sábado, 25 de febrero de 2012

Deconstruyendo el Estado. Práctica del paraíso fiscal I.

         
       En la anterior entrada demostré que la libertad de establecimiento comunitaria incluye el derecho a tributar de conformidad con la ley del Estado en la que se establezcan las personas, las empresas o sus filiales.

          La cuestión a dilucidar es si se pueden implantar regímenes tributarios propios de un paraíso fiscal en el ámbito europeo.

         Fiel a mi vocación iconoclasta empiezo con la conclusión: SÍ MAYESTÁTICO.

          Sin ánimo de cansaros enumerando artículos de leyes, todos sabéis que las Comunidades Autónomas tienen autonomía para fijar sus propios impuestos (artículo 156.1 de la Constitución).
        Su competencia normativa se extiende incluso a los tributos cedidos a partir del sistema de financiación establecido para el periodo 1997-2001.

            De los territorios  forales (a los que hoy bautizo públicamente como “fórrales”) ni hablamos.
            “Navarra y asociados, S.L.”, como “territorios fórrales” que son, pueden crear en relación al IRPF, entre otras medidas, deducciones por inversiones empresariales, cosa que les está prohibida a las Comunidades de régimen común.   

            Pues bien, la Comisión Europea ve con malos ojos esta autonomía financiera de las regiones porque las otorga competencias que acabarían haciendo imposible la armonización fiscal que pretende la Comisión.
            O lo que es lo igual, la Comisión pretende que todos los europeos paguemos los mismos impuestos, y ello no sería posible si pequeños territorios pudiesen oponerse legalmente a ello.

           Pero hete aquí una Sentencia,  la del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea relativa al régimen fiscal de las Azores, de 6 de Septiembre de 2006, que viene a dar oxígeno a la “competencia fiscal” de las regiones europeas contra los Estados caníbales y los mamporreros supranacionales que los legitiman.  

            Trae su causa del ejercicio por parte del territorio portugués de las Azores de su potestad normativa para establecer un sistema impositivo propio, con tipos impositivos más reducidos que los existentes en el resto de Portugal.
        La respuesta de la Comisión fue la Decisión 2003/442/CE, de 11 de Diciembre de 2002, oponiéndose a las Azores por considerar que, a grandes rasgos, la reducción de impuestos que su medida supuso favorecía a las empresas que allí se instalen, en detrimento del resto de empresas portuguesas.
        Contra esta Decisión, el 24 de Febrero de 2003 Portugal presentó un recurso de anulación ante el Tribunal de Luxemburgo, y otros Estados, entre ellos España (que maravillosa paradoja, el Estado Caníbal español defendiendo la “competencia fiscal”, lo que le recordaremos oportunamente cuando se oponga a su conversión en paraíso fiscal) se adhirieron al mismo como coadyuvantes.   

            La ya famosa Sentencia que resolvió el recurso, conocida como del “Caso Azores”, estableció los criterios para que los sistemas impositivos regionales más benignos que los estatales fuesen legales. Son los que a continuación os resumo:

            1. Que la norma sea elaborada y aprobada por una entidad territorial con autonomía propia dentro del Estado, es decir, sin interferencias de la Administración central.
            2. Que sea de aplicación general para todas las personas físicas o jurídicas del territorio afectado, es decir, no ampara regulaciones discriminatorias para determinadas personas o sectores productivos.
            3. Que la Administración central no compense a las regiones el coste que les podría suponer una menor recaudación como consecuencia de un sistema tributario más favorable a los contribuyentes. Esto es de estricta justicia, pues si hubiera compensaciones del Estado a la región, los ciudadanos del resto del Estado pagarían lo que no abonan otros.  

            Las consecuencias de la Sentencia para el Estado caníbal español son claras.

