuja”, pues las "burbujas" constituyen la política económica del Estado oligárquico, del Estado caníbal, en tanto responsable de la supuesta solvencia del régimen.

        Aun así, los ciudadanos de buena fe que aplauden a su Gobierno socialdemócrata, ora de derechas ora de izquierdas, mientras “no robe y cree empleo” (programa económico de “máximos” que dirían los gurús electorales; de máximos trileros, diremos nosotros), no caen en la cuenta que incluso si los políticos no robasen, su bolsillo seguiría estando cada vez más escuálido, o lo que es igual, cuando creen que no les sisan, lo hacen al cubo, progresando adecuadamente año tras año gracias a la imparable confiscación de los ingresos, la limitación de la oferta y los precios políticos.

            ¿Es entonces la corrupción personal de la oligarquía política un problema económico?

         Creo haber demostrado que no, o al menos no tanto como los problemas generados por la destrucción de la competencia, el fin de los precios libres y la requisa de patrimonios con la excusa de ¡asegurar nuestras rentas!

            El mensaje levemente subliminal de la oligarquía política es el siguiente: el Estado les roba con la única finalidad de evitar que otros lo hagan.

            ¿Ante una justificación de semejante cinismo les sigue indignando, queridos lectores, la corrupción personal de la clase política? ¿Cabe esperar otra cosa?

          Si de economía hablamos, el amante de lo ajeno siempre fue un ser neutral, pues ni impide la competencia, ni interfiere en la libre formación de los precios, ni se incauta con progresividad de la riqueza de todos y cada uno de los ciudadanos para distribuirlo como sólo el diablo sabe.
         Al fin y a la postre el caco de toda la vida es un tema de mera gestión securitaria cuando no obstaculiza la libérrima concurrencia de todos los agentes en el mercado al efecto de poder conocer qué debe ofertarse y qué no.

        Lo insoportable no radica en el ladrón clandestino ni en la corrupción personal de los dirigentes del Estado, mero epifenómeno, sino en que éstos sugieran que el despojo generalizado en que consiste la realización de su voluntad tiene como único objeto protegernos, cuidarnos, salvarnos de los malos. Que para que no nos robe el pérfido mercado con sus infinitos bandidos, la oligarquía lo destruye a cambio de que sea ella quien nos expolie con formas democráticas, es decir, consentidas por lo que sea eso de la "voluntad general".

        El asunto así planteado busca convertir el saqueo público en una noble industria eternamente legitimada, tan eterna como la oligarquía que lo engendró.
  

twitter: @elunicparaiso

            

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