domingo, 29 de abril de 2012

El oxímoron esencial: impuestos voluntarios I.


      
    Todo el mundo critica el clientelismo político (concesión de prestaciones públicas a determinados grupos sociales a cambio de apoyo electoral).

     Cómo se eliminaría esa corrupción.

     No permitiendo votar a quien recibe las prestaciones ni a quien las otorga, -cabría responder-.

     Por qué no se hace. ¿Por el dogma "un hombre un voto"?.

     No. Simplemente porque TODOS los partidos basan sus esperanzas de alcanzar el Gobierno o renovar su mandato en el clientelismo político.

    Esta explicación que el sentido común nos ofrece de uno de los grandes latrocinios originados por el sistema de competencia electoral, nos permite entender también la pacífica existencia del Estado caníbal mientras expolia sin pudor las fuentes de la vida, las ubres de las que nació y de las que aún se alimenta. 

      Los únicos focos de resistencia al Poder subnormal, por antropófago, tienen su origen en los sectores de la población que pagan impuestos y/o que no reciben prestaciones.
     Por eso mismo el Estado caníbal busca incesantemente extender su clientela aumentando los colectivos que no tributan en el impuesto sobre la renta (las personas con ingresos exentos de pagar IRPF son cada vez más) y aquellos que reciben servicios públicos o prestaciones sociales por absurdos que sean (cómo olvidar el "teléfono de la esperanza" exclusivo para maltratadores con el fin de que se relajen antes de  golpear).
     Este es el anhelo de cualquier burocracia, tomar para redistribuir a troche y moche, puesto que si todos dependemos de ella o le debemos algo, una plácida longevidad será su único horizonte.   

     Es obvio que los pozos de los que tomar se acaban, pero el Estado caníbal no puede parar... de destruir, es su naturaleza, y para justificar la continuidad de la sisa utiliza su argumento más popular: el marxista de la lucha de clases o el socialdemócrata de la igualdad, pues tanto monta monta tanto Dº Marx como el compañero Fernando (Lasalle).   
     Y es que si los Diez Mandamientos no se pudieron resumir en menos de dos, al Estado caníbal le sobra con uno: "El rico es un ladrón y para acabar con él aquí estoy yo". 

     El lema queda desmentido una y otra vez, en primer lugar porque las fortunas saben refugiarse, y además  el Estado ofrece una amplia oferta de instrumentos que garantizan la inmunidad fiscal del verdaderamente rico (desde las puras y simples amnistías hasta regímenes especiales como las SICAV).

    No obstante, el berrido a lo "Robin Hood" del Estado Caníbal da por inaugurada la "guerra social" a mayor gloria suya, a mayor desgracia nuestra, pues ¿a quién le importan los privilegios que su Hacienda Pública ofrece a los opulentos invisibles cuando el mismo Fisco, agitando el resentimiento, promete ajustar las cuentas a nuestro odiado vecino porque se ha comprado un coche pagando en efectivo?.
    
    Parafraseando al Bartleby de Melville la respuesta al Estado sería simple: "preferiría que no lo hiciese".  
  Y sin solución de continuidad se debería organizar la cooperación interpersonal hasta lograr que, permítaseme el oxímoron, los impuestos sean voluntarios (donaciones vinculadas) y la redistribución estatal abandonada.

    Sin la violencia del Estado ¿quién va a pagar impuestos?, -me preguntan-.

    Algunos apuntes metodológicos nos ayudarán a comprender las condiciones bajo las cuales sería posible.

    a) Los agentes de los que reclamamos cooperación son racionales en sentido instrumental, esto es, sus acciones individuales cuentan con un conjunto dado de preferencias, y a tenor de las mismas buscan los medios adecuados para maximizar su beneficio, su propio interés (bien egoísta bien altruista o ambos a la vez).

    b) No se modificarán las preferencias de cada agente por hechos externos al asunto que en cada caso se plantee. Por tanto, las preferencias de cada sujeto no deben estar influidas por la coacción del Estado, pues si éste interviene no hay otra alternativa que el cumplimiento de lo que diga el Poder.  

    c) Para alcanzar la cooperación es importante el número de agentes que intervienen (siempre se necesita una "masa crítica" que esté interesada en proveer el bien público; cuanto menos sean, más fácil será eliminar o controlar "gorrones") y haberlo intentado muchas veces (elemento dinámico), pues la decisión de cada individuo respecto a si cooperar o no dependerá en gran medida de lo que hagan y/o lo que hayan hecho anteriormente los demás (elemento estratégico).

   d) La cooperación tendrá que tener como límite absoluto el respeto a la integridad y a la propiedad privada de los que deciden no contribuir. 