            Sin entrar en la casuística de qué impuestos se podrían eliminar o qué deducciones se podrían aplicar, y apartando de momento el problema que supone las limitaciones que la legislación española establece para que las Comunidades Autónomas de régimen general apliquen beneficios sustanciales en los impuestos de la renta y sociedades (los territorios “fórrales” pueden hacer simple y llanamente lo que les dé la gana ajustándose a los criterios de la Sentencia del Caso Azores), lo que no admite discusión es que una sola Comunidad Autónoma podría eliminar todos los tributos autonómicos en beneficio de sus ciudadanos y de sus empresas, al amparo de la jurisprudencia europea y contra los criterios de la Administración central.

            La segunda consecuencia  es que bastaría que una sola Comunidad eliminase sus impuestos para que todas las colindantes tuviesen que hacer lo mismo de manera automática, a fin de evitar una fuga masiva de personas y capitales, produciendo una reacción sucesiva que terminaría por afectar a todo el territorio nacional.

            La tercera es que si en una situación de “desarme fiscal” autonómico, el Estado caníbal no desmontase por propia iniciativa sus impuestos de la renta y de sociedades, su deslegitimación sería tan brutal (imaginaros que, por ejemplo, las provincias vascas sí lo hiciesen) que la realidad terminaría doblegando su resistencia.

            Al paraíso fiscal por la senda abierta por UNA Comunidad Autónoma. 

    ¡Vamos Navarra, vamos Murcia, vamos La Rioja!, ¡vaMOUssssss Madrid!.


twitter: @elunicparaiso         



6 comentarios:

  1. Primero felicitar al blogero por su cantidad de referencias bibliográficas y de jurisprudencia.

    La verdad es que visto así, parecería fácil que se siguiera el camino de Azores. Sí sorprende que el gobierno español de la época recurriera., pero supongo que tendría que ver con razones de intereses políticos (dejar tranki a los de la chapela). Sí creo también, que independientemente de las razones "históricas" de la existencia de las comunas fórrales, el que quiera se puede mudar a Navarra y listo.

    No veo a la Botella, o al Arenas, Cospedal, etc., quitando tasas, impuestos y demás gravámenes para competir con Murcia, Castilla la Mancha, y no digamos ya pensar en competir con Marruecos, Portugal o Francia, si el registrador de la propiedad gallego y cía. no están de acuerdo. (ah y que se lo cuenten a la Merkel y al Sarkozy).

    Joder, si alguien hiciera lo que plantea Jorge, yo me quedo en España sin dudarlo. No hay otro sitio para vivir como aquí, pero si la cosa no cambia mucho, que me temo que no, lo dicho, me iré a vivir allende los mares o me "alojo" en un refugio fiscal, pero que sea paraíso, y no traigo un duro más a Europa.

    Bueno, lo dicho. Jorge, muchas gracias por tu blog y a esperar la siguiente perlita.

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  2. Las posibilidades de la competencia fiscal entre regiones están claras. Yo al menos las veo claras como tú. Lo que no alcanzo a ver (o "creer", ya que hablamos del Paraíso) es el efecto que nos prometes que eso tenddría sobre la legitimidad del Estado. Veo más práctico, una vez que se una comunidad autónoma se atreviera con sus impustos, que la competencia se estableciera hacia abajo, entre las ciudades. ¿Qué cambiaría entonces con este nuevo dato?

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  3. Es obvio que, desarmadas fiscalmente las comunidades, las ciudades tendrían que adaptarse a la nueva situación (esencialmente el IBI). Pero también lo tendría que hacer el Estado.
    Ante la evidencia de que las entidades regionales no necesitarían para sobrevivir gravar a sus ciudadanos con impuestos crecientes, la respuesta popular se concentraría en demandar al Estado que hiciera lo mismo.
    Una sola comunidad autónoma organizada como paraíso fiscal legitimaría la rebelión fiscal contra el Estado, pues si las instituciones territoriales pueden vivir con escasos recursos se exigiría que el Estado también lo hiciese. Estoy completamente seguro.
    Además, provocaría un sinfín de consecuencias políticas, entre ellas tensiones secesionistas, pues nadie querría pertenecer al Estado caníbal.
    En esa situación el Estado buscará una nueva legitimidad, fundamentando su permanencia en los servicios esenciales que sólo el Estado puede prestar (la defensa nacional, el mantenimiento de la seguridad jurídica y las libertades personales y de mercado en todo el territorio, principalmente).
    Wittgenstein decía algo parecido a que el problema no era la verdad, sino hacer el camino entre la mentira y la verdad.
    Pues bien, ese camino le haría una entidad territorial que acreditase que no sería necesario gravar con impuestos a los españoles para sobrevivir.
    Con ese camino recorrido el Estado "caníbal" se derrumbaría porque quedaría desnudo, sin justificación alguna para exigir el mantenimiento o la exacción de nuevos tributos.

