domingo, 27 de septiembre de 2015

Paz imposible, independencia improbable, problema insoluble.



Aunque en el momento en que escribo los catalanes aún votan, casi todo el mundo se pregunta ya qué pasará el día después. 

Dado que en España no hay un pensador como Raymond Aron no nos queda otro remedio que parafrasearle.  

El genial francés, a cuenta de la guerra fría entre USA y la URSS dejó dicho: "paz imposible, guerra improbable". 

Pues bien, para el caso catalán me atrevo a pronosticar paz imposible, independencia improbable, problema insoluble.

Considero la paz imposible porque, debido al abandono de sus funciones por parte de los Gobiernos Centrales de España, para alcanzar mañana la paz en Cataluña alguien tendría que inventar una vacuna contra el síndrome de Estocolmo, y esto no está al alcance ni de Santo Google, que ya es mucho decir.

En cuanto a "independencia improbable", me baso en que "los Margallo", amplísima familia española con miembros tanto a derecha como izquierda de la clase política patria, ya se las arreglarán para encajar a base de dinero el "hecho diferencial catalán" en la Constitución, aunque el famoso a fuer de enigmático "hecho diferencial catalán" es como las armas de destrucción masiva de Irak, que todo el mundo sabía que existían menos los iraquíes (Boadella dixit).  

Para ayudar al "encaje del hecho diferencial" a fuerza de billetes del Banco Central Europeo, es decir, a su costa, querido lector, el Gobierno prepara una reforma del Tribunal Constitucional que será aplicada con todo rigor a funcionarios-partisanos de segundo orden de la nomenclatura catalana, los cuales quedarán sin empleo y sueldo por ver si escarmientan en cabeza ajena los prebostes de la Generalidad.   http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2015/09/kelsen-en-el-congreso-de-los-diputados.html 

La suma de paz imposible e independencia improbable ofrece como resultado problema insoluble. 

Ahora bien, si no se cumpliera el diagnóstico de "independencia improbable" y se consumara la secesión apuesto por la experiencia de la historia, esto es, los españoles de Cataluña constituirán un movimiento de liberación nacional, el Frente de Liberación Charnego (FLCh).
En esencia consistiría en hacer lo mismo que ha hecho CiU (sin el impuesto revolucionario del 3%) desde los años 80 del siglo pasado, pero al revés: partisanismo político (incumplimiento selectivo de la ley, vigoroso compromiso político y penetración en todos órganos de la vida social y política del Estat Català). 
Obviamente esto supondrá el eterno retorno de lo mismo, o en términos castizos, vuelta la burra al trigo. 

Todo esto nos lo podríamos haber ahorrado si Rajoy le hubiera hecho caso a Mas y hace un par de años le hubiera dado el gusto de encarcelarle una temporada. 

Pero no, en España la navaja de Ockham (si comparas a un catalán con otro español y no puedes diferenciarles es que no existe hecho diferencia catalán) no es un principio científico que manejen "los Margallo". http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2015/09/margallo-en-el-laberinto-partisano.html
Aquí lo que se lleva es la política de chafarrinón.

No obstante, no debemos perder la esperanza.
Si Beckett esperaba a Godot, nosotros también podemos esperar a que San Google dé con la fórmula magistral de la vacuna que disuelva el problema antes que el síndrome descubierto en Suecia nos conduzca a la paz, sí, pero a la paz celestial.


twitter: @elunicparaiso

domingo, 13 de septiembre de 2015

Deconstruyendo la negociación de los Margallo



Pocas horas antes del inicio de la campaña electoral de las elecciones autonómicas catalanas el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, defendió la reforma de la Constitución para encajar "el hecho catalán" como solución a las reivindicaciones secesionistas.

"Después del 27 de septiembre habrá que hablar, pero vamos a hablar con buena voluntad, discutiendo lo que es posible y lo que no es posible". 

"Encajar el hecho catalán en términos constitucionales en la realidad hispánica" requeriría primero garantizar que existe "un consenso suficiente" en torno a que no habrá "ruptura" y que las modificaciones se canalizarán "por los procedimientos establecidos" en la Carta Magna".

La exposición de Margallo (reforma constitucional, diálogo) refleja el desconocimiento del significado de la política partisana que dirige el inefable Mas, 
http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2015/07/el-partisano-mas.html el cual ha rechazado de plano la vía Margallo de solución al conflicto.

Así, a las pocas horas de las declaraciones del ministro, el todavía Honorable ha aprovechado el discurso institucional de la Diada para reclamar a los ciudadanos que "asuman la decisión de la mayoría" que surja de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, y que a partir del 28 "la concordia y la voluntad de ser un solo pueblo guíe a los catalanes". 

Pero por si acaso los ciudadanos no aceptan lo que les diga la mayoría de Mas (por ejemplo, suicidarse) sus satélites, al día siguiente de la Diada, ya plantean públicamente dar amparo a actos de desobediencia civil para imponerla aunque se caiga el cielo. 

Cómo se puede comprobar, al diálogo que ofrece Margallo, Mas contesta con la obligación de aceptar sí o sí lo que Mas decida que es la mayoría.

