domingo, 18 de octubre de 2015

Zelig y la Zona Zero (II)


Habíamos dejado el artículo anterior considerando la reforma constitucional como un punto zero, las vitales píldoras de energía existentes en el universo ficticio de "Stargate", https://es.wikipedia.org/wiki/ZPM  en tanto en cuanto activan sistemas esenciales para la vida humana. 

¿Necesita España un punto zero?

Los puntos zero cumplen con la segunda ley de la termodinámica, esto es, la cantidad de desorden del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Es decir, los puntos zero se agotan en su punto de máxima entropía y no pueden recargarse, por lo que devienen en objetos inútiles.  

La Constitución Española de 1978, dice el PSOE, fue en su día un punto zero, pero parece que ya ha dejado de serlo, lo que la convierte en inservible. 

Si la Carta Magna exangüe constituyó en su momento una energía esencial que galvanizó a España para que no se oxidara, proclamemos otra, ahora que la roña nos invade -piensa Zelig Sánchez-.

Lo que no debe olvidar el líder del PSOE y sus colaboradores  es que los puntos zero pueden ser terriblemente destructores si no se saben usar.

Llegados hasta aquí, vitaminados con la presunta energía del proceso constituyente, existen dos palabras que nos ayudarán a continuar.

Conciencia y elocuencia.

La conciencia es la convicción generalizada que el actual régimen o situación política terminó porque el desorden reina. Pero también la certeza de que debemos hacer tabla rasa, borrón y cuenta nueva, alcanzar lo que llamo la Zona Zero.

La elocuencia es lo que nos falta, pues si la Zona Zero es el destino, cómo explicarlo, quién será capaz de demostrar su inevitabilidad.

Podría hacerse mediante un acto unilateral de una persona dotada de toda la legitimidad, a la manera en que el general De Gaulle proclamó la V República Francesa.

No, en España no hay generales ni se les espera. Ni tampoco individuos o movimientos que atesoren suficiente legitimidad. "Podemos" la tuvo. Pero el supino analfabetismo político de sus líderes fue incapaz de convertir su "auctoritas" en "potestas".

Aquí se pondrá el contador a cero por el expediente de formalizar y santificar otra Constitución.  
Ésta, de forma premeditada o por la fuerza de los hechos y los intereses, contemplará dos partes indisolubles con dos caras: la A y la B. Y ya sabemos en España que la B es la que importa.

La primera, que no me interesa hoy, supondrá el cambio de orden institucional.

La segunda será una Ley de Punto Final, una Ley de Justicia Transicional que dará carpetazo a los procedimientos judiciales en curso y a los por venir, ERES y Gurtel, Púnica y Pujol, S.L., caso Infanta y familia...

¿Es inevitable pasar página?

Sí, por una sencilla razón: porque gobernará, con algunas excepciones, la misma oligarquía cuyos miembros (una parte) serán liberados de sus responsabilidades penales. 

No deberían indignarse por ello, pues se trata de una cuestión que está ínsita en la naturaleza de las cosas.

¿Acaso se enojan cuando diluvia?

Pues que otra clase política extraída de la actual vuelva a dirigir el país es tan evidente como la lluvia en otoño.

¿Entonces para qué cambiar si todo va a seguir igual? -me preguntarán-.

Por la misma razón por la que todos los días se ducha al levantarse aunque a las pocas horas ya esté sucio: pura higiene.

Ahora bien, esta seguridad de que la necesaria limpieza no nos libra de la mugre, pues sólo la desplaza momentáneamente de sitio hasta que vuelve a aparecer, es lo que exigirá olvidar en aras de la estabilidad política.

Acudamos a la historia más reciente de Italia para entender el porqué.

La Italia pos "Mani Pulite", el proceso de regeneración política del país transalpino, llevó al poder a Berlusconi.

Paradójicamente, después de un proceso que tenía como objetivo limpiar la corrupción se alzó con el poder, por supuesto de forma democrática, el gran corruptor, el corruptor a la enésima potencia.

