El
día 12 de Noviembre el presidente de Gobierno compareció en rueda de prensa en
el Palacio de la Moncloa para dar su opinión sobre la "performance"
independentista de Mas, Harpo Mas, el 9-N en Cataluña.
Cuando
se le preguntó si el Gobierno no había hecho dejación de funciones al no
impedir la celebración del acto, el presidente dijo que no, que actuó de manera
"proporcionada", añadiendo que "hice lo que tenía que
hacer", es decir, recurrir al
Tribunal Constitucional, que declaró ilegal la consulta.
Al
escucharle tuve la certeza de que Rajoy pasará a la historia como el
Chamberlain español del s. XXI. El Apaciguador.
Si al recuerdo de Neville Chamberlain siempre le acompaña la frase "la paz para nuestros
tiempos", pronunciada en 1938 a su llegada a Londres después de hablar con
Hitler en la Conferencia de Múnich, Rajoy pasará a la historia por su lacónico
comentario "hice lo que tenía que hacer" para justificar su inacción
el día en que tuvo lugar el auto de fe separatista.
Si
la respuesta de Churchill al Primer Ministro británico, miembro del Partido
Conservador igual que Chamberlain, fue "tuvo usted para elegir entre la
humillación y la guerra, eligió la humillación y nos llevará a la guerra",
a Rajoy nadie del Partido Popular le ha contestado con algo parecido a esto: "tuvo
usted para elegir entre ejercer de presidente del Gobierno o recurrir al
Tribunal Constitucional, eligió el Tribunal Constitucional y desde ahora mismo le invito a que deje de ser presidente".
Debo
aclarar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no es incompatible con la
solicitud de intervención del Tribunal Constitucional, pero aquél no se agota recurriendo a éste, que precisamente es lo que ha ocurrido en el caso que
nos ocupa.
Rajoy
ha demostrado no conocer, o no querer conocer, que existen dos medios de hacer
cumplir las leyes: el modo "administrativo" y el modo
"judicial", utilizando la terminología del sabio Tocqueville.
El
modo administrativo se dirige siempre a la causa, el otro al efecto. El uno es
directo, el otro es indirecto.
Un
caso práctico.
Imaginemos que un pueblo de cualquier país decide y anuncia que un día concreto va a realizar un
acto que el Gobierno de ese país considera ilegal.
El
Gobierno decide impugnar la decisión del pueblo en los tribunales, que la
declaran ilegal en el ejercicio de sus competencias, pero el alcalde del pueblo
insiste que se va a celebrar.
En
ese supuesto la función del Gobierno, el motivo de su existencia, es impedir que
la ilegalidad se produzca en la fecha que se ha anunciado que se va a realizar,
ordenando los medios de que dispone el
Poder Ejecutivo a tal efecto.
Y
además, sólo además, llevar al alcalde a los tribunales por el acto ilegal que
pretendía consumar o que consumó.
Si
el Gobierno del país de nuestro caso práctico no impide el acto ilegal
anunciado con día y hora infringe su principal obligación, esto es, que
se cumpla la ley.
Por
tanto debemos volver al principio, a las dos formas de hacer cumplir las
leyes.
Según
el modo administrativo, el Gobierno tendría que ser destituido de forma inmediata a
iniciativa de los ciudadanos del país o de otros órganos institucionales.
De
conformidad con el modo judicial, todos sus miembros serían puestos a
disposición de los tribunales civiles y, si es el caso, criminales.
No
obstante, cualquier parecido del caso práctico con la realidad de la situación
política española es pura coincidencia, que diría el "ciencia-ficcionista",
que es así como se llama ahora a quien aplica el sentido común y el pensamiento
clásico a las circunstancias de la vida social.
Por eso "el Apaciguador" no debe temer por sus sinecuras..., o sí.
Anécdota de la efemérides constitucionalista.
Parece ser que Dº Mariano Rajoy le ha dicho que nones al señor Pedro Sánchez, Secretario General del Partido Harpobrerista Español, en lo que respecta a su demanda de modificar la Constitución.
Le alabo el gusto a "el Apaciguador". Dado que no la va a cumplir ni hacer cumplir, qué más le da una Carta que otra. "Con la que hay me apaño" -habrá pensado-.
twitter: @elunicparaiso
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