    Partiendo de estos supuestos concédanse unos días para pensar y descubrir qué bienes públicos (oferta conjunta e imposibilidad de exclusión, véase el alumbrado de las calles) hoy financiados con impuestos se podrían suministrar sin la intervención del Estado.

    Para practicar con el ejemplo empieza el bloguero: el actual servicio público de representación política (partidos), laboral (sindicatos) y religiosa (confesiones) puede ser sufragado íntegramente de forma voluntaria. Las posibilidades son casi infinitas y les invito a que compartan conmigo sus hallazgos.

    El esfuerzo que les pido no es un caprichoso pasatiempo sino una tabla de salvación, pues en pocos años el descrédito del sistema de competencia electoral socialdemócrata estará tan extendido entre la opinión pública que, o buscamos otras formas de gobierno (la generalización de territorios grandes y pequeños organizados a modo de paraísos fiscales es mi propuesta) o la civilización retrocederá siglos.


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viernes, 13 de abril de 2012

Por qué el paraíso fiscal es más justo que el Reino de España.


     Para Raimundo por sus sugerencias.

    El día en que el IBEX se hunde (-3,58%), la prima de riesgo está en niveles de rescate del país (el diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán se sitúa por encima de los 425 puntos) y el Gobierno presenta un Plan Antifraude dizque con el objetivo de "ganar equidad tributaria", echo mi cuarto a espadas para demostrar que el paraíso fiscal que propongo es más justo, muchísimo más legítimo, que el actual Reino de España.

      1. Nuestro Reino puede ser llamado el Mentiroso.

     El Ministro de Hacienda, señor Montoro, ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno advierte que aquellos que no se acojan a su plan de regularización se les perseguirá para siempre y con más determinación que ahora. 

       Pues bien, desde la Transición ha habido dos amnistías fiscales con anterioridad a la actual y las mismas se anunciaban con la misma promesa de ser la última. 
      La primera en 1984 con Boyer como Ministro de Economía de Felipe González. La amnistía se aplicó en el contexto de un endurecimiento de las leyes contra los evasores de impuestos.
      La segunda en 1991 con Solchaga como Ministro de Hacienda del mismo Presidente del Gobierno. De forma expresa se aseguró que no volvería a concederse otra amnistía de este tenor jamás.
       Las mismas bravuconadas, las mismas mentiras ayer que hoy.
      Vamos por la tercera, y habrá tantas como tenga a bien la autoridad incivil, ora con el PSOE ora con el PP. 


       2. Nuestro Reino se sabe ilegítimo. 

     La Exposición de Motivos VII del Real Decreto-ley 12/2012, el que perpetra la conocida como "amnistía fiscal", dice que "se considera importante favorecer que los obligados tributarios puedan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias regularizando también situaciones pasadas, siguiendo en esta línea la norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación o, en su caso, antes de la interposición de denuncia o querella".  

       Esto supone una excusa absolutoria, es decir, no se impone pena a la comisión de dos delitos: 

    a) El de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal (el que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito). 

       b) El delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del mismo Código (el que por acción u omisión defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales será reo de delito fiscal si la cuantía de la cuota defraudada excede de 120.000 euros en cada periodo impositivo o de declaración).

     Con esta excusa absolutoria el Reino es tan consciente de su carácter ruin, malvado, al estar dispuesto a aceptar incluso el dinero procedente de la droga y de distintos terrores; que no se atreve a llamar por su nombre a la amnistía y la denomina "programa temporal para incentivar la declaración de activos no declarados".

      Me atrevo a decir que además de por motivos recaudatorios y de exoneración penal, la medida se decreta por necesidades psicológicas puesto que el Estado, convencido de su naturaleza caníbal, intenta lavar su mala conciencia otorgando de manera periódica amnistías fiscales. En este sentido el Real Decreto-ley 12/2012 es lo que Freud caracterizó como un "acto fallido", manifestar una intención (recaudar) que se revela subordinada respecto a la voluntad auténtica (hacerse perdonar ante contribuyentes privilegiados). 
     
  
       3. El Reino español es desigual: fuerte con el débil, débil con el fuerte.

      El artículo 31 de la Constitución declara que todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo inspirado en el principio de igualdad.

