La opinión unánime es que
el Gobierno tiene que tomar medidas que incentiven el crecimiento económico
para que los programas de reducción del gasto no aumenten el número de parados,
y para incrementar la recaudación fiscal con el objetivo de estabilizar el
déficit público.
Se dice
que las medidas tendrían que afectar al ámbito financiero, el fiscal y de la
seguridad social, y el de los servicios.
El
financiero le daría por encauzado desde la cumbre europea del 29 de Junio del
presente que dio luz verde a que el fondo de rescate (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, FEEF), pudiese comprar
deuda soberana, además de con el préstamo de hasta 100.000 millones de euros al
Estado para que rescate a la banca.
La liberalización de los
servicios el Gobierno la hará.
Quedaría la pata fiscal.
Con
independencia de que no creo que ni el Gobierno ni ninguna institución política
“per se” pueda solucionar la “crisis posetílica” que viene atravesando la
economía española desde hace un lustro, hoy, con la prima de riesgo a más 600
puntos, voy a sugerir al Presidente Rajoy una decisión que si pasase al Boletín
Oficial del Estado le haría entrar en la historia como el líder que ayudó a que
el país enfermo se levantase de la cama y andara.
No quiero hacerles esperar respecto
al contenido de la medida: posibilitar una inmediata rebaja de impuestos.
Pero
tendrán que terminar la lectura para entender la forma de implantarla, que
resulta tan esencial como la propia decisión.
En
la entrada del día 25 de Febrero del año en curso, titulada “Deconstruyendo el
Estado. Práctica del paraíso fiscal” defendía que el desarme fiscal de una sola
Comunidad Autónoma proporcionaría el incentivo para que la inversión renazca y
su efecto multiplicador se traslade al resto de las regiones del país.
En la
misma fundamenté que sí se pueden implantar regímenes tributarios propios de un
paraíso fiscal en territorios que forman parte del ámbito europeo.
El
argumento jurídico le proporciona la propia Unión Europea, concretamente el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, y su Sentencia de 6 de Septiembre
de 2006 relativa al régimen fiscal de las Azores.
Al
amparo de la jurisprudencia citada, el Gobierno de España tendría que hacer lo
mismo que hizo respecto a la liberalización de los horarios comerciales con el
Decreto de la pasada semana (ver artículo 27 del Real Decreto-ley, 20/2012, de
13 de Julio).
Es decir, otorgar a todas las
Comunidades Autónomas (CC.AA.) la competencia para que éstas PUEDAN REDUCIR SUSTANCIALMENTE EN SUS TERRITORIOS, YO PROPONGO HASTA UN MÁXIMO DEL 50%, LOS TIPOS MARGINALES DE IRPF E IMPUESTO DE SOCIEDADES.
Eso
significaría que el tributo a las mercantiles quedase en el tipo marginal del
15%, y el que afecta a autónomos y pequeños empresarios (IRPF) en el marginal del 25,5%, aplicando en éste tributo ese límite de reducción del
50% en todos los tramos del mismo.
Como es obvio, en el
IRPF el Gobierno exigiría que la reducción de los tipos fuese igual en la parte
del impuesto que corresponde a la Administración Central que en la dependiente
de los entes autónomos, pues en caso contrario éstas no reducirían el
porcentaje del impuesto que tienen cedido.
Y además, se establecería un acuerdo entre el Gobierno
y cada Comunidad Autónoma para aminorar las transferencias de la
Administración Central a cada región, debido a la proporcionalmente superior
merma de ingresos de la primera a causa de las rebajas impositivas en tributos en su mayor parte estatales a favor de los empresarios de las segundas.
El
otorgar libertad a las CC.AA. para que pudiesen aplicar las
citadas reducciones tributarias, conseguiría
neutralizar toda oposición política a la medida (el que no quiera que no las
aplique) e incentivar la competencia entre los distintos territorios por la captación
de inversiones tanto españolas como extranjeras.
No sólo no
podrían alegar egoísmo de la Administración central (el Estado reduciría sus
impuestos propios si ellas estuviesen dispuestas a aceptar una importante reducción
de ingresos), sino que la introducción de la competencia entre ellas les
obligaría a poner a dieta sus estructuras burocráticas para adaptarse a la
contracción recaudatoria.
Bastaría que una sola Comunidad aceptase una bajada drástica en su territorio de IRPF y Sociedades, para que inmediatamente las colindantes tuvieran que hacer lo mismo
a fin de evitar una fuga masiva de capitales, produciendo una reacción sucesiva
que tendría efectos estimulantes en la recuperación de la actividad
económica del país.
Analicemos sin pérdida
de tiempo las que podrían ser peores consecuencias de una medida como la que
propongo: reducción de ingresos estatales y autonómicos que podría terminar
en un aumento a corto plazo del déficit público, y una eventual suspensión de
pagos del Estado que exigiría el rescate del país.
Como dato
del que partir, el número 222 (año 2011) de Cuadernos de información económica
de FUNCAS advertía que una rebaja del IRPF destinada a impulsar la economía
hasta alcanzar un crecimiento del 2,5% necesario para iniciar la creación de
empleo tendría un coste recaudatorio de 25.000 millones de euros, una reducción
del 35% de los ingresos previstos para éste impuesto en 2011.
Con independencia de que el
déficit público se puede controlar y la suspensión de pagos evitar no sólo
aumentando la recaudación sino reduciendo gastos, ¿cómo estamos a día de la
fecha?.
Fuerte reducción de ingresos
estatales y autonómicos en lo que va de año (según
la Agencia Tributaria, datos de Julio, en el acumulado anual la recaudación por
impuestos hace un año era de 70.141 millones y este es de 66.729), que han impedido la estabilización del
déficit público, y un aumento de las posibilidades de una eventual suspensión
de pagos del mismo Estado ante la escasa y costosísima financiación
exterior.
Con un añadido: la actividad
económica y el consumo interno paralizado, y el desempleo por las nubes.
O
sea, hoy no estamos en un escenario semejante al que en teoría sería más indeseable a causa de la rebaja impositiva, sino en uno peor, pues con ésta el crecimiento resucitaría.
De manera inevitable, el rescate del país pasa por
la competencia fiscal entre Comunidades Autónomas.
Coda dedicada al Ministro comunista, Dº Cristóbal Montoro.
El pronto ex-ministro convirtió ayer jueves a James Rubalcaba Dean
en todo un "liberalazo" acusándole en el Congreso de ser un
irresponsable por permitir que el PSOE rebajase el Impuesto de Sociedades.
Utilicemos por un momento el método
comparativo.
A principios de este mes de Julio el Tesoro irlandés logró
colocar 500 millones de euros en letras a tres meses a un interés medio con un coste inferior al que debe afrontar España.
La Agencia de Calificación Fitch avanzó que Irlanda podrá
financiarse totalmente en los mercados a finales de 2012.
A día de la fecha, el Estado español registra una
probabilidad de quiebra del 40,5%, frente al 38% de Irlanda.
Impuesto de Sociedades en Irlanda 12,5%.
En España 30%.
Paro en Irlanda 14,60%.
En España 24,60%.
En España 24,60%.
twitter: elunicparaiso
No podrían paralizarse esas medidas com acuerdos de los partidos para dejarlo todo como está? Uno de esos acuedos tan perseguidos por instituciones de defennsa dela competencia.
ResponderEliminarNo olvidemos que vivimos en una partitocracia.
Estimado J. Cohen.
EliminarClaro que los partidos podrían paralizar estas medidas. Pero ello no impide que puedan ser útiles. Y si lo son, habría que intentar aplicarlas.
Un saludo y encantado de contar con su participación.