La democracia no necesita partidos con democracia interna.

  

            A vueltas con las alternativas al régimen político vigente, me piden que aclare qué quise decir en el artículo titulado “El 15-M grita ¡Pedrooo!”, cuando me refería a que para “alcanzar un Estado pésimo sólo hay que estar atentos a las propuestas de los blogs más famosos de Derecho y del revés”.

            Vamos a ello.

            El 28 de Mayo pasado se presentó un Manifiesto por la reforma de los partidos políticos, cuyo objetivo es recabar medio millón de adhesiones vía “change.org” para pedir en el Congreso una modificación de la Ley de Partidos Políticos.

       “La actual Ley de Partidos está vacía de contenido, de forma que no garantiza en absoluto la democracia interna de los partidos políticos”, dicen alguno de sus promotores.

          Añaden que “el objetivo de la movilización es sensibilizar al país de que sin unos partidos políticos diferentes, más democráticos y mejor controlados desde fuera que los actuales no saldremos de la espiral en barrena en la que estamos metidos”.

           “El manifiesto tiene una sola idea: cambiar a los partidos introduciendo en la agenda política esta importantísima cuestión. No entra en otras también muy importantes como, por ejemplo, la reforma de Ley Electoral, la regeneración de las instituciones democráticas, la separación de poderes, etc., etc., porque consideramos que la cuestión de los partidos es previa a todas las demás.”. Literal.

               Ya el propio Manifiesto proclama que “los partidos políticos no son entidades privadas como, por ejemplo, un club de fútbol, que pueden organizarse como mejor les plazca. Son entidades especiales a las que se les reconoce el monopolio de la representatividad política y que se financian con fondos públicos. Su funcionamiento tiene más trascendencia que el de cualquier empresa o sociedad recreativa”.

         “En todos los países hay corrupción política, pero la democracia interna en los partidos, la competencia entre los que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las obligaciones de transparencia impuestas por la ley permiten que los políticos corruptos sean apartados con celeridad. En España esto no ocurre (…)”.

           Finalmente enumera, supongo que a modo de brevísimo apunte, una serie de medidas y reglas de actuación que tendrían que formar parte de la solicitada nueva Ley de Partidos, sobre las que guardaré un prudente silencio. 

                Hasta aquí el Manifiesto.

        Dejando a un lado puros dislates, como el de que “se les reconoce el monopolio de la representatividad política” (no son los partidos sino las Cortes Generales quienes representan al pueblo español, artículo 66 de la Carta Magna), el espíritu del mismo parte de la presunción de que si los partidos políticos fuesen democráticos también lo serían las instancias en las que participasen sus miembros.

             Por eso coligen sus promotores que a pesar de que hay pendientes reformas importantes (la reforma de la Ley Electoral, la separación de poderes…) “la cuestión de los partidos es previa a todas las demás”, repitiendo el Manifiesto que “entre los muchos cambios que hoy demanda nuestro sistema político, el más urgente es la elaboración de una nueva Ley de Partidos Políticos (…).

            Una suerte de pensamiento mágico conduce a creer que si una organización (los partidos) fuese democrática, todas las demás entidades políticas o sociales también lo serían, unas por participación directa de los democráticos miembros de los partidos en ellas (Cortes Generales, organismos administrativos), otras por puro mimetismo (sindicatos, organizaciones empresariales…).

            Esas deducciones “Harry Potter” son las que llevan a los instigadores de la propuesta a creer que obligando por ley a que los estatutos de los partidos políticos sean democráticos, sería suficiente para romper la ley de hierro de la oligarquía de Michels, esa que demuestra que en cualquier entidad (funcione con dinero público o con gasolina de 95) siempre termina mandando una minoría defensora a ultranza de sus propios intereses, aun a costa de los del resto.

            Pero aunque la nueva Ley de Partidos que se propone acabara con la ley de la gravedad de las organizaciones, que no es otra que la ya citada ley de hierro de la oligarquía, ¿la función de las asociaciones políticas, sindicales o empresariales en un sistema dizque democrático exige democracia interna?, ¿necesita la democracia, democracia interna en los partidos?

            No. Un no tan tan grande como la majestuosa catedral de Burgos. 

            ¿Cuál es la función de los partidos? Expresar el pluralismo político, concurrir a la formación de la voluntad popular y servir de instrumento fundamental para la participación política (art. 6 de la Constitución).

            Pues bien, ni uno solo de esos objetivos precisa la democracia interna.

          Si por llevar la contraria y hacer las cosas bien, un partido quisiera establecer que las decisiones de sus órganos democráticos tuvieran que ser refrendadas por una comisión de veteranos de probada "auctoritas", ese partido no será democrático sino aristocrático, pero ello no constituye un impedimento ni para la participación política, ni para el pluralismo político, pues éstos derechos dependen de que exista libertad para constituir partidos, no de la democracia interna de los ya existentes.

Llevando el argumento al extremo, si un partido tuviera el deseo de que uno de sus miembros fuera su Presidente o máximo responsable ejecutivo de por vida, aunque no fuera necesariamente el de mayor virtud, como ocurre en España con S.M. Dº Juan Carlos I; ese partido tampoco podría ser calificado de democrático porque sería monocrático, pero no se vería perjudicado ni el pluralismo ni la participación política, pues si así fuera, la Monarquía española debería ser derrocada por ilegítima.

            El Manifiesto que analizamos es un reflejo de la mentalidad estatista dominante, donde se pretende que los partidos políticos sigan siendo órganos del Estado, controlados por el Estado y financiados por ustedes a mayor gloria del Estado.

            Los partidos que resulten de la nueva Ley de Partidos que se propugna seguirán siendo igual de oligárquicos que ahora, mientras que el sistema político será igual de democrático o de antidemocrático que antes porque la democracia política es indiferente al funcionamiento interno de sus organizaciones.

            Ahora bien, sí habría un cambio: un nuevo paso del Estado caníbal hacia un Poder más absoluto, pues se estaría dando carta de naturaleza a que el Estado adquiera poder de disposición sobre el funcionamiento de los partidos políticos, poniendo así fin a la autonomía de las organizaciones.   

            En fin, creo haber demostrado que estamos mal, sí, pero podemos estar todavía mucho peor. Basta con imponer mediante una legislación prolija un determinado comportamiento interno a los partidos políticos, so pretexto de que deben funcionar de manera democrática, Dios sabe lo que ello sea.

             Nota para el jolgorio constitucional.

          Cuando se estaba elaborando la Constitución se propuso que se adicionara al artículo 7 que “los colegios y demás organizaciones profesionales” tuvieran una “estructura y funcionamiento democráticos”.

            Finalmente en el Dictamen de la Comisión Constitucional del Senado (BOC de 6 de Octubre de 1978) se suprimió la alusión, seguramente porque ya no cabían más sandeces, y a tal fin ya les bastaba con exigir que lo fueran los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, que como todo el mundo sabe son faros que iluminan al mundo sobre cómo reírse de la democracia interna.  

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