Ahora bien, ¿es tan tonto Margallo como parece?

La pregunta es pertinente no tanto porque nos preocupe la salud mental de Dº José Manuel, sino porque Margallos hay muchos a ambos lados del espectro político. Por tanto, responder la cuestión de forma adecuada nos puede permitir conocer el grado de inteligencia de la clase política.

Veamos.

El ministro plantea el dilema en términos de regularidad y racionalidad.

Cree que la política clásica aún es posible en Cataluña, entendiendo por política clásica la mutua satisfacción de objetivos, siempre parciales, mediante una negociación alejada de todo esencialismo y sometida a reglas.

Por eso le ofrece a Mas un diálogo que debiera terminar con una salida honorable para ambos.

¿Y cómo pretende conseguir que Mas acepte una negociación que ha rechazado hasta el día de hoy?

Otorgándole un triunfo previo, esto es, la posibilidad de modificar la Constitución en términos que le satisfagan.

Margallo, político habituado a los usos de la diplomacia, cree que Mas conserva intacta su racionalidad, pero necesita vender una victoria inicial a sus huestes para que éstas acepten y comprendan que si su líder se sentase a negociar lo haría con honor, aunque, a la postre, -piensan los Margallo del PP y del PSOE-, renunciaría en la mesa a sus posiciones maximalistas (la independencia).  

La reforma constitucional para que se reconozca la identidad nacional de Cataluña sería la presunta argucia con la que atraer al partisano no a un acuerdo definitivo, sino a un mero armisticio.

Margallo se cree Kissinger cuando éste impidió a Israel en la guerra del Yom Kipur infligir a Egipto una derrota bíblica para dar a Sadat un triunfo que le permitiese sentarse a dialogar con Israel desde una posición digna.

El doctor Kissinger lo consiguió. El ministro español jamás.

¿Por qué? ¿Cuál es el error de todos los Margallo que quieren salvar a Mas de Mas?

Que el partisano Mas no teme a los diplomáticos o políticos de salón tipo Margallo que no amparan sus argumentos con la fuerza.

El Gobierno español debe entender que el partisanismo repudia la convivencia, no entiende el compromiso..., al menos hasta que se les obligue a ello.

Después de la fuerza (que no supone necesariamente violencia) se aprestan a negociar.

Pero si no hay fuerza, si no hay enemigo, ¿qué negociar?, ¿para qué?, ¿acaso no se celebró el plebiscito-performance del 9-N?

Su admirado Kissinger se lo diría. 

Espero haber despejado la incógnita acerca de si los Margallo de guardia son tan tontos como parecen.


Mañana de resaca.

En el momento en que escribo estas líneas me entero que el Presidente Rajoy en un mitin en Lérida esta misma mañana ha ofrecido "diálogo" si Cataluña (¿no querrá haber dicho la falange racista catalana?) vuelve a la "normalidad", a la "moderación".
¡Pobre diablo!

Hechos diferenciales.

El genio de Boadella deconstruye en pocos minutos los hechos diferenciales de los Margallos.
https://www.youtube.com/watch?v=wUTK3I8qFpE
Boadella, no Margallo, fue quien tuvo que debatir con Junqueras.
El vídeo anterior demuestra que con 5 minutos hubiera sido suficiente.

@elunicparaiso


jueves, 3 de septiembre de 2015

Kelsen en el Congreso de los Diputados


La proposición de ley presentada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados para que el Tribunal Constitucional pueda ejecutar sus propias resoluciones, es decir, para que se convierta en el defensor real de la Constitución, nos permite extraer dos conclusiones que están vinculadas.

La primera es que el Gobierno ha entendido que el problema catalán es un asunto de política partisana.

La segunda, que en la polémica sobre la justicia constitucional el Ejecutivo ha elegido las tesis de Hans Kelsen en lugar de las de Carl Schmitt, con efectos prácticos de enorme relevancia.

Sobre el asunto del partisanismo en Cataluña, causa directa del problema, me remito a los dos artículos publicados en el blog. http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2015/07/un-estado-de-derecho-partisano.html
Analicemos por qué el Ejecutivo, parafraseando a Woody Allen, al fin se ha decidido a introducir una idea en esta coyuntura.

La legitimación procesal que se va a otorgar a los recurrentes para que soliciten al Alto Tribunal que restituya el derecho subjetivo vulnerado y suspenda de sus funciones al responsable del daño, supone una medida que se dirige a la raíz del problema: neutralizar a cada uno de los partisanos incrustados en las instituciones.

El partisanismo es una política ordenada por la Generalidad, pero que basa su triunfo en la presión diaria a los neutrales, a los indiferentes. Es un conflicto total y constante para lo que necesita un sinúmero de quintacolumnistas.

Mas no sería nadie sin los imprescindibles profesores que obliguen a los niños a hablar catalán en el recreo, sin los funcionarios que abran los colegios para celebrar elecciones nulas o que coloquen banderas ilegales en los balcones de los Ayuntamientos.

