lunes, 29 de octubre de 2012

Nadie quiere igualdad ante la Ley. II.


                
            En el último “post” http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2012/10/nadie-quiere-igualdad-ante-la-ley-i.html terminaba echando mi cuarto a espadas en defensa de la Ley impersonal, esto es, la que emana de un proceso que ningún individuo ni grupo puede dirigir y que sin embargo es ineludible para todos.
                Las leyes físicas son impersonales (la lluvia moja, por causas ajenas al hombre, lo mismo al rico que al pobre), pero también lo son muchas leyes económico-sociales, véase la que fija los precios de los bienes en el punto de equilibrio entre incalculables, y por ello impersonales, ofertas y demandas.
                Aunque los gestores públicos y sus ideólogos pretenden modificar leyes de la naturaleza, son las leyes económico-sociales las que constituyen el campo de acción preferido del “político demiurgo”. Siguiendo con el neutral sistema de formación de precios, éste es modificado minuto a minuto por la política económica estatal premiando o castigando ofertas y/o demandas.
               Pero quedémonos con la idea de que existen leyes físicas y no físicas impersonales.
                ¿Se puede aplicar el criterio de justas a las leyes impersonales?
                ¿Se puede definir como “justa” la ley biológica que nos permite nacer y nos conduce a la muerte?
                ¿Es la competencia que sanciona el éxito empresarial una ley económica justa? 
               Si por ley justa se entiende la redistribución de beneficios y cargas según criterios preestablecidos ideológicamente, es obvio que nada hay más injusto que una ley impersonal que no hace distingos entre unos y otros.
                Si por el contrario la justicia de una ley reside en su aplicación universal de forma inevitable, la ley impersonal es la realización misma de la idea de justicia.
                Teniendo en cuenta lo anterior podemos avanzar un paso: la existencia de y el respeto a la ley impersonal es indisociable del concepto de honestidad, pues un hombre honesto es el que se somete a la igualdad de la ley por ser su contenido imparcial. 
                El sentido común, la honestidad intelectual, serían el resultado de admitir que las consecuencias de aplicar una ley impersonal son siempre justas, con independencia de que nos beneficien o no, pues los efectos de las mismas no dependen  de la voluntad de un grupo o de una oligarquía. 
               Sin embargo, cuando las leyes se hacen “a favor de”, el sentido común nos dice que cabe todo, incluida la deshonestidad, con tal de ser los beneficiarios de la ley “particular”, “especial” o  “personal”.
               Es así como la ley se convierte en intolerable, por injusta, para los no afortunados porque ¿cuál es el criterio de justicia por el que se premia a unos y a otros no?, ¿dónde se encuentra la razón del agravio comparativo?
             El político contemporáneo contestará a estas preguntas afirmando que la justicia del Estado son sus “buenas intenciones”. Y esas intenciones no son otras que acabar con el Mal, Dios sepa lo que esto fuere para cada aspirante a predicador.
                Acabáramos. Toda la legitimidad para el Estado porque sus temporales administradores con vocación de permanencia se sienten capaces de poner fin a nuestros nada originales pecados.
                 Veamos los resultados de tan benefactora pasión:
           a) Después de que Hobbes idease el Leviatán como remedio para desterrar la maldición del “homo homini lupus”, tres siglos más tarde idéntica maldición cabalga a lomos del Estado caníbal que acicatea la lucha de todos contra todos para conseguir sus favores.
             b) En un presunto sistema democrático donde la ley tiene la obligación constitucional de ser expresión de la supuesta voluntad general, aquélla se ha convertido en la resultante de las distintas presiones que recibe a diario la oligarquía que detenta el Poder.       
           Enhorabuena. Su bonhomía ha conseguido un Estado prehobessiano, un Estado arbitrario, un Estado caníbal, en suma.
             Si en algún momento de íntima franqueza los responsables intuyen que se han equivocado, no deberían dudarlo: lo han hecho sin reparar en gastos. 
                Quizás sean merecedores del perdón porque realmente “no saben lo que hacen”.
                Las leyes impersonales, sí.

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viernes, 19 de octubre de 2012

Nadie quiere igualdad ante la Ley. I



                 Uno de los principios jurídicos esenciales para el bien común es el de “igualdad ante la ley”.

