El partisano Mas

            El 29 de septiembre de 2012 se publicó en este blog un artículo referido a la aprobación por la falange independentista del Parlamento de Cataluña, el 27 de septiembre de ese mismo año, de una propuesta que era una formal declaración de enemistad contra el resto de España. 

            En ella se instaba al Gobierno que saliese de las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012 a convocar un referéndum secesionista, pues Cataluña debía "iniciar su transición nacional basada en el derecho a decidir".

             Dado que durante la presente legislatura el Gobierno de la Generalidad no ha podido celebrar el citado referendo (lo ocurrido el 9 de noviembre de 2014 no pasó de un gigantesco simulacro), quiere aprovechar la convocatoria de nuevas elecciones regionales el 27 de septiembre de 2015 (no por casualidad tres años exactos después de la declaración de enemistad de 2012 de una parte del Parlament al resto de España) para transformarlas en un plebiscito por la independencia.

              

           Con ese fin el actual Presidente catalán ha dejado en un segundo plano a su partido, CDC, al objeto de conformar e incorporarse como número cuatro a una lista integrada por personas de todo pelaje político, aunque unidos por la finalidad de lograr la "desconexión" de España.  

         La voluntad de convertir unas elecciones legislativas en un plebiscito, y la fusión de los partidos CDC y ERC en una lista única encabezada por un comunista que, sin embargo, no presidirá la Generalidad en caso de obtener la mayoría, pues ese honor se le reserva el número cuatro Artur Mas, ratifica lo que es un secreto a voces: Cataluña está gobernada por partisanos.

         Decir esto puede no significar nada a muchos de nuestros lectores. No obstante, el  partisanismo de la Generalidad explica las teóricas extravagancias de ésta durante los últimos años, pero sobre todo la dificultad del Gobierno central para poner fin al proceso soberanista.

      

         Por ello es necesario definir brevemente cuáles son las características de una política partisana (ver "Teoría del partisano", Carl Schmitt. Ed. Trotta. 2013).

         

       En primer lugar, su carácter irregular.

       La irregularidad se concreta en desobedecer la ley que no le conviene y en aprovechar la que le interesa.

          Así, y a modo de ejemplo, el partisano Mas aprovecha el amparo legal que le otorga el derecho de convocar  elecciones destinadas a elegir personas que elaboren leyes de ámbito regional, para incurrir en un fraude de ley, esto es, convocar un plebiscito "de facto" por la secesión de Cataluña.

       En segundo lugar, el partisano acentúa su compromiso político para diferenciarse del vulgar delincuente.

           

     En realidad Mas no incumple menos la ley que un preso común. De hecho la incumple más y con mayor gravedad. Su única diferencia con el recluso es que Mas se jacta de que sus delitos no los comete en interés propio sino por el bien de su pueblo.  

        Si no disfrazara su actividad delincuencial con un manto teológico-político (recuperar la libertad perdida de su tierra) Mas no pasaría de ser un forajido de poca monta.

     La tercera característica, derivada de la anterior, es la criminalización del otro, su identificación con el mal absoluto. 

        La intensificación del compromiso político, el carácter sagrado de la lucha política del partisano convierte automáticamente en enemigo total a cualquiera que se atreva a oponerse.  Es un combate entre buenos y malos donde al malo lo mejor que le puede pasar es que huya.   

           Cuando el fin último no es ni más ni menos que "el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo" (declaración del Parlamento de Cataluña de 27 de septiembre de 2012)  ¿qué otra cosa pueden ser los españoles que no se doblegan a la voluntad del autoproclamado pueblo catalán sino ladrones de masas ("Espanya ens roba") o "hooligans" (Mas el 22 de julio en el Parlament) que hablan un idioma que debe desaparecer y cuyos símbolos nacionales deben ser demonizados en aquelarres multitudinarios?

         En resumen, la política partisana es un método de lucha irregular, cuyos fines superiores (salvar la patria o realizar el paraíso en la Tierra) exigen el sacrificio propio en aras de la victoria, y por ende, la consideración de enemigo absoluto del que se niegue a colaborar. 

                

         El problema de la política partisana es que es la más difícil de combatir para cualquier  Estado, pues los instrumentos que éste puede utilizar deben someterse a dos condiciones ineludibles: respetar la más estricta regularidad (Estado de Derecho y Tribunales de Justicia, igualdad ante la ley) y la neutralidad axiológica (todos los valores son aceptados).  

   

          Es la extrema complejidad de contrarrestar una política partisana con los medios del Estado de Derecho lo que explica la sensación de fracaso e incapacidad del Gobierno de Rajoy para desactivar la ejecución del plan soberanista de Mas.

       Es esa dificultad lo que motivó la consulta de Rajoy a Felipe González en vísperas del simulacro del 9-N para que le aconsejara cómo evitarla. González tampoco tuvo la varita mágica.

     Rajoy utilizó todas las competencias que el Estado le otorga para anular la ley catalana que convocó el plebiscito ilegal del 9-N (Abogacía del Estado, Tribunal Constitucional), pero la consulta se celebró aunque había sido suspendida de manera cautelar.

         Es muy probable que ustedes duden de que el Presidente del Gobierno utilizase realmente todo lo que tenía para evitar que los colegios electorales abriesen el 9-N.

         Sin duda pudo valerse de la fuerza y no lo hizo. O aplicar el artículo 155 de la Constitución. 

         ¿Pero se puede combatir irregularidad (política partisana) con regularidad (Estado)? Difícil.

      ¿Y se puede confrontar eficazmente, repito, eficazmente, una reclamación partisana pacífica (votar) con la fuerza estatal? Más difícil aún.

       Creo que hemos dejado planteado el dilema, que no es sólo la conversión de las elecciones legislativas autonómicas catalanas del 27 de Septiembre de 2015 en un plebiscito por la independencia, sino cómo gestionar el día después sea cual sea el resultado, cómo controlar  por medios regulares a un Gobierno periférico que seguirá comportándose de forma irregular aunque el cielo se hunda (¿cumplirá el próximo Gobierno catalán, aunque fracase el intento secesionista, las sentencias del Tribunal Supremo respecto a la política educativa y lingüística?).

           En suma, la encrucijada reside en cómo puede un Estado de Derecho neutralizar a un Gobierno partisano.

  En el próximo artículo propondremos las nada fáciles alternativas.  

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