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  4. Juan, es obvio que la clase política no tiene voluntad ninguna de cambio. Viven bien así.
    No obstante, la grieta en la élite del poder es uno de los elementos necesarios para que se produzca una crisis, tal y como tiene acreditado la sociología del conflicto.
    Y en España la grieta en el poder podría provocarla una sola comunidad autónoma. Tenemos diecisiete, si no me equivoco. Es decir, tenemos diecisiete posibilidades.
    Una vez producida la grieta la estructura caería con independencia de las resistencias de la clase política.
    La realidad que supondría un territorio sin impuestos no podría contenerla una voluntarista oligarquía exangüe.
    Es mi opinión.
    Desde luego no creo que la crisis venga por una ruptura en la cúpula de los partidos o por un vuelco electoral.
    Una ruptura en los partidos provocaría un cambio cosmético, de personas.
    Un vuelco electoral ya vemos lo que supone: como decía Lampedusa, que ALGO cambie para que TODO siga igual. (En este sentido, merece una entrada la medida-cuña publicitaria anunciada por De Guindos sobre la dación en pago. ¡Qué estafa, qué engaño!).
    El Estado caníbal sólo caerá cuando se le corten las vías de financiación. Y eso sólo lo puede lograr DE FORMA INDIRECTA un territorio convertido en paraíso fiscal.

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  5. Creo que la idea llega un poco tarde, o pronto, según se mire. Para que Murcia o cualquier otra comunidad se conviertan en paraísos fiscales necesitan un periodo transitorio en el que tendrán que vivir del déficit, a corto plazo no es posible. Si alguna lo hubiera hecho en los años de bonanza... Para comenzar deberían hacer varias cosas:
    1) Reducir mucho los gastos de administración, suntuarios, de subvenciones, de su sector público comercial, etc. Posible y deseable.
    2) mantener sanidad y educación a medio plazo. Eso tiene un coste, que no cubrirían los ingresos por paraíso fiscal.
    3) Iniciar privatizaciones de enseñanza y sanidad al paso del crecimiento de la renta disponible
    ?Como se supera el medio plazo sin déficit?

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  6. Has planteado quizás el problema más grave que queda por resolver una vez determinado el procedimiento para su implantación.
    Dedicaré alguna entrada a explicar los problemas de la transición.
    Aciertas respecto a que los servicios públicos esenciales serían privatizados. Ese es el final.

    Pero como apunte te quiero dar un dato:

    La sola declaración de una sola comunidad autónoma respecto a que prácticamente renunciaba a los impuestos, supondría tal quiebra en el sistema autonómico que inmediatamente el resto de territorios se pondría a reducir gastos para mantener la población y las inversiones.
    La mera posibilidad de que se constituya un refugio territorial contra la expoliación provocaría de inmediato:
    - un ajuste brutal de gasto improductivo en el resto de regiones.
    - QUE NADIE SE ATREVIESE A SUBIR IMPUESTOS CUANDO ALGUIEN PROCLAMA QUE SE PUEDEN ELIMINAR.
    - la liberación de ingentes recursos privados que permitirían iniciar el proceso de privatizaciones o provisión privada de servicios públicos.

    El iniciar el proceso sería balsámico.

    Te agradezco mucho tu comentario.

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