¿Quién pensó que a "Mani Pulite" le seguiría Dº Silvio, ex "el Cavaliere"?
Salvo algunos ciudadanos aficionados a la lectura de Robert Michels, nadie.

La consecuencia de pensar que el nuevo periodo tendría que ser realmente nuevo y sin mácula, que la limpieza sería definitiva, fue la persecución penal del tres veces Presidente del Consejo de Ministros entre 1994 y 2011, lo que hizo tambalear y condujo al descrédito al sistema de gobierno que surgió luego de las exequias del Partido Socialista de Craxi y la Democracia Cristina de Andreotti.

De hecho, desde los primeros años noventa del siglo pasado hasta 2013 con la condena por fraude fiscal de Berlusconi, Italia vivió en un ¡ay!

¡Veinte años de zozobra política que hizo necesario hasta un Gobierno de técnicos presidido por Monti e impuesto por Bruselas, para sostener la República y conseguir una triste pena de prisión de cuatro años para el septuagenario "Papi" por delito fiscal!

¿No es suficiente el ejemplo de lo ocurrido en Italia para demostrar que sin una ley de impunidad la regeneración prolongará el padecimiento, pues la cara A de la nueva Constitución quedará congelada mientras el país mire al pasado de sus nuevos-viejos gobernantes?

Sí, Pedro "Zelig" Sánchez quiere reformar la Constitución, pero lo que no se imagina es que éste punto zero trae debajo del brazo, casi de matute, un proceso destructor que pondrá fin a la llamada Transición pero no con el clásico "The end", sino con el casi rosselliniano "España, Zona Zero", que viene a significar en gramática parda ¡todos a la calle!  

¡Políticos a la zona de salida!

¡El show debe continuar!


twitter: @elunicparaiso



3 comentarios:

  1. Muy interesante. Yo tengo que preparar una respuesta digna ... :-)
    Saludos!

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  2. Gracias Carlo.
    Los lectores agradecen mucho tus comentarios.
    Otro saludo para ti.

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  3. Quien crea que desvarío que lea esta noticia publicada hoy en la web del diario EL PAÍS.

    "Seis asociaciones de jueces y fiscales han hecho público un comunicado conjunto en el que piden la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por considerarla una "LEY DE PUNTO FINAL". La norma entra en vigor el 5 de diciembre y establece límites máximos de seis o 18 meses para la instrucción de sumarios.

    Nunca antes tantas asociaciones de jueces y fiscales habían firmado un comunicado así. Al mismo tiempo, ya han firmado una carta similar más de 1.000 fiscales de un total de 2.500. El comunicado lo firman Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales.

    Las asociaciones firmantes proceden de todos los espectros ideológicos. Solo se descolgó en el último momento la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

    La Fiscalía del Estado ve una “oscura redacción” de la norma

    Una vez culminado el trámite parlamentario, hasta la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, propuesta por el Gobierno del PP, cuestionó la norma.

    El comunicado de las seis asociaciones explica que "establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal -en el que la investigación está en manos del juez instructor- puede resultar absurdo, pues es el propio juez quien ha de controlar la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales, como es también absurdo otorgar al Ministerio Fiscal, en régimen de monopolio, la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma o, incluso, desconocer el contenido o la existencia de dicha investigación".

    Explica que "ello coloca a los miembros del Ministerio Fiscal en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad, y a los jueces de instrucción en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucción, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petición del fiscal. En definitiva, el legislador ha confundido tanto el modelo procesal como el papel de los actores, lo que lleva a su último extremo la falta de coherencia de la reforma".

    "Por si esto fuera poco, su entrada en vigor está prevista en el plazo de dos meses desde su publicación. Así, el 5 de diciembre se aplicará a todos los procedimientos vigentes, es decir, habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo estos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello -como dice la propia ley- sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna", se quejan las asociaciones.

    "Es por lo tanto, una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados y, por ello, las asociaciones firmantes, solicitan la suspensión de la entrada en vigor de la reforma hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma", concluye el texto".

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