                Su bien merecida fama se debe a que su estricta observancia asegura la libertad.  

                La libertad de todos no es un problema de ausencia de limitaciones a la voluntad individual, pues obedecer sólo a los dictados de cada uno es imposible en sociedad al exigir ésta para su supervivencia unas normas de obligado cumplimiento que impidan la guerra de todos contra todos.  

                No obstante, la obediencia a las leyes lo que provoca es la libertad del sujeto pasivo: le libra de la opresión de los otros y le garantiza su independencia, pues cumpliendo las leyes no tiene que obedecer a nadie más.
                Por tanto, la mayor seguridad de que dispone el hombre contra el despotismo de sus semejantes y contra la arbitrariedad de los poderes públicos es la ley que le prescribe las reglas que debe respetar. Haciéndolo, su horizonte es la libertad.
                De ahí el prestigio de la máxima jurídica “igualdad ante la ley”.

                Dejando sentado lo anterior, el hecho de que la aplicación de las leyes deba ser igual no nos ahorra el problema de determinar el contenido de esas leyes. 

                Si siempre resulta difícil encontrar qué leyes son las que preservan la libertad, no lo es en absoluto comprobar que las leyes que pretenden “hacer justicia” destruyen ¡tanta libertad!.
                Y la destruyen no sólo por el hecho de que pretenden beneficiar a uno a costa de otro, sino porque la razón de elegir al beneficiario se basa en última instancia en el banal motivo de su proximidad al benefactor, pues sólo se mejora al que tenemos delante, sólo se puede paliar el dolor de quien oímos su queja.

               ¿Pero acaso compensar al próximo es lo que exige el bien común?

          ¿Acaso mantener un centenar de puestos de trabajo subvencionados en una actividad industrial obsoleta no castiga el patrimonio de, al menos, otro ciento? ¿Si fuese justo el perjuicio de un ciento a costa de otro, cómo se mide, cómo se valora esa supuesta justicia?

               Lo que convierte en inaceptable la promoción expresa de determinadas personas y colectivos en detrimento de otros, es la evidencia de que la producción legislativa en pos de una determinada idea de justicia no conoce ni puede conocer si sus frutos se cifrarán en oros o en bastos para el común y su libertad.   
              En términos de la teoría de la acción racional diríamos que las leyes que se reclaman “justas” porque compensan supuestas desigualdades son incapaces de probar que cumplen el óptimo de Pareto, esto es, que mejoran al menos a una persona, sin perjudicar al resto.
                 Y ello se debe no tanto a la maldad intrínseca de la clase política que administra el Estado, sino a la limitación racional de cualquier hombre o conjunto de ellos, para manejar toda la información necesaria y calcular el coste o beneficio neto de las leyes dizque “justas”. 
           Ante esta dificultad insuperable la sabiduría aconseja prudencia. Sin embargo, el tratamiento consiste en tirar por la calle de en medio, o sea, beneficiar al más cercano, al más próximo al Poder por absurdos que resulten los elegidos.  

               Esta sencilla argumentación echa por tierra las ínfulas justicieras de nuestro Estado caníbal, pues cuanta más justicia pretende lograr más desafueros comete, cuanta más libertad afirma conseguir más coacción necesita aplicar.  
               
                Huelga decir que en este contrabando de valores entre justicia "a medida" e igualdad ante la ley, donde ésta última cede ante las exigencias de hacer "mi justicia" caiga quien caiga, la libertad termina apaleada, moribunda y sacrificada en el altar presidido por la consigna “dar a cada uno lo que le corresponde”, donde “lo que le corresponde” se sabe lo que es hoy pero no lo que será mañana.  

                En suma, sometidos al Estado caníbal disfrazado de forajido bienhechor, nadie quiere ser igual ante la ley, pues nuestro único anhelo es ser merecedores de los privilegios de las “Leyes Robin Hood”. 

                Dado que no hay legislación que nos defienda de la arbitrariedad del Poder, nos acercamos al Poder con la esperanza de ser los beneficiarios de su arbitrariedad, hoy denominada con el eufemismo  "soberanía de la voluntad popular”. 
                ¿Queda alguna posibilidad para los hombres libres?
                Sí, la defensa de la Ley impersonal, dicen que injusta por naturaleza al aplicarse a todos por igual. 

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