Partisanismo de Estado.

Habiendo proclamado por lo bajines el "honorable", o no, la declaración unilateral de independencia (DUI), y solicitado el Gobierno al Senado que apruebe la destitución de todo el Consejo de Gobierno catalán en aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo esencial no ha cambiado: ¿cómo hacer que hasta el último ciudadano observe la ley?

El problema nunca reside en la promulgación de las normas, sino en la voluntad de cumplirlas por parte de los que están obligados a respetarlas.

En Cataluña su Parlament realizó en septiembre de 2012 una declaración de hostilidad a España y sus leyes que puso en evidencia su intención sediciosa. 

Lo importante no es la declaración de independencia, sino la declaración de hostilidad, puesto que con DUI o sin ella, hay unos dirigentes locales que acaudillan a una masa que se niega a respetar las leyes españolas.

Por tanto, proclamando el 155 o no haciéndolo, la cuestión sigue siendo cómo lograr que esas normas se apliquen al que se ha declarado en rebeldía.

Ahora bien, el dilema de cómo ejecutar las leyes se ha trasladado desde el 1 de octubre del presente al tejado "indepe", pues tres semanas después del plebiscito fallido que dicen que ganaron, la posibilidad de que implanten sus llamadas "leyes de desconexión" es pura quimera ante la negativa del Estado a consentirlo.

Referendo ganado, autonomía perdida, sería el resumen de los logros "indepes". La paradoja, siempre atenta a la verdad.

Su derrota sin paliativos estaba escrita antes de que se celebrase la famosa consulta.

¿Acaso somos videntes? Por supuesto que no.

Pero era sencillo deducir que los sediciosos no podrían pasar del "partisanismo" (cortocircuitar la acción del Gobierno central en beneficio propio parasitando los recursos públicos) al Estado catalán.

La labor de destrucción o de zapa que han llevado a cabo desde los años 80 del siglo pasado fue sencilla. Cualquier inepto es capaz de demoler en pocas horas lo que costó hacer cientos de años. Sólo hay que ver lo que tardan los terroristas de Daesh en destruir preciados monumentos forjados durante siglos. Con éste ejemplo es fácil comprender lo que en más de treinta años han liquidado los "indepes". 

Pero construir...    

Los independentistas catalanes no pueden pasar de la irregularidad a la legalidad de su anhelado Estado porque ni pueden ni saben.

Ni tienen medios (dinero, sistema judicial, fuerza) ni conocen cómo alcanzarlos.

Para el Gobierno es enormemente sencillo neutralizarles, pues le basta con boicotear cualquier iniciativa que acometan.

Es suficiente con hacer lo que los "indepes" llevan realizando hace décadas: poner palos en las ruedas, dificultar su normal funcionamiento.

En realidad es lo único que ha hecho el Estado desde hace unas semanas con tanta eficacia, esto es, facilitar salida de empresas, frenar la llegada de dinero, mandar policías y guardias civiles a Cataluña...

El éxito se debe, sin duda, a que son acciones fácil de ejecutar al consistir en mera obstrucción.

"Partisanismo de Estado", hay que llamarlo.

Pero tienen al pueblo -me dirán ustedes-.

El pueblo "indepe" quizás sea virtuoso, no es este el momento de discutirlo.

Pero lo que no conseguirá la multitud, por millonaria que sea, es dotar de virtud a Puigdemont o Junqueras. Ni tampoco crear una Hacienda propia o imponer sus leyes a quienes no quieran cumplirlas. La multitud "indepe" es tan impotente como Puigdemont destituido.

Poco más hay que decir de la ruina de la Generalitat golpista.

Ahora bien, el problema sigue siendo cómo imponer la ley española.

Para volver por enésima vez a la cuestión tenemos que traer otra paradoja.

