No al Tribunal Constitucional, sí a la Nación

            Ante la supuesta amenaza del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, respecto a que el Gobierno podría suspender la autonomía catalana si la Generalitat persiste en celebrar la consulta popular el 9 de noviembre del presente, voces autorizadas del Gobierno han dicho pocas horas después de la intervención del señor ministro que no, que no está previsto suspender la autonomía de ninguna Comunidad Autónoma, pues entienden que bastará con dos recursos al Tribunal Constitucional.

            ¿Por qué acude el Gobierno al Alto Tribunal para defender la unidad de España?, ¿no tiene otra opción que no sea la judicial?

            El Gobierno de Rajoy parte de la premisa del ex Presidente Zapatero de que “la nación española es un concepto discutido y discutible”, y para evitar la discusión lleva el asunto nacional a un terreno pretendidamente independiente y neutral: la Constitución, la legalidad.

            Dado que entre las competencias que el artículo 97 de la Constitución atribuye expresamente al Gobierno no está la de garantizar la unidad de la nación, el Poder Ejecutivo se ampara en el genérico y mayestático artículo 2 que declara que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles”, para impedir la independencia de un territorio.

            Es decir, puesto que la Constitución se fundamenta en la unidad de la Nación, la secesión de un territorio dejaría sin fundamento a la Carta Magna.

            O lo que es igual, mientras la Constitución perviva, la integridad de la Nación también lo hará.

            ¿Y quién decide sobre la Constitución? El Tribunal Constitucional, por supuesto.

            Hasta aquí la explicación de por qué el Gobierno ha elegido la vía judicial para defender la unidad del país.

            Trasladar un problema político como la continuidad o no de la Nación a un ámbito judicial (aunque esté controlado por las cúpulas de los partidos políticos) tiene como objetivo evitar que al Gobierno le acusen de ser juez y parte, pues otorgando el poder de decisión a un tercero, a la máxima instancia judicial respecto al control constitucional, el Poder Ejecutivo se lava las siempre sucias manos de la confrontación política en las aguas limpias y claras de la justicia.  

            Ahora bien, debería resultar obvio que si la permanencia de España depende de las decisiones del Tribunal Constitucional, esto significa que la continuidad de la Nación siempre queda al albur de las mayorías políticas que se puedan formar en el referido Tribunal, pues no conviene olvidar que su composición la deciden los partidos políticos.

            Visto lo visto no es absurdo conjeturar con el hecho de que los políticos puedan conformar en el Tribunal Constitucional una mayoría de magistrados que decidan, por ejemplo, que Cataluña no es España si los catalanes lo deciden en referéndum, ergo la separación de Cataluña no afectaría a la Nación ni al fundamento de la Constitución, dado que Cataluña no sería España.

            Pero sobre todo, dejar al Tribunal Constitucional como defensor último de la pervivencia de la Nación supone birlarle al pueblo, a los ciudadanos, la soberanía política para otorgársela a una instancia del Régimen, del Estado de Partidos, en cuanto si la unidad de la Nación es el fundamento de la Constitución, y sobre el fundamento de la Constitución decide el Tribunal Constitucional, es éste quien decide sobre la Constitución y por ello sobre la unidad nacional.  

            ¿Pero acaso le queda otro camino al Gobierno que no sea el judicial?

            Evidentemente que sí.

            La vía política de convocar al pueblo que le otorga el artículo 92 de la Constitución, el cual declara que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.

            Es decir, el Gobierno puede convocar a los ciudadanos españoles, esto es, a la Nación, para que decidan sobre la secesión de un territorio.

            Si no lo hace es para evitar que los españoles decidan, dejando la soberanía popular en manos de un órgano político-judicial controlado por los partidos políticos.
         De esa manera impide que la ciudadanía se pronuncie hoy a favor o en contra del separatismo, y mañana a favor o en contra de la Constitución que ha dado cobijo legal a un régimen donde la corrupción se ha hecho norma.

            Por tanto, remitir el expediente catalán al Alto Tribunal es la forma grosera que tiene el Gobierno de ciscarse en la soberanía nacional a mayor gloria del Estado de Partidos, del Estado Caníbal.

             Una más. Seguramente no será la última.

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