Que el Tribunal Constitucional pueda ejecutar no sólo sus sentencias, sino cualquier resolución que emane del mismo; y que lo haga sin aplicar la fuerza ni el derecho penal como primer recurso, sino la suspensión en el cargo de los culpables y multas coercitivas de hasta 30.000 euros (incluso para un burócrata no mileurista la broma le saldrá cara), supone una medida antipartisanos irreprochable, pues actúa sobre la responsabilidad personal de cada empleado público (la fiel infantería), al tiempo que respeta la regularidad del Estado de Derecho al ser susceptible de aplicarse a todos los españoles.

Al centrarse en la exigencia individual del cumplimento de los deberes constitucionales por parte de cualquier funcionario, es lógico que la proposición de ley otorgue los poderes necesarios al Tribunal Constitucional para que sea éste el órgano encargado del control jurídico-político de todos los actos, no sólo de las leyes, de las Comunidades Autónomas, lo que nos da pie para entrar en un segundo tema no baladí, esto es, que haya sido Kelsen, y no Carl Schmitt, el inspirador de la reforma, con las consecuencias políticas que ahora veremos.

A principios de los años 30, y con motivo de la inestabilidad de la federalista República de Weimar, los dos genios del derecho público mantuvieron un debate que como vemos aún pervive.

A grandes rasgos, Carl Schmitt defendía que fuese el Presidente de la República el defensor de la Constitución, en tanto figura separada de los partidos y máximo representante tanto de la soberanía popular como de los organismos del Estado.  

Por contra, Kelsen entendía que el único defensor de la Constitución debería ser un órgano "ad hoc", que si no llega a ser un órgano jurisdiccional, sí actúa con métodos y criterios jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional, tal y como se recogía en la Constitución Austriaca de 1920.

Pues bien, esa misma polémica es la que surge casi un siglo después en España, aun no habiendo un sistema presidencialista, entre los partidarios de que el Gobierno utilice el artículo 155 de la Constitución contra la Generalidad de Cataluña (schmittianos aun sin saberlo), y los que creen que debe ser el Tribunal Constitucional quien dirima el conflicto y sus efectos colaterales (kelsenianos).

En todo esto hay dos curiosísimas paradojas.

Quien escribe, alumno aplicado de Schmitt sin estricta observancia, en este caso está con Kelsen.   

Por contra, afamados liberales que echan pestes del Gobierno por su presunta cobardía al negarse a aplicar el famoso artículo 155, se echarán las manos a la cabeza al saber que Schmitt es su compañero de viaje.  

La otra paradoja es que el mejor teórico del partisanismo no previno cuál era la manera óptima de desactivarlo, pues las razones por las que comparto las tesis de Kelsen, es decir, las del Gobierno, son claras: el citado artículo de la Constitución es completamente inútil para contrarrestar la política de Mas. 

En el mismo se afirma que el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a las Comunidades Autónomas al cumplimiento forzoso de las obligaciones o las leyes ignoradas, pudiendo dar instrucciones a todas las autoridades del ente autónomo.

Bien, ¿alguien cree que el partisano Consejero de Educación catalán va a obedecer al Gobierno de Madrid?, ¿por qué iba a hacerlo cuando el Gobierno ponga en marcha el artículo 155 si no lo ha hecho cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha declarado nulas leyes de inmersión lingüística que restringen los derechos de los castellano hablantes?, ¿pondrá el Ejecutivo mossos o policías nacionales en cada colegio?  

Sin embargo, impugnar la política partisana por el método de exigir la responsabilidad personal del funcionario ordenante de cualquier actuación ilegal, supone combatir el partisanismo en su terreno, es decir, en el día a día de cada acto de desobediencia.

Si la Constitución, entre otras cosas, es un ordenamiento que garantiza derechos individuales que son violados en masa por autoridades, esos hechos deben verificarse, a instancia de los denunciantes legitimados, por un órgano que analice cada caso concreto a la luz de la normativa constitucional, y que haga responsable a los eventuales autores del daño.
Si un proceso garantista culmina con la suspensión del cargo público y/o la imposición de una multa disuasoria, el partisano habrá dejado de serlo.

De todas las dudas que les haya podido provocar el artículo sólo quiero referirme a una pregunta que seguro se harán: "¿no están ya los tribunales ordinarios para castigar el incumplimiento de la ley?", "¿para qué tenemos al Tribunal Supremo?".

Por un elemental principio de eficacia, sobre todo en un Estado más que federal como el español, el defensor de la Constitución tiene que constituir una instancia especializada y única, que dirima conflictos entre órganos del Estado y que, al mismo tiempo, garantice que los derechos individuales de los ciudadanos no se vean lesionados por aquéllos conflictos.

Lamentablemente, ni el Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Supremo, ni el Gobierno a través del artículo 155 de la Constitución, disponen a día de hoy de instrumentos jurídico-políticos que protejan de forma solvente los derechos fundamentales del partisanismo político.


Por ello, sí, estoy a favor de la proposición de ley antipartisana del Grupo Popular que convierte al Tribunal Constitucional, más allá de oportunismos, riesgos y deficiencias, en el defensor de la Constitución.

twitter: @elunicparaiso