Gracias a que los "indepes" han renunciado en un acto suicida a las inmunidades, a las gracias y exenciones que todos los Gobiernos españoles otorgaron durante décadas a la Generalitat para que hiciera con la Constitución lo que le pluguiese, ahora el Estado no tendrá más remedio que hacer cumplir escrupulosamente la ley española simplemente para que no se imponga la de los "indepes".

Sólo imponiendo las suyas el Estado puede evitar que se apliquen las "leyes de desconexión". De ahí el 155 y lo que vendrá. 

En pocas palabras, lo que jamás se hubiera logrado mediante el acuerdo entre los partidos mayoritarios, es decir, que la ley impere en todos los territorios de España, lo logra Puigdemont.

Lo que es imposible alcanzar mediante el compromiso político entre PP y PSOE lo consigue el enemigo.

Sólo desde este punto de vista cabe entender las palabras de la vicepresidenta del Gobierno cuando manifestó que "nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución", refiriéndose al ex Presidente de la Generalitat. 

Es el veneno convertido en fármaco, que dejó escrito el ilustre Carlo Gambescia en su "Liberalismo triste" (Ed. Encuentro, 2015). 

Por último, conviene recordar que el hostil nos enerva, pero también agudiza nuestra potencia.

Es esta inevitable fortaleza ("a la fuerza ahorcan") la que dio pie a la reforma del Tribunal Constitucional de 2015 a raíz del plebiscito por la independencia de Cataluña el 9 de noviembre de 2014, que garantiza que las leyes en toda España se cumplan sin necesidad de encarcelar o emplear la violencia física contra los rebeldes, por más que éstos sean miles o decenas de miles.

La ley española, con 155 o sin 155, se hará cumplir a los sediciosos porque el Estado, además de disponer de todos los medios de los que los "indepes" carecen, cuenta con el defensor de la Constitución: un Tribunal Constitucional con potestad para imponer sus propias resoluciones.

Me remito a un artículo de 2015 para explicarlo, pues allí quedó dicho todo.

Lo único que cabría añadir es que los medios de comunicación deberían informar a los ciudadanos catalanes en general, y a los funcionarios en particular, que no crean las bravuconadas de los políticos destituidos, los cuales jamás pensaron que alguna dificultad se interpondría en su camino por la pedestre razón de que nunca edificaron nada.    

La multitud podrá salir a la calle, pero cuando los rebeldes reciban en sus domicilios las notificaciones de multas e inhabilitaciones se encontrarán solos frente al Estado que se encargará de forma minuciosa de arruinarles.

Sin prisión, sin violencia.

Bastará un expediente para cada uno.

Es la biopolítica que ya nos contaron Agamben y Foucault y que de forma masiva tendremos la oportunidad de contemplar a partir del próximo viernes.

Lejos de lo que piensa el incapaz Pablo Iglesias sobre el fin del sistema político de la Transición, Puigdemont y su "gent" han concedido al que parecía moribundo régimen la tabla de salvación. 

Ese será el triunfo histórico del registrador Rajoy.

Nota para "indepes" nostálgicos: 

Cataluña ya no será Gibraltar.

La roca pirata vive bajo la protección del Reino Unido, pero lo cierto, el secreto bien guardado del Peñón no es otro que los "llanitos" hacen lo que les da la gana.

Unas pocas semanas conviviendo con ellos podrá convencer al que dude de lo que digo. 

¿Dónde reside el enigma de su libertad? 

Simplemente, que no se oponen a las leyes de Su Majestad. Les alcanza con ignorarlas. 

Es la diferencia entre imponer tus normas y no cumplir las de otro que te ampara.

Esa es la diferencia que hay entre Cataluña y Gibraltar. 

Sí. Cataluña fue Gibraltar durante algún tiempo. 

Ahora sólo les quedará el consuelo de formar parte de los restos de la España Imperial.  

Puigdemont, luego de salir de la cárcel, debiera ser distinguido con la Orden de Isabel la Católica, en grado de Medalla de Hojalata.