       La realidad, burlesca, es exactamente la contraria. Gracias al referido Real Decreto-ley, el que no pagó sus impuestos en tiempo y forma estará libre de responsabilidad fiscal y penal abonando un tipo de gravamen del 10% para las rentas no declaradas, sin tener que pagar intereses de demora ni sanciones, con independencia de que los tipos impositivos aplicables en su día fueran mayores. 

     Por tanto, mientras esté vigente la citada norma (hasta el 30 de Noviembre de 2012), todo aquel que pechó más del 10% de tipo impositivo tiene derecho moral y amparo legal en el artículo 31 de la Constitución para reclamar que se le devuelva lo indebidamente liquidado.  

     Basta ya. No es necesario continuar, aunque los ejemplos de iniquidad abundan (uno absolutamente hiriente por desvergonzado es la tributación al 1% de las grandes fortunas acogidas al régimen SICAV, mientras el tipo marginal del impuesto sobre la renta de las personas físicas alcanza el 51%).  

       Si la lectura les ha llevado hasta aquí y siguen ustedes creyendo que el Reino de España es más justo, más combativo contra el delito y más legítimo que cualquier paraíso fiscal, este hecho sólo se puede deber a que el hombre es un ser cuyos órganos sensoriales están adaptados de forma selectiva sólo para aceptar y reforzar el “statu quo”. 


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      Apunte para distraídos.
    Quiero dejar claro que no propongo una Hacienda con más capacidad recaudatoria. Ni que se castigue hasta el fin de los tiempos a aquellos que pusieron su patrimonio a salvo del Estado Caníbal.
     Lo que intento es contribuir al ocaso del canibalismo estatal para que nadie tenga que huir de sus garras, para  que los impuestos sean voluntarios, sí voluntarios (Peter Sloterdijk, "Por qué, si tengo razón", número 45 de "Die Zeit", como uno de tantos argumentos de autoridad) y para que, en última instancia, sea restituido a los pagadores de impuestos el dinero expoliado por el Estado caníbal.   
    Y para lograrlo la alternativa es el paraíso fiscal en los términos ya expresados en anteriores entradas del blog.  
     Un paraíso fiscal sometido al imperio de una única Ley, la que garantice el respeto a la libertad y a la hacienda de todos y de cada uno.
     Algo sólo en apariencia imposible. 

@elunicparaiso
        

domingo, 1 de abril de 2012

La Gran Coalición II.


 
          

           El resultado de las elecciones autonómicas andaluzas del pasado día 25 de Marzo ha constituido una prueba de que la competencia electoral en un sistema político  como el nuestro es una partida del juego “del gallina” (ver la entrada “La Gran Coalición I”).
             Perdió “el gallina”. Ganó el que estaba, el que está dispuesto a suicidarse gastando sin medida con tal de ganar apoyos entre un censo electoral subyugado por todo tipo de miedos. Huelgan los nombres.

            Ahora bien, lo que jamás pensé es que el vaticinio con el que concluí la anterior entrada (una Gran Coalición  sustituirá a Rajoy en las próximas elecciones generales para desactivar el juego “del gallina”) se viera ratificado con indicios tan sólidos pasados sólo unos días.

        Primero fue Arenas y su propuesta de “pacto de legislatura” con el PSOE ante la “tormenta demagógica” que anuncia el Frente Popular PSOE-IU.
            Luego la principal dirigente de UPyD, Rosa Díez, haciendo llamamientos explícitos a “gobiernos de concentración” tanto en Andalucía como en Asturias.
            Ante el fracaso de su intento en el Principado, su diputado por esta Comunidad manifestó que ello supone “una mala noticia para Asturias y para España”, al tiempo que considera que se ha desperdiciado “una oportunidad histórica de lanzar un signo al conjunto del país”. Es decir, los reformistas de UPyD, la minoría de la que quizá dependa la gobernabilidad del sistema, apuestan por la Gran Coalición como alternativa ideal.

            A pesar de estos datos uno de mis más admirados pensadores políticos rechaza la probabilidad que auguro porque considera que quien ostenta el poder no lo comparte.

            Sin embargo, las peculiaridades españolas desmienten a mi interlocutor.  Me propongo explicar el porqué.

            “Prima facie”, una Gran Coalición es una de las salidas previstas cuando se produce un bloqueo institucional. El caso reciente más famoso le encontramos en Alemania, donde el empate en las elecciones de 2005 entre la CDU de Merkel y los socialdemócratas de Schroeder, dieron lugar a la “Grosse Koalition” de los dos partidos.

            Sin embargo, en España tenemos la singularidad de coaliciones de poder sin bloqueo institucional: los pactos de todos los Gobiernos centrales con los nacionalistas. Quizás el supuesto más extraño fue el que tuvo lugar en la segunda legislatura del Gobierno Zapatero (2008-2011) donde teniendo mayoría absoluta en las Cortes Generales y mayoría absoluta en el Gobierno autonómico catalán (tripartito) pactaba todo con CiU en el Congreso.   
            Pero si aquél momento representa el paroxismo del fenómeno que estamos analizando, con el Gobierno de mayoría absoluta de Rajoy ocurre exactamente lo mismo, pues éste mantiene con los nacionalistas catalanes una coalición que no trata de ocultar. 

            Este hecho se produce porque la estrategia de los dos grandes partidos españoles en sus tratos con las minorías regionalistas se resume en sus intentos (frustrados) por evitar que la competencia política no cooperativa del juego “del gallina” dirija las relaciones mutuas. 

            Los Gobiernos centrales creen que los nacionalistas les plantearán en algún momento la partida definitiva del juego “del gallina” (la independencia), y su forma de tratar esa circunstancia que consideran ineluctable es retrasar ese momento, evitar que la última partida se juegue, pues si ocurriese hoy no sabrían  cómo responder, si asumir los riesgos del abismo (defender hasta el final la unidad de la nación) o dejar que caigan al precipicio (permitir la secesión).

            Piensan que sólo neutralizando los efectos disolventes del juego “del gallina”  (“dos no discuten si uno no quiere”, que diría el refranero popular) podrán retrasar el momento decisivo.
           Y con ese fin no tienen reparo en otorgarles todo el poder en sus territorios y ofrecerles participación en las decisiones políticas del Gobierno, esto es, no se opone competencia política sino que se ofrecen “pactos de gobernabilidad”.
            Pero la sabiduría popular desconoce las reglas de la política, pues en éste ámbito ocurre todo lo contrario de lo que afirma el adagio: basta con que sólo uno quiera discutir para que la pelea dé comienzo, y el camorrista que la inicia lleva todas las de ganar si la otra parte huye.

            En resumen, ante las constantes partidas del juego “del gallina” que el nacionalismo periférico plantea al Gobierno, éste responde compartiendo el poder y no jugando como táctica para evitar la convocatoria de una última partida que se disputaría en términos amigo-enemigo. 
            El balance de la relación de fuerzas no deja lugar a dudas: el Poder abandonado por el Gobierno en su permanente retirada, es recogido por los nacionalistas. O lo que es igual, el intento de neutralizar el juego “del gallina” no jugando, no evita que los nacionalistas planteen el juego y le ganen partida tras partida por incomparecencia de la otra parte.

        El rechazo de todos los Gobiernos a jugar la partida que les proponen, que en esencia supondría darles la oportunidad de que demuestren que están dispuestos a despeñarse por el barranco, se debe además de porque nunca han sabido cómo actuar (ir hasta el final o ceder), a otro motivo no menos importante.
       
        Sin la garantía de que el principal partido de la oposición va a adoptar una actitud cooperativa con el Gobierno, dure lo que dure el juego, éste estaría perdido de antemano y el Gobierno de turno herido de muerte por su falta de poder y autoridad.
      Si frente al envite nacionalista un eventual órdago del Gobierno no está refrendado por la oposición, el nacionalismo sólo tendría que apoyar a la oposición y esperar a que gobierne para que su apuesta triunfe.

         El drama reside en que aun otorgando la oposición garantías, cualquier Gobierno desconfiaría de ellas,  pues no podría obviar que ante la posibilidad de que el socio nacionalista le otorgue a la oposición el Gobierno del Estado, ésta no tendría incentivos para conceder al Gobierno "carta blanca" con el fin de que disputase de tú a tú una partida del juego "del gallina" con los nacionalistas, sobre todo cuando el riesgo de que éstos desaparezcan una vez concluido el juego es algo más que una mera suposición.
      Y es que al fin y a la postre no es racional -pensarán los gurús respectivos del márketing electoral- malgastar un potencial aliado en las repetidas partidas del juego "del gallina" que PP y PSOE mantienen entre sí.

       Servidumbres de la competencia política que llegado el momento hará inevitable la Gran Coalición para contrarrestarla.  


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